La Conferencia Episcopal Española (CEE) dijo ayer a sus fieles que debían manifestarse contra la reforma del aborto el 17 de octubre en Madrid, una protesta que la cúpula eclesiástica considera «legítima y conveniente», pero no explicó si esa conveniencia se aplicaba también a los propios obispos. En principio no, porque de otra forma Juan Antonio Martínez Camino habría dicho que allí estarían, como estuvieron 19 de ellos en la marcha contra las bodas gais del 2005. En cambio, el secretario general y portavoz del episcopado optó por la evasiva: «No hay indicaciones [de la CEE a los prelados] –dijo–. Ya veremos si yo voy. Uno tiene sus obligaciones, sus compromisos…»
En su nota, la CEE, cuya relación con el Gobierno socialista es ahora mejor que hace unos años, solo habla de los «fieles laicos», quienes «responden adecuadamente al desafío planteado haciendo uso de su derecho a manifestarse para expresar su desacuerdo con la ley proyectada, que supone un retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y un daño irreparable para el bien común». La marcha contra la reforma del aborto, cuyo proyecto de ley fue aprobado el sábado por el Consejo de Ministros, también tiene el apoyo del PP.
