La jerarquía católica se “olvida” del pingüe negocio que ha hecho a la sombra del PP en el poder
La jerarquía católica en España defiende que la exención respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la que se beneficia “no es un privilegio fiscal” y que la modificación de este tratamiento por ley es algo que corresponde sólo al Parlamento, por lo que los ayuntamientos y comunidades autónomas que quieren cambiar esta situación no pueden hacerlo.
Soria decidió cobrar el IBI a la Iglesia
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, se ha expresado en estos términos al ser preguntado por los medios de comunicación durante la rueda de prensa en la que ha presentado la “Memoria justificativa de actividades” de dicha organización correspondiente al año 2011. Sus declaraciones llegan después de que el Ayuntamiento de Soria iniciara esta semana la tramitación para cobrar el IBI en dieciocho edificios inscritos a nombre de la Iglesia que hasta la fecha figuraban exentos de esa tasa.
El acuerdo entre el Estado español y el Vaticano sobre Asuntos Económicos, suscrito en 1979, establece exenciones para los templos y capillas destinados al culto y sus dependencias y locales pastorales, residencia de obispos, canónigos, sacerdotes y locales destinados a oficinas parroquiales y curia diocesana, así como los seminarios y casas o conventos de órdenes y congregaciones.
Es “incorrecto” hablar de privilegio
En opinión del representante de la jerarquía católica española, la Iglesia no recibe “ningún” tratamiento diferente al de una fundación o al de cualquier entidad inscrita en la Ley de Mecenazgo, por lo que, ha añadido, que hablar de un “privilegio fiscal” de la Iglesia es jurídicamente “incorrecto”.
Un pingüe negocio inmobiliario
Lo cierto es que la Iglesia católica española tiene más que privilegios, y no sólo en lo que concierte al IBI; ha podido engordar, sobre todo, a la sombra de la derecha en el poder, su patrimonio de una manera escandalosa. Todo un boom inmobiliario que le ha permitido, en consecuencia, llenar sus arcas.
La reforma de Aznar
En 1998, el Gobierno de José María Aznar llevó a cabo una reforma de la Ley Hipotecaria que propició a los obispos inscribir propiedades y lugares de culto que no estaban registradas hasta ese momento. Nada más y nada menos que 4.500 propiedades, según fuentes de los registrados de la propiedad recogidos por el diario El País. Uno de los casos más llamativos de esas propiedades fue la mezquita de Córdoba, por la que la Iglesia pagó ¡30 euros!
Los obispos reciben cada año más de un millón de visitantes en la mezquita y cobra por cada entrada 8 euros. Además de que este monumento está exento de pago de impuesto, el Estado cubre los gastos de restauración.
“Hay que ayudar a la Iglesia”
Parte de esas propiedades que la Iglesia registró a su nombre le ha valido a la jerarquía eclesiástica para hacer negocio, ya que vendió algunas de ellas, consiguiendo sus oportunos beneficios.
Con el PP en el Gobierno, la Iglesia está confiada en que su situación de privilegio no cambiará. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, uno de los recambios políticos del PP, dejó clara la postura del partido respecto a la jerarquía católica al rechazar que se le cobre impuestos, porque, según dijo, “ahora hay que ayudarla”.
El alcalde socialista en Soria
En Soria, el alcalde socialista Carlos Martínez ha desafiado el poder de los obispos al decidir cobrar el IBI a los edificios de la iglesia. El gobierno local defiende que es justo que “todos cumplan con sus obligaciones como ya están haciendo todos los vecinos de Soria”.
Un asunto moral, más que fiscal
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal ha pretendido restar viabilidad a la iniciativa de Soria, al afirmar que la eliminación de la exención sólo puede llegar de parte del Parlamento. Defendió que “es incorrecto” hablar de “privilegio fiscal”. Tal vez ha llegado el momento de hablar del aspecto moral.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal. EFE/Archivo
