Los obispos piden diálogo al Gobierno para la reforma educativa, las exenciones del IBI o las inmatriculaciones

La Iglesia española está dispuesta a dialogar con el Gobierno socialista sobre la reforma educativa, la retirada de la exención del IBI y las inmatriculaciones de sus bienes. «Estamos dispuestos a todos los diálogos del mundo», aseveró este viernes el nuevo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo Luis Argüello García.

A una semana de la primera reunión con la ministra Isabel Celaá para abordar la reforma de la Lomce, el obispo auxiliar de Valladolid pidió «diálogo y pacto educativo», dos consignas que, según subrayó, el propio Gobierno del PSOE reclamó «mientras estuvo en la oposición».

Para facilitar el acuerdo, el prelado recordó que «el corazón del pacto educativo» se encuentra desde hace 40 años en el artículo 27 de la Constitución. «Queremos que se respete eso para que la sociedad pueda superar la tensión de un cambio educativo cada vez que cambia el Gobierno», advirtió.

El obispo auxiliar de Valladolid también puso sobre la mesa que la preocupación de los obispos no se centra solo en la asignatura de Religión y en la escuela concertada. «Nos preocupa la educación en toda su dimensión. Nos preocupa también la escuela pública porque el objetivo de la educación es formar la mente, el corazón y las manos de los ciudadanos», indicó. Entre esos retos pendientes del sistema educativo, el prelado subrayó, por ejemplo, la importancia que debe darse a las Humanidades, entre ellas, la filosofía, la educación artística y estética y la formación en los valores y las virtudes. «El estudio de la Religión es algo de verdadera importancia dentro de una formación humanística integral», aseveró.

Durante la rueda de prensa para dar cuenta sobre los trabajos de la Asamblea Plenaria, el nuevo portavoz también se refirió a la comisión creada por el Gobierno para revisar la exención del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a las instituciones eclesiales. Según recordó esta subvención indirecta «afecta también a otra entidades y organizaciones que no son la Iglesia» y cuyas actividades a favor de la sociedad y el bien común son posibles gracias a estos beneficios fiscales. Por ello, indicó que antes de retirar estas subvenciones, el Gobierno debería valorar si la labor que realiza la Iglesia y demás organizaciones «tienen verdaderamente un valor para la sociedad» como para beneficiarse de la exención del IBI.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, también presente en la comparecencia ante los medios, añadió que la exención del IBI «no es un problema de la Iglesia sino de todas las organizaciones incluidas en la Ley de Mecenazgo», la norma que regula este beneficio fiscal.

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