El Estado fallido es un término que incomoda a unos e irrita a otros. Es un concepto que provoca un debate inútil que deriva casi siempre en el terreno de lo ideológico. Por eso no abundaré al respecto. Pero lo que resulta innegable en México, pues se confirma en los hechos una y otra vez, en las más diversas situaciones, maneras y regiones, es la preocupante ausencia del Estado.
Una de las tareas fundamentales de un Estado, en cualquier parte del mundo, es la de proveer de seguridades a la sociedad, y entre éstas es de subrayarse, desde luego, la seguridad pública. En este sentido, el estado de indefensión general que se vive en Chihuahua ante la violencia que agobia a sus pobladores se muestra no sólo como la omisión, incapacidad o complicidad gubernamental ante el crimen organizado
–señalada ya por diversas organizaciones–, sino que se revela como un hecho palpable, inobjetable e indignante, de ausencia del Estado.
No puede afirmarse que en Chihuahua han fallado el gobierno estatal o los municipales. En realidad, en esa entidad se ha registrado una ausencia absoluta de autoridad. Desde la federal, pasando por las ya mencionadas, hasta el Ejército Mexicano, que de muy poco o nada ha servido en las calles. Ahí la delincuencia manda.
Y es que lo ocurrido recientemente en el municipio de Galeana, tras el secuestro y ejecución de Benjamín Le Barón y su cuñado Luis Whitman, dos líderes de la comunidad mormona, no ha hecho más que refrendar la nula respuesta de los diferentes niveles de gobierno del país, su absoluta falta de compromiso e imaginación, y los ha retratado como autoridades arrinconadas y medrosas.
El gobernador José Reyes Baeza Terrazas parece haber renunciado de plano a su responsabilidad fundamental como garante de la seguridad y la buena convivencia entre los chihuahuenses. Su decisión primera –que luego quiso enmendar– de aceptar y fomentar que los habitantes de Le Barón se armen para hacerse justicia por propia mano es, por decir lo menos, absurda, y sus declaraciones para justificarlo, patéticas: … La comunidad de Le Barón se está armando para defenderse, pero lo hace conforme a derecho, ya que se les brindará capacitación y materiales para que se puedan convertir en policías de esa zona
, comentó Baeza Terrazas a los medios, y luego remató: “… los vamos a dotar (a los mormones) de los recursos necesarios para que puedan resguardar su patrimonio y su seguridad”.
El mandatario admite así, de manera tácita, la inoperancia de los diferentes cuerpos de seguridad existentes en Chihuahua, y acepta el relevo parcial de su delicada responsabilidad por medio de una fuerza pomposamente denominada autodefensa comunitaria
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No sólo eso. La inexistencia de un cuerpo de inteligencia confiable y el hecho de que los dos mormones ejecutados poseían doble nacionalidad, llevó al gobernador chihuahuense a permitir y alentar la participación de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus suglas en inglés) en las pesquisas, por encima de cualquier consideración de soberanía. Es decir, el gobierno de Chihuahua claudica a una de sus responsabilidades sustantivas en un momento en el que, a decir de las organizaciones sociales que signaron un pronunciamiento público, la criminalidad deja al descubierto la falta de cooperación entre los cuerpos encargados de la inteligencia, la prevención y el combate del delito
, pero además subrayan que el tejido social ha sufrido una muy grave desarticulación, mientras que la autoridad insiste en negar la existencia de zonas donde no hay gobierno
.
Previo a la doble ejecución de Benjamín y Luis, la comunidad de Le Barón, conocida en la región por su pacifismo y gran dedicación al trabajo, había dado al país entero un ejemplo de convicción en la ley y en la justicia, y una auténtica bocanada de aire fresco y de esperanza: ante el secuestro de Erick, el hermano menor de Benjamín Le Barón, ocurrido semanas antes de la reciente doble ejecución, la comunidad mormona decidió enviar a los delincuentes un mensaje tan difícil y doloroso, como contundente: no pagaremos por el rescate. A cambio, los mormones decidieron marchar hacia la capital del estado para exigir al gobernador el cumplimiento de su obligación. Días después, Erick fue liberado sin que mediara un solo centavo.
El hecho representó en su momento un triunfo a la unidad y un duro revés al crimen organizado; sin embargo, la delincuencia tomó revancha apenas el martes pasado con la lamentable ejecución de dos líderes de la comunidad de Le Baron, situación que devolvió de golpe a los pobladores del municipio de Galeana el sentimiento de agravio y desamparo y que, al mismo tiempo, evidencia, una vez más, tal como ocurre en muchos sitios del país, la ausencia del Estado.
