Los obispos piden la abolición de la ley del aborto y animan a manifestarse

El secretario general de la Conferencia Episcopal considera que el Rey podrá comulgar aunque rubrique la norma. «Es un acto distinto al de los diputados, dando su voto», señala

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, pidió ayer que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que el pasado miércoles fue aprobada definitivamente en el Senado, sea "abolida cuanto antes". Martínez Camino aseguró, además, que la firma del Rey en la ley no tiene la misma consideración moral que el voto a favor de un parlamentario. 

El secretario general de la Conferencia Episcopal señaló que la Iglesia "da la bienvenida" y "va a apoyar" cualquier movilización en favor de la vida y contra esta ley como las que se van a celebrar el próximo 7 de marzo en Madrid y Bilbao. "Cada vez hay más conciencia social", agregó. 

"Todo lo que se haga para mantener la conciencia de lo que está en juego, que es el derecho a la vida de los inocentes y débiles que van a nacer, es bienvenido hágalo quien lo haga", señaló Martínez Camino, quien añadió que la Iglesia "va a seguir dando voz a los que no tienen voz y va a apoyar y dar la bienvenida a todos los movimientos que van en esta dirección". 

En cuanto a si la firma del Rey en la ley provocaría que el monarca no pudiese comulgar, doctrina que sí se aplicaría a los políticos que den su voto a la ley, Camino señaló que la situación de don Juan Carlos es "única" y, por ello, "tiene consideraciones diversas". "No es el mismo acto; el del Rey es único y muy distinto al de un político que da su voto a esta ley pudiendo no darlo", agregó. 

Martínez Camino recalcó que la Conferencia Episcopal no tiene un juicio sobre el acto del monarca y reiteró que "es distinto y con una cualificación moral distinta a la de los parlamentarios que dan su sí o su no a una ley". 

Sobre la ley, dijo que es "un grave retroceso en la protección del derecho inviolable a la vida" y que "deja a la mujer sola". Con todo, calificó el aborto como "drama y crimen" y anunció que el próximo 25 de marzo la Iglesia va a realizar una campaña para concienciar a la sociedad. 

"No ayuda a la mujer a llevar adelante su maternidad, sino que la deja sola ante sus dificultades", denunció, al tiempo que lamentó "la instrumentalización del sistema educativo y las restricción a la objeción de conciencia de los profesionales". 

En este sentido, señaló que la Iglesia "no dejará sola a las mujeres". "Encontrarán en la comunidad católica el lugar de la misericordia y el consuelo", añadió. 

Según Martínez Camino, uno de los aspectos "más preocupantes" de la nueva ley es "la instrumentalización de la educación al servicio de la ideología abortista". "La educación encaminada al oscurecimiento de la conciencia acerca del derecho inviolable a la vida de los que van a nacer", dijo, al tiempo que calificó esta realidad de "triste perspectiva". 

Tras decir que el aborto "es un drama que clama al cielo", el secretario general de la Conferencia Episcopal recalcó "la voluntad de la Iglesia católica de seguir defendiendo el derecho de los que van a nacer y ofrecer alternativas al crimen del aborto". 

En la misma línea, el presidente emérito del Consejo Pontificio de Pastoral Sanitaria del Vaticano, el cardenal Javier Lozano Barragán, calificó ayer la nueva ley española del aborto como una "antiley", ya que una norma que "ha sido concebida para matar no puede ser considerada una ley". 

Barragán consideró que, en realidad, "toda ley del aborto es una antiley" ya que "cualquier aborto es un asesinato infame" y, por lo tanto, cualquier norma que lo legalice se convierte en un "atentado contra la vida humana". 

"La moralidad está más allá del consenso social, se basa en valores objetivos, tal y como es el del derecho a la vida, que no es un valor negociable y, por lo tanto, no puede ser sometido a votación", agregó. 

Por su parte, la organización Derecho a Vivir aseguró ayer que no parará hasta que la ley del aborto sea derogada y sus promotores "lo paguen democráticamente en las urnas". 

La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, señaló en una nota que no parará hasta conseguir que el PSOE y los demás partidos que han apoyado esta norma "lo paguen en las urnas y quienes vengan a gobernar después la deroguen".

El Partido Popular confirmó ayer que ya está elaborando el texto jurídico de recurso ante el Tribunal Constitucional a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada de forma definitiva el pasado miércoles en el Senado, y que lo presentará "unas semanas después" de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Según aseguró uno de los ponentes de la norma, el diputado popular Santiago Cervera, el PP recurrirá la ley "unas semanas después" de que se publique en el BOE, algo que ocurrirá en los próximos días. 

Cervera indicó que la Asesoría Jurídica del Grupo Popular ya está preparando la fundamentación y argumentación jurídica de la postura del PP, que considera que la norma es "inconstitucional atendiendo a la doctrina del propio Tribunal". 

En este sentido, el portavoz popular destacó que la sentencia de este órgano sobre el aborto, publicada el 11 de abril de 1985, "es muy clara" y fija de manera precisa que "el nasciturus es un bien jurídico que se debe proteger", algo que la nueva ley del Gobierno "no cumple porque no respeta la vida". 

Cervera recalcó que el Tribunal Constitucional "no establece la prevalencia de la madre sobre la viabilidad de la vida". "La sentencia fijaba uno límites claros y esos límites han sido traspasados por el Gobierno, por eso vamos a presentar el recurso", argumentó. 

En la elaboración del texto están trabajando, además de Santiago Cervera, el portavoz de Justicia, Federico Trillo; la portavoz de Igualdad, Sandra Moneo; el portavoz de Sanidad, Mario Mingo; y el diputado Eugenio Nasarre, entre otros. 

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