Los obispos plantan cara al Gobierno Zapatero

La llaman la ley «de la falsa moneda» y le dedican todas las descalificaciones posibles. Ya desde el mismo título de su documento, los obispos consideran que, ante una ley «radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio», a los católicos sólo les cabe la objeción de conciencia.
 

 Los políticos, votando en contra del proyecto de ley del matrimonio homosexual en el Senado. Y los simples fieles, oponiéndose a ella «de forma clara e incisiva».

   Porque, para la Iglesia católica, es el compendio de todos los males. Y los obispos españoles lo han dejado patente, cuando afirman que es su deber «hablar con claridad cuando en España se pretende liderar un retroceso en el camino de la civilización con una disposición legal sin precedentes y gravemente lesiva de derechos fundamentales del matrimonio y de la familia».

   La nota difundida por el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, señala que la reforma promovida por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "corrompe la institución del matrimonio y es tan dañina para el bien común comol o es la moneda falsa para la economía de un país".

   Sin separarse ni un milímetro de la línea marcada de forma explícita por el Vaticano hace ya un par de semanas, la nueva cúpula del episcopado español, presidida por Ricardo Blázquez, reiteró y subrayó ayer el derecho de los servidores públicos a acogerse a la objeción de conciencia en el caso de tener que participar en la celebración de una boda gay.

   La Conferencia Episcopal también recuerda a los políticos católicos que «no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva». «No podrán votar a favor de esa norma -subrayó- y, en aplicación de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. El ordenamiento democrático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad de conciencia y garantizar su ejercicio».

   Hacía tiempo que la Conferencia Episcopal no arremetía con descalificaciones de tan grueso calibre contra una ley civil aprobada por el Congreso y que está siendo tramitada actualmente por el Senado. Una batería de descalificaciones sólo comparables a las que, en su día, lanzó contra la ley del aborto.
   Los obispos están que trinan. De hecho, han roto uno de los principios de la estrategia comunicativa acuñada por su secretario, el padre Juan Antonio Martínez Camino, que consistía en no responder a las iniciativas del Gobierno hasta que estuviesen aprobadas y fuesen a entrar en vigor. A la gravedad del asunto hay que añadir las claras «indicaciones» del Vaticano. Sobre todo por medio del prefecto del Pontificio Consejo de la Familia, el cardenal López Trujillo.

   El Episcopado español avala y «bendice» todos los argumentos utilizados durante estos días por el purpurado colombiano desde Roma. En primer lugar, los prelados españoles aseguran que la ley pretende «regular civilmente el matrimonio de una manera desconocida hasta ahora para la Humanidad».
   Y eso significa, según los obispos, que «el matrimonio deje de ser la indisoluble unión de vida y de amor de un hombre y una mujer, abierta a la procreación, para convertirse en un contrato sin referencia alguna a la diferencia de sexos e incapaz, por tanto», de «procrear y educar a los hijos».
   Si «el Parlamento se muestra dispuesto a aprobar esta nueva definición legal del matrimonio», caería en «una flagrante negación de los datos antropológicos fundamentales». Y por eso, los obispos salen en defensa del «verdadero matrimonio» y del «evangelio de la familia y de la vida».
   Recuerdan los prelados dos cosas. Primero, que la ley que se pretende aprobar «carecería propiamente del carácter de una verdadera ley» porque atenta contra «la recta razón y contra la norma moral».Y, por lo tanto, «no obliga en conciencia». Y en segundo lugar, que, ante esta ley injusta, los católicos no pueden mostrarse «complacientes», sino que «han de oponerse a ella de forma clara e incisiva». Y para no dejar lugar a dudas, la Conferencia Episcopal advierte a los políticos católicos de que «no podrán votar a favor de esta norma» en su tramitación parlamentaria en el Senado.
   Además, explican a los católicos que, «ante la aplicación de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia».Y exigen al Estado y al ordenamiento democrático que «respete este derecho fundamental de la libertad de conciencia y que garantice su ejercicio».
   ¿Llamamiento a la desobediencia civil? Si no lo es, lo parece.Y es que tanto el Vaticano como la jerarquía española están profundamente indignados con esta iniciativa legal del Partido Socialista.Primero, por lo que representa de «bofetada» a la otrora católica España. Y, sobre todo, porque temen el efecto contagio o el efecto imitación.

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