Los juicios por pederastia arruinan a la Iglesia católica en EE UU

Siete diócesis se declaran en suspensión de pagos para eludir las indemnizaciones

¿Se ha acogido la diócesis católica de Wilmington (Delaware) al Capítulo 11 de la Ley Federal de la Bancarrota para evitar el escándalo? Su obispo dice que no. Las víctimas aseguran que sí. Si lo ha hecho, no es la única. El de Wilmington sería el séptimo caso de una diócesis católica de Estados Unidos ligada a juicios relativos a abusos por parte de sacerdotes contra niños que desde 2004 se ha declarado en suspensión de pagos. Primero fue Portland (Oregon). Le siguieron San Diego (California); Tucson (Arizona); Spokane (Washington); Davenport (Iowa) y Fairbanks (Alaska).

Hace una semana, justo un día antes de que debiera iniciarse el juicio contra Francis DeLuca, un antiguo sacerdote de Wilmington, acusado de abusar sexualmente de un monaguillo menor de edad -que hoy tiene 57 años-, la diócesis presentó un recurso de bancarrota que dejó en suspenso de forma automática el caso que debía verse en la Corte Superior del Condado de Kent. Ése debía de ser el primero de ocho juicios por abusos sexuales cometidos en Delaware. Todos han quedado en el aire.

El obispo Francis Malooly emitió un comunicado a sus feligreses nada más declararse la suspensión de pagos. "Esta es una decisión dolorosa, una que esperaba y rezaba por no tener que tomar nunca", dijo el responsable de la diócesis, que justificó a continuación los pasos dados con el siguiente argumento: "Pedir Capítulo 11 de la ley de bancarrota nos ofrece la mejor oportunidad, dados los recursos finitos, de dar el tratamiento más justo posible a todas las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes de nuestra congregación".

El planteamiento de la Iglesia de Wilmington es compensar a las víctimas a través de un solo proceso que llegue de la mano de la Corte de Bancarrotas. En esta maniobra -como en los anteriores casos-, los abogados de las víctimas ven un "esfuerzo desesperado" por parte de la Iglesia católica por evitar que se hagan públicas "miles de páginas de documentos escandalosos". "La diócesis quiere sepultarlos", ha declarado Thomas Neuberger, letrado cuya firma representa a más de 80 presuntas víctimas. "La declaración de bancarrota es el último y triste episodio de muchas décadas de intentos de tapar los crímenes cometidos por los sacerdotes y de mantener el secretismo que rodea la responsabilidad y la complicidad en el abuso de cientos de niños católicos", asegura Neuberger en un comunicado.

La diócesis de Wilmington, que a su vez cubre también la costa Este del Estado de Maryland, cuenta con 233.000 fieles repartidos en 58 parroquias y 14.000 estudiantes católicos. El documento de petición de suspensión de pagos valora los bienes de la congregación entre 50 y 100 millones de dólares (entre 33 y 66 millones de euros), con una deuda estimada de entre 100 y 500 millones. La Iglesia de Roma ha visto tambalearse sus cimientos norteamericanos debido a la ingente cantidad de escándalos que en la última década han salpicado sus templos y la callada respuesta que han tenido las altas esferas eclesiásticas.

Bernard Law, cardenal de Boston y en su momento el católico de mayor rango dentro de Estados Unidos, fue forzado a dimitir en el año 2002 al descubrirse que 250 sacerdotes de su archidiócesis estaban involucrados en violaciones a menores. Las víctimas que denunciaron sumaban más de 550. Cuando esos casos salieron a la luz, Law permitió que los curas implicados fueran trasladados a otras parroquias y que no fueran expulsados. La dimisión diseñada desde la Santa Sede silenció el escándalo público. Hoy día, Law sirve en Roma como arcipreste de la basílica de Santa María la Mayor.

En opinión de la asociación Red de Sobrevivientes de Abusados por Curas (SNAP, siglas en inglés), la historia se repite. "El asunto de fondo es que el obispo no quiere que se conozca la verdad", declaró Barbara Blaine, presidenta de SNAP. Hasta ahora, el dinero ha silenciado la vergüenza eclesiástica. La diócesis de Wilmington ha pagado más de 6,2 millones en acuerdos que han evitado sentencias judiciales por abusos sexuales. Como otros casos dentro de EE UU, Delaware también ha pagado a víctimas en acuerdos extrajudiciales. La mayor cantidad desembolsada la hizo la archidiócesis de Los Ángeles en 2007 al indemnizar con 660 millones de dólares (438 millones de euros) a 500 personas víctimas de abusos.

Traslados silenciosos entre parroquias

El escándalo estalló a nivel nacional en 2002: La Iglesia católica estaba encubriendo a sacerdotes pedófilos. Un año después, la diócesis de Wilmington declaró que había recibido alegaciones creíbles de que 18 curas habían abusado sexualmente de niños. Algunos casos se remontaban a 1952. Sólo tres nombres se hicieron públicos del total de 18. De esos tres, dos religiosos dimitieron y uno fue apartado de sus funciones. La diócesis se negó a dar el nombre de los otros 15, alegando que siete de ellos habían muerto y que ninguno estaba en activo.

En 2004, la Iglesia de Wilmington admite que se han cometido violaciones durante los últimos 50 años y que se ha comprado el silencio de las víctimas y sus familiares con 1,6 millones de dólares. El diario de Delaware The News Journal reporta que Wilmington está siguiendo los pasos de Boston: los curas pederastas son transferidos, silenciosamente, de parroquia a parroquia.

En 2006, Francis DeLuca, que sirvió 35 años en la diócesis pero había sido apartado del sacerdocio, es detenido acusado de abusos sexuales. En 2007, Delaware aprueba una ley que elimina la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a niños y abre un nuevo periodo de dos años durante el cual las víctimas pueden hacer oír su caso. El plazo acabó el pasado 9 de julio con más de 170 demandas civiles interpuestas. La pasada semana la justicia quedó paralizada. El abogado de las víctimas declaró, pesimista, que muchos de sus clientes, que tenían sólo ocho años en el momento de los abusos, pueden morir esperando ver a la Iglesia en el banquillo de los acusados.

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