Los servicios jurídicos de la CEE están estudiando la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE acerca de “ayudas estatales prohibidas” en forma de exenciones fiscales a la Iglesia. En una nota, el Episcopado ha anunciado que, en todo caso, respetará “el ordenamiento jurídico vigente”.
La Conferencia Episcopal Española ha señalado que ha tenido conocimiento del fallo a través de los medios de comunicación y de la pagina web correspondiente.
“Se trata de una solicitud de exención del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras realizada por un colegio perteneciente a la Congregación de Escuela Pías en relación con las obras efectuadas en su salón de actos”, ha recordado la CEE en relación a la cuestión prejudicial planteada ante la UE por un Juzgado de lo Contencioso administrativo de Madrid.
“En su día el colegio desistió de su petición y se produjo el abono efectivo del impuesto correspondiente“, ha subrayado la CEE. Los obispos han añadido que, “dada la complejidad de la temática”, sus servicios jurídicos están estudiando el tema.
Por su parte, Escuelas Católicas ha afirmado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que niega la exención del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la Iglesia Católica, si las actividades ejercidas tienen naturaleza económica, supone una “dificultad añadida” para que los centros educativos concertados acometan las “necesarias” reformas en sus instalaciones.
Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el secretario regional de esta patronal educativa, Emilio Díaz, que ha aclarado que el fallo judicial “se limita a este impuesto” en concreto y que “no es extrapolable” a otros como el del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
También ha señalado que el ICIO se trata de una tasa “controvertida”, a cuya exención ya no se acogía la mayoría de centros educativos concertados porque la Agencia Tributaria la denegaba casi de forma sistemática.
“El ICIO es un impuesto muy residual, con una legislación compleja y contradictoria y daba pie a directrices contrapuestas”, ha explicado Díaz para añadir que la sentencia del TUE “clarifica algo que no lo estaba” y que, ante esta decisión, los centros concertados católicos no tienen “nada que objetar”.
Sin embargo, ha indicado que los colegios, muchos de ellos muy antiguos, tienen que realizar obras de rehabilitación o ampliación para cubrir las necesidades educativas y logísticas y que el hecho de que el TUE les niegue la posibilidad de solicitar la exención del ICIO, aunque ya lo hiciera Hacienda, “podría hacer inviable el mantenimiento de estos centros”.
Finalmente, Europa Laica ha considerado “un poco ambigua” la sentencia del TJUE, pero cree que es una “buena noticia” que se abra el debate en el marco europeo. Así, Francisco Delgado ha subrayado que es “interesante” que el tribunal europeo perciba la “competencia desleal” que supone que las corporaciones religiosas puedan prescindir del pago de Impuestos sobre Bienes e Inmuebles (IBI) o de obras.
Para Delgado, lo más “trascendente” es que este órgano llegue a exigir que las relaciones entre estados e iglesias -a las que cataloga de entidades privadas-, sigan las pautas de la economía de libre mercado europeo, según las cuales esas corporaciones no podrían tener acceso a “todo tipo de privilegios”.
En esta línea, ha denunciado los “negocios” que maneja la Iglesia Católica en España y que, a su juicio, suponen una competencia “desleal” en el marco privado empresarial y mercantil, debido a la “preferencia” que reciben por parte del Estado.
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