Los obispos, dispuestos a abordar con el Gobierno una nueva fiscalidad para la Iglesia y las polémicas inmatriculaciones

La última reunión entre Carmen Calvo y el cardenal Omella supone un acercamiento a la posibilidad de acuerdos en materia fiscal, solidaria y de protección a la infancia, aunque la educación y la eutanasia, puntos de posible conflicto

Los obispos están dispuestos a llegar a acuerdos con el Gobierno acerca de una nueva fiscalidad de la Iglesia, y de revisar aquellas inmatriculaciones que pudieran resultar conflictivas o con visos de ilegalidad. Esta es una de las primeras conclusiones de la nueva etapa en las relaciones entre la Conferencia Episcopal y el Ejecutivo después de la ‘fructífera’ reunión que mantuvieron la semana pasada, durante más de dos horas, el cardenal Omella y la vicepresidenta Carmen Calvo.

Un encuentro que, según confirman a eldiario.es ambas partes, estuvo marcado por la «cordialidad» y la «cercanía», y en el que se pusieron las bases para un diálogo «sincero y coordinado» en torno a cuatro grandes ejes. Después de la primera reunión entre los máximos responsables de las negociaciones Iglesia católica-Gobierno, los interlocutores del día a día, encargados de convocar a la Comisión Mixta, serán el secretario general de la CEE, Luis Argüello, y el subsecretario de Vicepresidencia, Antonio Hidalgo.

La voluntad de diálogo es amplia por ambas partes, que han pasado en pocos meses del silencio y el malestar tras la polémica por la exhumación de Franco (con las extemporáneas declaraciones del anterior Nuncio, Renzo Fratini, que fueron duramente contestadas por Calvo), a la cordialidad de las reuniones tanto con el nuevo representante papal, Bernardito Auza como, especialmente, con Juan José Omella. Y es que el nuevo presidente del Episcopado desea mantener una relación fluida y «tender puentes» con las administraciones, como ha demostrado la CEE durante la pandemia, con las consabidas excepciones del obispo Reig y una decena de curas díscolos.

La eutanasia, fuera de la negociación

¿Cuáles serán los bloques de la negociación? Fundamentalmente cuatro, pues el Gobierno ha dejado claro a la Iglesia que la cuestión de la eutanasia no forma parte del ‘corpus’ de los Acuerdos –además, la ley ya está tramitándose en el Congreso– y el Episcopado será crítico con esa norma. Se espera que en la próxima reunión de la Comisión Permanente de la CEE pueda haber incluso una nota sobre el tema.

Salvando este punto, el diálogo más complicado es el que se atisba en Educación, en plena tramitación de la LOMLOE, que ha sido duramente criticada por obispos y por los colegios católicos, al considerar que margina la clase de Religión y no defiende los intereses de la concertada. Ambos puntos (libertad educativa y Religión) sí forman parte de los Acuerdos Iglesia-Estado, pero hoy por hoy los puntos de partida están muy lejanos.

En lo que tiene que ver con la fiscalidad, la voluntad de la Iglesia es la de llegar a acuerdos, y no se opondrá a las reformas que vengan del Ejecutivo, especialmente en este momento de crisis postpandemia. Omella sí ha dejado claro que apostarán por la ‘igualdad de trato’, recordando que, en opinión de la Iglesia, todos los privilegios fiscales se encuentran recogidos en la Ley de Fundaciones. Los obispos no se oponen a modificaciones, siempre que éstas también afecten a otras religiones, fundaciones, partidos políticos o sindicatos.

Respecto a las inmatriculaciones, la Iglesia analizará el informe del Colegio de Registradores, y se ha mostrado dispuesta a reparar posibles infracciones de la ley o adjudicaciones con visos de ilegalidad, lo que ya es un avance con anteriores etapas.

En lo que sí parece que hay total acuerdo es en la defensa de los derechos de los menores y la lucha contra la pederastia, incluido en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia que se está tramitando, y en la que todo parece indicar que se incluirá expresamente los ámbitos eclesiásticos, tal y como ya se hace con los familiares, educativos o deportivos.

Finalmente, el Gobierno escuchará a las entidades sociales de la Iglesia, especialmente Cáritas, en sus reivindicaciones para paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia, una cuestión que preocupa especialmente al cardenal Omella. «No queremos dejar a nadie atrás», recalcaba esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal.

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