Los datos aportados por los registros a instancias del Parlamento foral elevan la cifra a 2.518 y eso solo hasta 1998
Navarra ya tiene su listado completo de inmatriculaciones efectuadas por los obispos desde 1931 hasta 1998 y suman un total de 2.518 bienes de toda clase, huertos, jardines, casas, iglesias, catedrales, incluso ruinas. Los datos los han entregado los registradores de la propiedad a instancias del Parlamento foral, que así lo pidió al Gobierno de la comunidad. El documento es confuso, porque algunos registros incluyen más de una propiedad, otros mencionan un solar pero no se especifica que sobre él hay una casa construida y algunas dependencias anexas, por ejemplo.
No todas las oficinas de la propiedad han entregado notas simples, en las que se detallan estos elementos. En muchos casos solo se menciona un huerto en el pueblo de Araiz o un casa en Baztán, pero sin especificar dónde. Como buscar una aguja en un pajar. A partir de todo esto, cabe inferir que el enorme listado que maneja el Gobierno con datos de toda España será un galimatías similar.
Pero algo de luz arroja todo esto, si Navarra puede servir como muestra. Antes de 1998, la Iglesia puso a su nombre, sobre todo, bienes rústicos (49,8%) o urbanos (43,7%). Pero llama la atención que un 5% corresponde a lugares de culto, algo ilegal porque en el franquismo y parte de la democracia estuvo prohibido inmatricular templos. A pesar de eso, los obispos lo hicieron. Aznar quiso que, a partir de 1998 lo siguieran haciendo pero dentro de la legalidad y amplió el privilegio de la Iglesia: los obispos podían ya poner a su nombre cualquier propiedad que nunca antes hubiera estado registrada sin entregar un solo papel. Bastaba con su palabra.
Así era en el nacionalcatolicismo y así ha seguido siendo hasta 2015, cuando se derogó esa norma. Ya era tarde para miles de Ayuntamientos y particulares que un día y otro, por casualidad en muchos casos, descubrían como una plaza, una fuente, un campo de cereal, un frontón o un cementerio que sabían de propiedad pública había pasado a manos de la Iglesia por arte de birlibirloque. “Y desconocemos, quizá para siempre, cuántos bienes de los que se apropiaron se han vendido ya”, dice el portavoz de la plataforma ciudadana de Navarra, pionera en la denuncia de este “expolio”, Andrés Valentín.
Carrera por los templos
En fin, que tras 1998, empezó la gran carrera por hacerse con los templos de culto. Hasta 2007, cuando se para la información recopilada en Navarra, el 79,6% de los registros que los obispos solicitaron fueron ermitas, iglesias, catedrales, atrios. Así en Navarra como en el resto de España, donde aún se desconocen las cifras completas. Entre esas fechas, el cómputo de la comunidad foral arroja las siguientes cifras: 1.560 bienes civiles y 938 templos. Las asociaciones ciudadanas que luchan por la recuperación de este inmenso patrimonio repiten siempre que una cosa es destinar a uso religioso un edificio y otra muy diferente es hacerse con la propiedad del mismo. Pero aunque los obispos pretenden que las iglesias son suyas, además se han inmatriculado miles de propiedades que nada tienen que ver con la religión. Ni con donaciones, que ese es otro capítulo.
“En Navarra nos queda ahora por conocer lo inmatriculado entre 2007 y 2015. Pero hemos de recordar que esto no es un problema de esta comunidad, sino a nivel estatal y que se trata de un asunto jurídico y patrimonial, que nada tiene que ver con motivaciones religiosas”, dice Valentín. Sospechan, además, que buena parte de los bienes rústicos inmatriculados pueden ser fincas comunales, por tanto “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, pero saben que el camino para revertir “la voracidad inmobiliaria” de la jerarquía católica será largo y difícil. “Por eso nuestra petición al Gobierno es que todo lo inmatriculado a partir de 1978 se declare, en bloque, nulo por inconstitucionalidad sobrevenida”. Además, solicitan que el Estado les proporcione el listado completo desde el origen hasta la derogación de la ley en 2015. “Y que lo hagan con notas simples, para conocer cada propiedad y su ubicación”, añade Valentín.
“La coordinadora Recuperando [que agrupa a todas las plataformas del país] solicita, de nuevo, una entrevista con la vicepresidenta del Gobierno. Ya se la pedimos tras su reunión en el Vaticano y nos respondieron amablemente que nuestros planteamientos se tomarían en consideración. Pero qué mejor forma de hacerlo que conociéndolos de primera mano mediante una reunión”, sugiere el portavoz navarro.
LA IGLESIA DEVUELVE ALGUNAS PROPIEDADES
San Juan de los Panetes, una iglesia monumental de Zaragoza, ha sido uno de los casos emblemáticos en el litigio entre la diócesis zaragozana y los vecinos a cuenta de las inmatriculaciones. Porque este templo ya pertenecía al Ministerio de Cultura en 1933, cuando se declaró bien de interés cultural y a pesar de ello, un registrador de la propiedad, en 1989, consintió en ponerla a nombre del obispado, algo doblemente ilegal: no se puede inmatricular lo que ya está registrado y además, los obispos no podían utilizar ese privilegio franquista sobre los templos de culto hasta 1998 en que se les autorizó por ley. Después de muchos tiras y afloja por parte del Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) contra la jerarquía eclesiástica, el registro ha sido anulado y el conjunto monumental vuelve a estar a nombre del Ministerio de Cultura.
No es el único caso. En Cataluña, Joan Casajoana confirma que la pequeña ermita de Sant Jaume del Clot del Grau ha sido devuelta a la familia que es su propietaria desde hace siglos. “Hemos encontrado papeles de 1688 en los que la Iglesia requiere a los dueños, bajo amenaza de excomunión, que adecenten la ermita con todos sus ornamentos. Otro documento de 1808 les reclama algo parecido, para que puedan dar misa, y esta vez no se dirige a ellos como protectores del templo, sino directamente como dueños”. Estas pequeñas iglesias eran muy comunes en las casas de labor de Cataluña siglos atrás, explica Casajoana, que se dedica a revisar lo inmatriculado, porque él mismo es uno de los afectados por un caso similar a este de la familia Grau.
Jorge García, de la plataforma aragonesa MHUEL, también integrada en la coordinadora Recuperando, dice que es posible que la Iglesia devuelva algunos de los casos más sangrantes, aquellos de los que se tiene documentación fidedigna sobre la propiedad, por ejemplo. La vicepresidenta, Carmen Calvo, nos ha dicho que están manteniendo reuniones bilaterales con la Iglesia. No sabemos qué se está negociando. Con nosotros no se ha reunido, a pesar de que se lo hemos pedido”, dice.
