Los obispos cargan contra la iniciativa para legalizar los vientres de alquiler

El portavoz de la Conferencia Episcopal asegura que los seres humanos «no son reses que se reproducen»

Las personas «no son cosas que se producen». Con estas palabras, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, expresó ayer su rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular que promueve un grupo reducido de personas y que busca la legalización de los vientres de alquiler. Para Martínez Camino, la llamada gestación subrogada atenta contra la dignidad humana, por cuanto las personas «se convocan a la existencia» a través de la «unión personal del padre y la madre».
 
En España los vientres de alquiler están prohibidos. Ello no ha impedido a algunos famosos, como Miguel Bosé, tener dos hijos gracias este procedimiento en el extranjero. A esta opción también han recurrido la baronesa Thyssen, Ricky Martin, Elton John o Sarah Jessica Parker. Pese que en España la ley no permite que una mujer engendre a un niño que se entrega después a otra pareja, sí que se pueden inscribir a los hijos en el Registro Civil. Ahora la cuestión de la maternidad subrogada vuelve a ser noticia porque una decena de personas en Lugo están recogiendo firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de que cambie la ley. La idea, lógicamente, no gusta a los prelados. «Producir seres humanos es injusto porque los seres humanos no son objeto de producción, no son cosas que se producen ni reses que se reproducen, sino personas que se convocan a la existencia en el ámbito de la unión personal del padre y de la madre», destacó Martínez Camino.
 
El portavoz de la jerarquía eclesiástica se congratuló de que en España esté prohibida esta práctica, que supone una «fragmentación de la maternidad».
 
El grupo que promueve la ILP quiere que la maternidad subrogada deje de ser una vía a la que acuden personas adineradas. No es una opción a la que pueda recurrir todo el mundo, pues alquilar un útero en EE UU puede costar 100.000 dólares, de los cuales entre 25.000 y 30.000 van a parar a la madre. El resto va dirigido a pagar el seguro médico de la gestante, los gatos de fertilización, la gestión del abogado y de la agencia que concierta el trato.
 
Las dificultades para adoptar un bebé en España o la existencia de problemas de fertilidad empujan a algunos españoles a buscar la solución de los vientres de alquiler, un modo de maternidad que es completamente legal en la India, ciertos estados de EE UU o Ucrania. Algunos matrimonios homosexuales acuden a esta alternativa, una vía cada vez más frecuentada por este tipo de uniones, según las organizaciones de gais y lesbianas.
 
Existen dos formas de subrogación: la tradicional, que se produce cuando la madre de alquiler aporta su propio óvulo, y la gestacional, que acontece cuando recibe un embrión sin relación genética con ella. A juicio de los expertos en bioética de la Iglesia, todo ello entraña problemas jurídicos, dado que si la madre donante del óvulo y que luego recibe al niño es distinta de la que lo gesta es difícil atribuir a quién corresponden los derechos que comporta la maternidad.

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