Los muchos rabos del diablo

La Iglesia ya combatió en 1870 la legalización de todo matrimonio civil, tachándolo de «inmoral concubinato y escandaloso incesto»

"El matrimonio civil no será jamás otra cosa que un inmoral concubinato o un escandaloso incesto". Esto dijeron los 41 obispos españoles cuando en 1870 tuvieron noticia de que el Gobierno de la época preparaba un proyecto de ley de matrimonio civil que, manteniendo todavía la indisolubilidad, traía a España el modelo napoleónico de matrimonio civil obligatorio. "La ley de la mancebía", argumentaron los prelados, reunidos en Roma por el papa Pío IX para el Concilio Vaticano I. La pretensión del Estado no era, como predicaban los clericales, la de suprimir el matrimonio religioso, sino complementarlo con un contrato ante el juez o funcionario municipal. "La adquisición y el ejercicio de los derechos civiles y políticos son independientes de la religión que profesen los españoles", sostenía el texto legal.
    Apenas ha transcurrido siglo y medio y la Iglesia romana mantiene sus tesis: tampoco ahora el Estado puede legislar sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, ni sobre otras muchas cosas. Sólo la Iglesia, sólo Dios, según el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco. "¿Hay forma de mayor arrogancia que la que pretende desde el poder regular el derecho a la vida, el trabajo, el matrimonio, la familia, la sociedad, la patria, como si Dios no existiese?", se preguntó ayer durante la misa de acción de gracias por la elección del cardenal Joseph Ratzinger como papa Benedicto XVI.
    La tesis eclesiástica es que el matrimonio tiene origen divino y es un contrato natural instituido con anterioridad a la sociedad civil. Por tanto, es un asunto que queda lejos del alcance del Estado. En el caso del matrimonio gay, la Conferencia Episcopal añade que el Gobierno socialista "no puede legislar sobre derechos inexistentes". Además de negar al Estado capacidad para intervenir en la organización de la sociedad, los obispos han llamado a la desobediencia con apelaciones como la del cardenal emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles, que equipara la obediencia en la aplicación de esta reforma con el "obediente" exterminio de personas en Auschwitz.
    La historia demuestra que, a veces, este tipo de execraciones severas contra el Estado obtienen resultados positivos. En el caso concreto del matrimonio civil, su primera legalización, en 1870, tuvo corta vida: menos de cinco años, los que duró el régimen liberal de la época tras la proclamación papal de que "el liberalismo es pecado", lanzada por un Pío IX que acababa de autoproclamarse infalible. El 15 de enero de 1875, el restaurado rey Alfonso XII firmó la supresión del matrimonio civil -"salvo para los que no profesando la religión de nuestros padres estén imposibilitados de santificarlo con el sacramento"-, y restringió la consideración de "hijos legítimos" para los nacidos del canónico. "En una nación católica no cabe el derecho al error", había clamado ante el rey el cardenal arzobispo de Santiago, Miguel García Cuesta.
   No era la primera vez que Roma se ponía en pie de guerra contra el Estado, en defensa de monopolios sacramentales o para imponer visiones de un mundo que se deshacía como azucarillo en agua hirviendo, pese a los esfuerzos, con frecuencia violentos, de la Santa Inquisición. Tampoco sería la última, con guerras calificadas a veces como "cruzada" en defensa de una visión clerical de la nación, o tachando como enemigo de la Iglesia -hombres con "el rabo del diablo", según los clericales del siglo XIX- a cuanto político intentó la modernización del Estado con reformas tenidas más tarde como prudentes y necesarias incluso por la propia Iglesia mediante el Concilio Vaticano II, como la ley de libertad religiosa y de conciencia, la separación Estado-Iglesia o, como consecuencia de estas medidas, la legalización del matrimonio civil y el reglaje de su disolución.
 "Que la ira de Dios caiga sobre España si la República persevera", clamó el cardenal Pedro Segura en 1931, llamando a la rebelión contra el Gobierno reformista de Manuel Azaña. Los argumentos de entonces -laicismo agresivo, tierra de misión, persecución religiosa- se han reiterado ahora contra el Ejecutivo socialista, pero también se alzaron cuando el Gobierno de Adolfo Suárez, de centro, promovió la Constitución de 1978 y, poco más tarde, la Ley del Divorcio. Una parte muy señalada del episcopado, encabezada por el primado de España, el cardenal Marcelo González Martín, pidió el no en el referéndum de 1978 con el argumento de que la Constitución hoy vigente era "atea,  anticlerical y contraria al derecho común".
 El fallecido Juan Pablo II pidió perdón cien veces por los sufrimientos causados en el pasado a pueblos e individuos. También rehabilitó a algunas de las víctimas, como Galileo. Para salvarse de ser quemado vivo, este sabio hubiera afirmado que la luna estaba hecha de queso verde, tal era su miedo a la inquisición. Motivos tenía. Galileo contaba 36 años cuando el papado ordenó quemar a Giordano Bruno por insistir en que había otros mundos además de la Tierra. "Creer que no existen otros planetas que los que conocemos no sería más razonable que opinar que no vuelan más pájaros que los que vemos pasar asomándonos a una ventana", sostenía Bruno.
   Quemándolo vivo tras espantosos suplicios, Roma quiso escarmentar en  Bruno a los científicos y filósofos libres. Uno de ellos, René Descartes, tenía entonces cuatro años, pero le alcanzó la temible advertencia guardando para sí algunos de sus pensamientos, como antes Copérnico, hasta que estuvo bajo la protección de la reina de Suecia. Juan Pablo II, en su libro Memoria e identidad, publicado en marzo pasado, aún insistió en que los males de Europa comenzaron cuando Descartes dijo aquello tan famoso de "pienso, luego existo".
    Entre otros avances de la ciencia y el pensamiento, el Vaticano  también se opuso a la anestesia y al parto sin dolor -la sentencia bíblica de "parirás con dolor", pese a que según ese libro Dios habría dormido a Adán para quitarle la costilla-; y repudia toda investigación con embriones con fines terapéuticos. También execró contra el pararrayos de Franklin -tesis: si Dios quiere fulminar a alguien, quién era Franklin para oponerse a sus designios-; el control de la natalidad o los profilácticos sexuales; la  liberación de la mujer e incluso del evolucionismo darwiniano, en la creencia de que el género humano empezó con la creación de Adán y el nacimiento costillar de Eva

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