Los obispos admiten que haya «indulgencia» para los etarras que abandonen la violencia

La Conferencia Episcopal descarta que los terroristas puedan ser «interlocutores políticos» y reclama autonomía y libertad para los jueces La asamblea de los prelados no se pronuncia sobre la unidad de España y reconoce la «legitimidad» de las posiciones nacionalistas más moderadas Fernández de la Vega sostiene que en nueve meses de alto el fuego es difícil acabar con una dinámica de 40 años de atentados

Los obispos admiten «alguna medida de indulgencia» para los terroristas siempre y cuando renuncien «definitivamente» a la violencia. Así lo expresó el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, durante la presentación de la instrucción pastoral 'Orientaciones morales ante la situación de España'.

Martínez Camino leyó el párrafo del documento en el que se alude a la posibilidad de conceder medidas de gracia a los terroristas: «Una sociedad madura, y más si está animada por un espíritu cristiano, podría adoptar en algunos casos alguna medida de indulgencia que facilitara el fin de la violencia, pero nada de esto se puede ni se debe hacer sin que los terroristas renuncien definitivamente a utilizar la violencia y el terror como instrumento de presión».

El portavoz de la CEE pidió que no se saque de contexto esta frase, pues «surge como colofón de dos páginas donde se habla de terrorismo». En ellas se subraya que es «objetivamente ilícita» cualquier colaboración con los terroristas, así como con quienes los apoyan, encubren o respaldan. Los obispos precisan que «una sociedad que quiere ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político».

Los prelados no se olvidan de las víctimas de ETA y hacen constar en su instrucción su «afecto, respeto y solidaridad, extensible a sus familiares, amigos y personas que han sufrido directa o indirectamente el terrorismo».

El documento pastoral, cuyo texto definitivo se conocerá la semana próxima («nos falta poner bien las comas», sonrió Martínez Camino), exige el «recto funcionamiento» de las distintas instituciones democráticas. «Resulta especialmente importante que se respete escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces; esta autonomía debería estar custodiada desde la misma designación o elección de los cargos dentro de la institución judicial».

«Antigua unidad»

Sobre la unidad de España, Martínez Caminó aseguró que la Conferencia Episcopal «nunca se ha planteado la necesidad de definir este término». La Iglesia habla de «una antigua unidad histórica, espiritual y cultural de todos los pueblos de España», unidad que ha de ser tratada «con unos criterios de moralidad que afectan a las actuaciones de las personas, no de las cosas», matizó el portavoz de la CEE.

El documento es muy crítico con el laicismo y la Ley de la Memoria Histórica. «El laicismo radical y excluyente, impulsado por algunos sectores, está en la base de algunas legislaciones -promovidas recientemente en España- que deterioran gravemente el bien común de una sociedad formada en buena parte por católicos», se lamentan los obispos. Y agregan: «Estamos invadidos por un modo de vida donde la referencia a Dios es considerada como algo negativo; hay un relativismo moral que pretende engrandecer al hombre, colocándolo en el centro de todo, y termina por reducirlo a un mero fruto del azar, a algo impersonal, efímero e irracional».

La pastoral advierte del peligro que conllevan los recuerdos y la memoria «selectiva». «Quedan desconfianzas y reivindicaciones pendientes, pero todos debemos procurar que no se deterioren ni se dilapiden los bienes alcanzados en los últimos años de la vida de nuestro país», dice el texto. «Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y distensión vuelve a hallarse dividida y enfrentada». Por ello «no conviene abrir viejas heridas de la Guerra Civil y avivar sentimientos que parecían estar superados».

Oscurecimiento de la fe

En el documento no está ausente la autocrítica: «La falta de clarividencia y de vida santa entre los católicos ha contribuido al oscurecimiento de la fe y al desarrollo de la indiferencia y del agnosticismo teórico». Tampoco una referencia a los nacionalismos: «La Iglesia reconoce la legitimidad de las posiciones nacionalistas, siempre que, como todo proyecto político justo, se justifiquen en referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada».

La instrucción pastoral 'Orientaciones morales ante la situación actual de España', presentada ayer, fue aprobada el pasado jueves por 63 votos a favor, seis en contra, tres abstenciones y un voto nulo. El texto consta de tres grandes capítulos: 'Una situación nueva: fuerte oleada de laicismo', 'Responsabilidad de la Iglesia y de los cristianos' y 'Discernimiento y orientaciones morales'. Cada uno de ellos se subdivide en varios apartados. El Gobierno no tira la toalla y, aunque reconoce que el proceso para lograr el final del terrorismo está estancando, se niega a considerar las posibilidades de una ruptura. «El proceso sigue abierto, pero es evidente que no hay avances», admitió la vicepresidenta primera. Una parálisis en la que el Ejecutivo dice no tener ninguna responsabilidad y se la achaca a ETA porque persiste en no renunciar a la violencia con acciones como el robo de pistolas en Francia.

María Teresa Fernández de la Vega salió al paso de la rumorología sobre una inminente ruptura del alto el fuego, y afirmó que el proceso abierto con la declaración de ETA del 22 de marzo sigue su curso pese a que no se han registrado progresos. Una fase, dijo la vicepresidenta, que se va a mantener porque el Gobierno no va a dar ningún paso mientras persista la violencia. «Si hay violencia, no hay diálogo», y «robar pistolas es violencia», advirtió.

Consecuencias

A este respecto señaló que las anunciadas «consecuencias» del hurto de armas en Francia por parte de los terroristas «se están viendo ya» con la investigación de los hechos, la determinación de la autoría y el intento de detención de los culpables.

La portavoz gubernamental señaló que el momento que atraviesa el proceso demuestra que el Ejecutivo no estaba descaminado cuando decía que iba a ser «largo, duro y difícil». De la Vega atribuyó estas dificultades a que no es sencillo para ETA terminar en «nueve meses» con una dinámica de «40 años de terror».

La vicepresidenta indicó que, a pesar de las dificultades, el Ejecutivo no se va a quedar cruzado de brazos y va «trabajar sin descanso» para que «las cosas mejoren». Y lo hará «con absoluta responsabilidad, rigor, en el marco de la ley y con las reglas que se han marcado». Fuentes gubernamentales señalaron además que el estancamiento es «la mejor prueba» de que, en contra de lo que dice el PP, no ha habido cesiones a ETA ni a Batasuna.

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