La Conferencia Episcopal «intensificará» en los próximos días sus críticas contra la reforma educativa, especialmente hacia la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
El Comité Ejecutivo, reunido ayer en Madrid, dedicó buena parte de su tiempo a debatir sobre la «línea a seguir» frente a la implantación de esta materia, según informaron a este diario fuentes oficiales del Episcopado.
La tesis mayoritaria en dicho Comité se ha inclinado por «hacer patente el profundo desacuerdo» con el Gobierno socialista acerca de la definitiva regulación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Religión, así como el malestar provocado por la falta de receptividad del Ministerio de Educación acerca del futuro de los docentes de esta materia.
«Dura nota» a finales de mes
Dicho malestar se hará patente en una «dura nota» que verá la luz tras la Comisión Permanente, que reunirá a los principales prelados de la Iglesia española a finales de este mes en Madrid, según informaron fuentes episcopales, quienes indicaron que, para esa fecha, los obispos ya dispondrán de «todos los textos de la LOE».
Las mismas fuentes no descartaron que el Episcopado «valore positivamente, incluso anime» la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante esta norma, así como la objeción de conciencia de los padres frente a lo que la Casa de la Iglesia denomina «inaceptable intromisión del Estado» en la educación moral, que «compete a las familias».
La educación es, junto al «impacto del laicismo», el problema más importante que habrán de afrontar durante 2007 los obispos españoles. Así, desde comienzos de año se han producido una serie de intervenciones públicas, en las que destacados responsables del Episcopado han apuntado la «hoja de ruta» ante «este nuevo desafío». El primero en hacerlo fue el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, quien el pasado 30 de enero alertó contra el «laicismo radical» que se encerraba tras la ley de Educación. Y el pasado sábado, el vicepresidente del Episcopado, Antonio Cañizares, denunciaba que «Educación para la Ciudadanía es terriblemente mala porque distorsiona la verdad del hombre».
Además, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, asegura que «la intromisión» del Estado en la educación «no cabe en un Estado democrático». Martínez Camino muestra sus «serias dudas» sobre si los contenidos de Educación para la Ciudadanía son constitucionales, y añade que en la Ley Orgánica de Educación (LOE) la clase de Religión es optativa, mientras que la nueva materia es obligatoria, lo que supone, en su opinión, «un indicio grave de que eso no es correcto», según explicó en una conferencia impartida en la Fundación Universitaria Española.
