En una nota aseguran: “Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida no deben ser obedecidas”
La Conferencia Episcopal Española (CEE) cree que el proyecto de ley de muerte digna podría suponer "una legalización encubierta de prácticas eutanásicas". Además, piensa que "no tutela bien el derecho constitucional de libertad religiosa".
La reunión de la Comisión Permanente de la CEE emitió una declaración sobre "el proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida" —la conocida como ley de muerte digna—, en el que advierte de que la legalización "expresa o encubierta" es inaceptable y crearía una "intolerable presión social" sobre ancianos, discapacitados o incapacitados. También cree que conduciría "a verdaderos homicidios".
En el documento, los obispos advierten de que "las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas", ya que ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban.
El documento también subraya que con este análisis la CEE no está tratando de "imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social", y que lo que advierte es de que "las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas", sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana.
"Las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas"
Concretamente, el secretario general y portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, señaló en rueda de prensa que la norma no es una "ley justa" y que, por tanto, "no obligaría a su cumplimiento si no se modifica". En este sentido, aseguró que esto no quiere decir que la Iglesia Católica rechace la democracia sino que "justamente" la "está ejerciendo de manera fundamental".
Además, advirtió de que no debería haber prisa en regular un asunto de "tal trascendencia". Además, en el texto, piden que se reconozca y garantice el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios que se vean implicados en "situaciones que conlleven ataques legales a la vida humana". Rechaza que "desaparezca el criterio de la lex artis o buena práctica médica como límite a la absoluta autonomía del paciente terminal".
Abandono terapéutico
Según la CEE, entre las conductas "eutanásicas" que se "legalizarían" con esta normativa estaría la "sedación inadecuada" cuya aplicación, según explican los obispos, debería depender del "juicio médico y no de la voluntad del paciente", un punto que, a su parecer no queda claro en el texto, pues incluye este tratamiento como un derecho del paciente.
Igualmente, consideran que la normativa también podría favorecer el abandono terapéutico y la omisión de los cuidados debidos, al establecer la norma la realización de actuaciones sanitarias que garanticen el "debido cuidado" del enfermo y no especificar en ese concepto aspectos como la alimentación e hidratación del mismo.
Las declaraciones de Rouco
Por otra parte, en la declaración, los miembros del Episcopado aseguran que en el proyecto de ley está "maltratado" el derecho de libertad religiosa que "ni siquiera se menciona". En su lugar, según indican los prelados, el texto legal formula "un nuevo derecho al acompañamiento dentro del cual incluye una asistencia espiritual o religiosa de la que se dice que los pacientes tendrán derecho a recibir si ellos se la procuran".
"Rouco nunca pronunció un juicio definitivo sino primero sobre la ley"
Sin embargo, Camino precisó que se ha producido un cambio "positivo" entre el anteproyecto y el proyecto de ley: en el primero "ni siquiera se decía que los pacientes tenían derecho a una asistencia espiritual" mientras que en el segundo sí se reconoce. Además, Martínez Camino advirtió de que el proyecto tampoco alude a los Acuerdos internacionales o convenios firmados con la Iglesia Católica ni con el resto de confesiones.
En cuanto a las declaraciones hechas hace unas semanas por el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la CEE, Antonio María Rouco Varela, sobre que el anteproyecto de ley "no parecía de eutanasia", Martínez Camino defendió que "nunca pronunció un juicio definitivo sino primero" y basado en un estudio que se estaba realizando y que ha dado lugar al documento que se ha presentado este lunes.
En todo caso, aclaró que en esta declaración tampoco se afirma que se trate de una ley de eutanasia sino que de lo que se advierte es de que "abre la puerta a prácticas" de este tipo y de que supone "un retroceso en los derechos de la persona".
