Los obispos preparan un «otoño caliente» contra el Gobierno por la reforma educativa

La Confederación Católica de Padres de Alumnos y de Familia, punta de lanza de la ofensiva

“Otoño caliente", "contundente respuesta", "manifestación general". Éstas son las intenciones de la Confederación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa) para la vuelta de vacaciones: oponerse, con gran aparato, contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en julio por el Consejo de Ministros y que tramitarán las Cortes entre septiembre y diciembre. La confederación será esta vez la punta de lanza del episcopado, que ve en esa reforma un ataque a los acuerdos de 1979 entre España y el Estado vaticano e incluso un peligro para "la calidad de la democracia".

El ariete de la jerarquía católica contra la nueva reforma educativa del PSOE será la Concapa, una poderosa confederación de asociaciones católicas fundada en 1929. Ya lo fue en 1983, contra la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), cuando sacó a la calle en Madrid a medio millón de manifestantes, liderados por su presidenta de entonces, Carmen de Alvear. Y lo será, de nuevo, contra la LOE (Ley Orgánica de Educación), aprobada por el Gobierno el pasado 23 de julio y que el Congreso tramitará en septiembre. Meses atrás, la confederación utilizó su compleja organización, presente en cada provincia, para recoger tres millones de firmas, según sus datos, con el fin de exigir una rectificación al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Concapa manifiesta que, dado el proverbial talante de nuestro presidente y de la ministra de Educación -que no han tenido en cuenta ni los más de tres millones de firmas, ni la opinión del Consejo Escolar del Estado ni el dictamen del Consejo de Estado-, todo tipo de acciones son legítimas para modificar este proyecto, que atenta contra la libertad de enseñanza, el derecho a la libre elección de centro y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme con sus convicciones", escribió el pasado 27 de julio Luis Carbonel Pintanel, su presidente nacional, en una "carta abierta" a la ministra de Educación.

La tesis de Carbonel es que la LOE "supone un retroceso para la libertad y es propia de una dictadura porque está más preocupada del adoctrinamiento que de la educación". "Es la norma educativa más mediocre y menos consensuada de toda la democracia. Esto es especialmente grave porque afecta a la formación de nuestros hijos, algo con lo que no permitimos que ni la ministra de Educación ni el presidente de Gobierno jueguen o hagan experimentos. Ni Zapatero ni la ministra pueden educar a mis hijos como ellos quieran", añade.

El Foro de la Familia
Los obispos no acudieron a la manifestación contra la LODE, hace 30 años. Es más, se esforzaron desde la Conferencia Episcopal en dejar claro que, aunque rechazaban el contenido de la primera ley educativa del Gobierno de Felipe González, no era su estilo expresarse en manifestaciones callejeras. Sin embargo, el 18 de junio pasado, una veintena de prelados, liderados por el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, participó en la marcha sobre Madrid organizada por el Foro Español de la Familia contra la reforma del Código Civil que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En realidad, la Concapa y el Foro de la Familia son la misma cosa. Mejor dicho, la Concapa es una de las muchas organizaciones católicas que el 23 de julio en 1999 crearon en Santiago de Compostela "una plataforma familiar tal y como existen en otros países europeos", es decir, "un foro civil, no confesional, que aglutinará al mayor número posible de organizaciones de familia". Junto a la Concapa están en el Foro de la Familia la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros de Enseñanza (FAPACE), la Federación Española de Asociaciones Pro-Vida (FEAPV), la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y la Fundación Hogar y Familia, hasta sumar varios cientos de asociaciones de obediencia católica.

Además de preparar "un otoño caliente", según Luis Carbonel, la Concapa va a pedir "próximamente" la dimisión de la ministra de Educación, María Jesús San Segundo. Son puntos de lo que el dirigente de la confederación llama una "contundente respuesta" a la aprobación de la reforma educativa por el Consejo de Ministros. Aparte del contenido de la LOE, ha irritado sobremanera a los dirigentes de la confederación la "soberbia y prepotencia" del presidente del Gobierno -"no se ha dignado recibir a miembros de la Concapa", lamenta Carbonel-; y la indiferencia de la ministra, porque sólo les ha recibido una vez, "pese a los más de tres millones de firmas entregados por la confederación el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, pidiendo, entre otras cosas, que la asignatura de religión sea equiparable por completo a cualquier otra y tenga una alternativa con el mismo peso académico".

El "otoño caliente" anunciado por Carbonel irá más allá de la clásica "manifestación en Madrid". A la espera de que se sumen "muchos otros agentes educativos", la Concapa tiene la intención de demostrar, por otros medios y a nivel nacional, "el malestar social contra la ley menos consensuada democráticamente".

De momento, los obispos no han comprometido un apoyo expreso a lo que la Concapa califica como "manifestación general", pero sí han expresado su disgusto con la reforma socialista e, incluso, con la forma en que ha sido aprobada por el Ejecutivo.

"El proyecto es responsabilidad exclusiva del Gobierno, no ha habido diálogo ni negociación alguna respecto del mismo", dijo el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, tras conocer el acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de julio pasado. Añadió, con evidente enojo: "Este procedimiento no es respetuoso con los usos habituales en materias afectadas por tratados internacionales". Por último, Martínez Camino llamó "a padres, profesores, alumnos, instituciones católicas y a la sociedad en general, a una reflexión profunda y a poner el máximo empeño en la defensa de un marco legal que permita la educación integral de niños y jóvenes en un contexto de justicia y libertad".

'Cruzada' sin fin

Las presiones desde la calle han acompañado en España todas las reformas educativas, aún antes de la Institución Libre de Enseñanza y de que el asesinado José Canalejas intentase poner coto a la hegemonía religiosa con la llamada ley del candado, de 1910. En la transición -tras la muerte del dictador Franco, en 1975-, las revueltas buscaron presionar a los redactores de la Constitución, con cardenales clamando por el voto en contra en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 -el primado de Toledo, Marcelo González, a la cabeza- y la Concapa promoviendo una cadena de movilizaciones, culminadas el 3 de julio anterior en Madrid bajo el lema Libertad de enseñanza para todos. Aquel día se desarrolló, también en Madrid, una manifestación de "homenaje a la bandera", convocada por Falange Española.

La Concapa volvió a la calle contra el Gobierno centrista de Adolfo Suárez, cuya Ley de Estatuto de Centros acumuló también huelgas y marchas a cargo del movimiento sindical y de partidos de izquierda.

Sin embargo, el punto culminante de la cruzada contrarreformista se centró en parar las reformas educativas de Felipe González, cuyo primer ministro de Educación, José María Maravall, terminó dimitiendo víctima de las persistentes revueltas. En las movilizaciones contra la LODE no llegaron a participar obispos, pero era frecuente ver manifestándose con pancartas a monjas con hábito preconciliar, sacerdotes del Opus Dei y dirigentes del imponente conglomerado de colegios religiosos, con su presidente, el agustino Ángel Martínez Fuertes, a la cabeza. El Grupo Popular, liderado por Fraga, presentó en el Senado contra la LODE un veto a la totalidad y 4.246 enmiendas parciales, lo nunca visto en el parlamentarismo.Sobre el éxito de aquellas movilizaciones se produjo la misma guerra de cifras que hoy: a la más imponente, el 18 de noviembre de 1984, "asistieron 250.000 personas según el Gobierno civil, 400.000 según estimaciones policiales y 1.200.000 según los organizadores".

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