La Conferencia Episcopal Española (CEE) censuró ayer en un documento el anteproyecto de ley de reforma del aborto elaborado por el Gobierno y en espera de ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Parlamento.
Los obispos intentan con esta declaración "concienciar" a los católicos para que se opongan a una ley que "no cura", sino que "mata" y, además, constituye un "serio retroceso" respecto a la actual legislación despenalizadora.
"Ningún católico coherente con su fe podrá aprobar ni dar su voto a una ley que atenta contra la vida de seres indefensos", afirmó el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino.
Y añadió. "No sólo los católicos deben oponerse a esta ley, también deben hacerlo todas las personas que se rijan por los justos imperativos de la razón".
A juicio de los obispos, el aspecto más "sombrío" del anteproyecto es el de asociar el aborto con un derecho que habría de ser protegido por el Estado.
"He ahí una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo el texto", dice el documento.
Excomunión inmediata
"El anteproyecto establece un primer plazo de 14 semanas dentro del cual la voluntad de la madre se convierte en árbitro absoluto de la vida o la muerte del hijo que lleva en sus entrañas.
Sin embargo, el derecho a la vida no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo y éste tiene siempre la obligación de tutelarlo". El comunicado subraya que el derecho a vivir "no está a disposición de nadie, no puede ser violado por ningún ciudadano ni por el Estado". Se trata de un derecho que pertenece "al patrimonio común de la razón humana".
Los obispos lamentan la indefensión en la que quedarían los profesionales sanitarios que quisieran ejercer su derecho a la objeción de conciencia, una objeción que -recordó Martínez Camino- "está amparada por la Constitución". En este sentido, advirtió de la "excomunión inmediata y automática a quienes practiquen y participen directamente en un aborto". Es decir, la mujer y los médicos que en ese momento estén en el quirófano. "Habría que estudiar caso por caso; pero si el marido lo supiera y lo consintiera, también quedaría excomulgado". El documento aplaude "el valor mostrado por tantos ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su vocación y al verdadero sentido de su trabajo, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas marginaciones".
