Los musulmanes también piden financiación pública

IU, ICV y ERC critican el acuerdo económico con la Iglesia católica

Al día siguiente de que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunciase el acuerdo de financiación entre el Estado y la Conferencia Episcopal Española, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary, aseguró que las confesiones minoritarias españoles deberían abrir conversaciones con el Ejecutivo español para conseguir un trato equivalente que acabe con la "discriminación" y el "agravio comparativo con la Iglesia católica".
A partir del año próximo, la Iglesia católica dejará de tener garantizados unos ingresos mínimos procedentes de los Presupuestos Generales y solo recibirá un porcentaje de las declaraciones de renta de los contribuyentes que decidan apoyarla económicamente. Sin embargo, esta aportación pasará del 0,52% de la cuota íntegra del impuesto al 0,7%. Así, en primera instancia la financiación de las diócesis se incrementará en unos 31 millones de euros, aunque el aumento de ingresos será menor porque se suprimirán las exenciones de IVA. En un futuro, esta cantidad crecerá o disminuirá en función del número de ciudadanos que elijan destinar parte de sus impuestos a la Iglesia o a otros fines de interés social.

DESCONTENTO
Las críticas a este acuerdo llegaron ayer desde las filas de Izquierda Unida, Iniciativa-Verds y Esquerra Republicana. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, lamentó "profundamente" que el Gobierno español dé "un trato preferente" a la Iglesia y "ponga impedimentos para aumentar la aportación de los contribuyentes al 0,7% del IRPF para las ONG". El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno de haber adoptado una solución "hipócrita", ya que "lo que se quita en el presupuesto, se da con creces en el IRPF". De este modo, según Llamazares, "el laicismo y la aconfesionalidad salen perjudicados" al mantenerse una relación de privilegio de dudosa constitucionalidad. El presidente de ICV, Joan Saura, reclamó que las confesiones religiosas se autofinancien, y rechazó la fórmula de la cesión voluntaria de parte del IRPF porque supone supone "quitar recursos de todos para financiar a la Iglesia".

VÁZQUEZ SE FELICITA
Por su parte, el embajador de España ante el Vaticano, el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, afirmó ayer que el acuerdo de financiación demuestra que se ha superado la "etapa de desconfianza" que existía entre el Gobierno socialista y los obispos.
Según Vázquez, era necesario cerrar el pacto entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española antes de que los Presupuestos Generales del Estado entraran en las Cortes, "para evitar así un debate innecesario". El embajador sostuvo que ha aportado un "granito de arena" a la mejora de relaciones y defendió que las actividades de la Iglesia sean sostenidas mayoritariamente por los creyentes, "pero también por el conjunto del Estado" ya que, en su opinión, "la Iglesia no es solo la fe de miles de españoles, sino uno de los pilares de nuestra forma de ser, de nuestra condición de españoles".

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