La resolución aprobada el jueves por la junta de personal docente no universitario de la provincia de Córdoba insta a la delegación provincial de Educación a adoptar "las medidas oportunas" para que se retire "la simbología religiosa de los centros docentes públicos". Eduardo Latorre, presidente de este órgano en el que están los representantes sindicales de los 10.000 profesores no universitarios de Córdoba, aclaró ayer que la solicitud afectaría sólo a los centros públicos, en ningún caso a los concertados o los privados.
En el texto, que se aprobó por una "mayoría ajustada", se argumenta que lo único que se pide es que se cumpla la legislación vigente. La retirada de la simbología religiosa de los centros públicos está avalada, según la junta de personal docente, por el artículo 16 de la Constitución española de 1978; por la Ley 7/80 de 5 de julio de Libertad Religiosa; y por un informe elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz fechado el 6 de agosto del año 2001.
La junta de personal docente está formada por 63 miembros. En este órgano están los siete sindicatos que tienen representación en la provincia en la educación pública no universitaria, que son UGT, CC OO, CSIF, ANPE, Ustea, SIEP y Sadi. La reunión del jueves fue una de las tres ordinarias que celebran anualmente. Se convocó para realizar un balance del curso. Pero en el capítulo de propuestas se presentó la petición de instar a la Junta a retirar la simbología religiosa. Eduardo Latorre aseguró ayer que la moción, tras ser limada, salió adelante con "una mayoría ajustada", lo que significa, según su parecer, que el profesorado no tiene una opinión clara sobre este asunto.
Petición no vinculante
A este mismo órgano, se llevaron en otras ocasiones propuestas como la supresión de la asignatura de religión del horario escolar, algo que, sin embargo, no fue aprobado por la mayoría de los representantes de los profesores y no salió adelante.
La propuesta de los profesores de retirada de la simbología religiosa de las aulas no es vinculante, por lo que será la Junta la que decida si sigue la recomendación de los docentes o no. En el pleno ordinario del jueves también se acordó instar a la Administración autonómica a que en la próxima Ley de Educación para Andalucía (LEA) se recojan las medidas necesarias para dar estabilidad a los profesores interinos.