El gerente del Episcopado, Fernando Barriocanal, admite que este impago “es una financiación indirecta que hace el Estado”
Hasta ahora justificaban que era un privilegio de muchas fundaciones. La exención afecta a todos sus inmuebles, no solo los religiosos
La Iglesia sostiene que su presupuesto anual apenas llega a los 870 millones de euros. Otros informes aseguran que recibe hasta 11.000 millones al año
¿Cuál es la foto de la Iglesia española? ¿Cuánto dinero reciben del Estado y en qué lo invierten? ¿Financia el Estado a la Iglesia, o es ésta la que ahorra dinero a las arcas públicas? Las dudas saltan cada vez que, con motivo de la campaña de la Renta, la Conferencia Episcopal presenta su campaña “Xtantos” (con un coste de tres millones de euros) y su memoria de actividades, esta vez validada por Price Waterhouse.
Unas dudas alimentadas por los datos presentados por la Conferencia Episcopal, marcadamente partidarios, pues en ellos se mezclan las cifras “oficiales” (datos de diócesis y Conferencia Episcopal) con la actividad educativa, sanitaria o socio-caritativa que llevan a cabo congregaciones religiosas u ONG, cuya financiación no tiene nada que ver con la famosa casilla de la Renta.
Así las cosas, el gerente del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, aseguró que los 249 millones de euros que la Iglesia recibe a través de la famosa casilla (una prerrogativa exclusiva de la Iglesia católica, a la que no pueden tener acceso, pese a solicitarlo, otras confesiones, como las comunidades evangélicas) de la Renta apenas suponen el 23% del “presupuesto” de la Iglesia de nuestro país.
“No existe un presupuesto de la Iglesia como tal”, intentó explicar Barriocanal, quien sí reconoció que la estimación rondaría los 870 millones de euros, de los que un tercio vendría de las aportaciones voluntarias de los fieles. La asignación tributaria, pues, “es relativamente importante”. En todo caso, Giménez Barriocanal intentó dejar claro que “el sostenimiento de la Iglesia en España depende exclusivamente de los católicos y de aquellos que reconocen su labor con sus aportaciones materiales o a través de la Renta”.
11.000 millones de euros anuales
Algo extraño, toda vez que las cifras oficiales aclaran que, en virtud de distintos conceptos, las administraciones públicas aportan a la Iglesia en España alrededor de 11.000 millones de euros al año. ¿Dónde está la trampa? En considerar que “Iglesia en España” sólo son los 69 Obispados, y no la financiación de las congregaciones, colegios y hospitales religiosos, ONG o templos… cuyos datos, sin embargo, sí son utilizados en la “Memoria de Actividades”.
En dicho informe, se subraya entre otras cuestiones, que los colegios religiosos ahorran al Estado alrededor de 2.850 millones de euros; que el trabajo social que realizan voluntarios y trabajadores en instituciones de la Iglesia suponen otros 2.038 millones “si se contrataran en el mercado”; o que el impacto total generado por las catedrales católicas al Producto Interior Bruto asciende a 411 millones de euros.
Nada se dice de la financiación pública a la conservación de las catedrales y templos de interés turístico (cuya gestión, y beneficios, corresponden a la Iglesia), la financiación de los hospitales, capellanes en prisiones o en el ejército; o los distintos conciertos educativos, que van desde la financiación de miles de colegios y universidades católicas al pago de 16.000 profesores de Religión en la escuela pública.
“No es un tratamiento especial”
Tampoco se habla de la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (el famoso IBI) que, en contra de lo que en multitud de ocasiones se ha asegurado desde la Conferencia Episcopal, no se rige por la ley de Fundaciones, sino por los Acuerdos Iglesia-Estado. La CEE ha tenido que admitir que los privilegios de la Iglesia en este campo no la equiparan, como se decía hasta la fecha, con las fundaciones, ONG o clubes de fútbol, sino única y exclusivamente con otras confesiones religiosas con acuerdos vinculantes con el Estado -judíos, evangélicos y musulmanes-. Esto es: la exención está blindada por los Acuerdos Iglesia-Estado, afecta a todos los edificios (religiosos o no) y por primera vez admiten que es una financiación indirecta del Estado.
“No es un tratamiento especial para la Iglesia católica”, intentó explicar Barriocanal, quien no supo establecer una valoración de cuánto supondría para la Iglesia tener que abonar este impuesto. “¿Vamos a calcular el IBI de la catedral de Burgos, si es un bien inajenable? ¿Vamos a cobrar el IBI a los 8.400 centros donde la Iglesia trabaja para los demás?
Si algún día se decidiera, se pagaría, porque esos centros no están vinculados a los Acuerdos Iglesia-Estado, y tendríamos menos recursos”. En todo caso, el gerente del Episcopado subrayó que “la cifra sería muy importante”, y tuvo que reconocer que esta exención “es una contribución, una financiación indirecta que hace el Estado” a la institución. Otra más.
