El conjunto de los derechos humanos no es inmutable ni se establece de una vez para siempre, sino que posee una dimensión y un carácter históricos, por lo que a través del tiempo se producen modificaciones e innovaciones en su concepción, interpretación y aplicación. De este modo, reflejan el grado de conciencia y de consenso logrados en un momento determinado, dando respuesta a una problemática y unas circunstancias históricas concretas, en torno al ideal de justicia social. En este sentido, las generaciones de derechos humanos constituyen no sólo nuevos derechos reconocidos, sino también etapas o fases históricas en cuanto a la manera de concebir, interpretar y aplicar los derechos hasta entonces reconocidos. Así, por ejemplo, en lo que se refiere al hecho de incluir entre los derechos de primera generación a los derechos políticos, lo cierto es que derechos como el sufragio universal no sólo masculino, sino también femenino, no han sido reconocidos en muchos textos constitucionales hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, la principal cuestión que se plantea aquí y ahora es: ¿pueden los derechos humanos hacer frente al capitalismo y sus crisis? Más aún: ¿son compatibles dichos derechos con el régimen económico actualmente imperante?
Las “generaciones” de derechos humanos
Se suelen citar como derechos de primera generación a los derechos civiles y políticos, o derechos de libertad, por ser principalmente de esta naturaleza los derechos proclamados en las primeras declaraciones de derechos humanos, entonces también denominados derechos "naturales". Son derechos proclamados frente a los regímenes despóticos y monárquicos. Así, por ejemplo, el inicial y parcial reconocimiento de la libertad de cultos fue en principio decisivo para acabar con las guerras que tomaron como pretexto la religión en la Europa renacentista. Sin embargo, en el fondo subyacían las reivindicaciones de la burguesía emergente frente a las trabas al libre comercio procedentes de los regímenes estamentales y semifeudales que se remontaban a la Edad Media, destacando el "sagrado" derecho a la propiedad privada.
Según las doctrinas liberales, dichos derechos exigen sobre todo la abstención por parte de los poderes públicos, sin embargo, una reflexión más atenta deja entrever que esta "abstención" es una más de las falacias de las ideologías liberales y neoliberales para tratar de legitimar el régimen económico fomentado por los burgueses, es decir, el capitalismo, presentándolo no como tal, sino como "democracia" y "Estado de Derecho". De este modo, los regímenes capitalistas se van imponiendo inicialmente por Europa y América, a la par que la denominada "modernidad". En su versión más democrática, los derechos civiles y políticos son oponibles a los poderes públicos y privados, así como a otros individuos, con el fin de hacer respetar la autonomía individual de cada cual.
Los derechos de segunda generación, en cambio, sí exigen claramente de los poderes públicos su intervención, con objeto de que los individuos, particularmente los más pobres y desfavorecidos, puedan hacer efectivos sus derechos, dado que carecen de medios y recursos para lograrlo por sí solos. Son los denominados derechos económicos, sociales y culturales, o derechos de igualdad, que fueron surgiendo a lo largo de los siglos XIX y XX impulsados por las luchas obrer as frente a las duras condiciones laborales impuestas por la burguesía capitalista. Su plasmación incipiente en textos legales puede observarse, por ejemplo, con motivo de la revolución de 1848 en Francia o el reconocimiento de determinados seguros sociales en la Alemania de finales del siglo XIX. Sin embargo, fueron la revoluciones soviética y m ejicana, a principios del siglo XX, los acontecimientos decisivos para que estos derechos comenzaran a ser reconocidos en diferentes constituciones y ordenamientos jurídicos de distintos países.
Por su parte, los derechos humanos de tercera generación también han surgido tras la toma de conciencia y la movilización para logr ar una mejor calidad de vida y un mayor bienestar, así como para fortalecer la convivencia pacífica. Se trata del derecho de los pueblos a autodeterminarse, frente al colonialismo y al neocolonialismo (neoliberalismo); del derecho a la paz, contra la guerra; del desarrollo para todos, contra la pobreza; de la asistencia humanitaria en cualquier parte del mundo ante situaciones de extrema gravedad (catástrofes, conflictos bélicos, etc.); de un medio ambiente sano frente al deterioro grave de nuestro entorno natural, así como de la existencia de un patrimonio común de la Humanidad, natural e histórico, que debe preservarse. Se suele decir que los derechos de tercera generación hacen hincapié en la necesaria solidaridad o fraternidad que debe existir entre los seres humanos para hacer respetar y proteger los valores y aspiraciones que se consideran comunes a todos, es decir, universales.
En este sentido, en mi opinión, las características específicas señaladas para las distintas generaciones de derechos humanos, es decir, la "oponibilidad" para los derechos de la primera generación (civiles y políticos), la "exigibilidad" para los de la segunda (derechos económicos, sociales y culturales), y la "solidaridad" para los de la tercera confluyen en las tres generaciones. Es decir, todos los derechos humanos son oponibles, exigibles y requieren de la solidaridad y de la cooperación para hacerlos efectivos. De este modo, lo singular de cada una de las generaciones de derechos humanos no es solamente la incorporación de nuevos derechos, sino también la incorporación de nuevos modos de concebir, interpretar y aplicar tanto los nuevos derechos como los tradicionales. Así, por ejemplo, los derechos civiles y políticos (primera generación) no deben interpretarse y aplicarse de manera individualista y exclusivista, tal y como plantean las doctrinas liberales clásicas y neoliberales, sino que deben ser compatibles con los derechos de segunda (derechos económicos, sociales y culturales) y de tercera generación (derecho a la autodeterminación, a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano y al patrimonio común de la humanidad).
Por esta razón, los derechos civiles y políticos no requieren solamente la "abstención" de los poderes públicos, pues entonces sólo podrían hacerlos efectivos aquellos titulares que posean recursos suficientes para hacer valer por sí solos tales derechos, sino que también requieren la intervención de los poderes públicos en aquellos casos en que sus titulares carezcan de dichos recursos. Es el caso, por ejemplo, del derecho de tutela judicial, el cual cada vez es más evidente que sólo los más privilegiados pueden hacerlo valer de manera efectiva, por medio de un asesoramiento jurídico cada vez más especializado y costoso. Las disposiciones legales en materia de “abogados de oficio” o de “costas judiciales” son notoriamente insuficientes y los recursos presupuestarios asignados para ello más insuficientes aún. Además, son escasos los jueces sensibles a esta situación. Consecuencia de ello es que mientras quien tiene sobrados motivos para recurrir a la justicia no puede hacerlo en muchas ocasiones por falta de recursos, en cambio, los más privilegiados no dudan en hacerlo con motivo o sin él.
Por otra parte, para reivindicar y hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales es necesario ejercer determinados derechos y libertades fundamentales que se ubican entre los derechos civiles y políticos, como la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, de reunión, de asociación, etc., lo que implica que los poderes públicos deben abstenerse de impedir el ejercicio de tales derechos aunque sí es exigible que intervengan para que otros individuos o grupos no lo impidan. Los individuos y grupos que configuran una comunidad organizada deben contribuir solidariamente, según las posibilidades y recursos de cada cual, con el fin de establecer unos poderes públicos con medios y recursos suficientes para hacer efectivos los derechos humanos para todos de manera equitativa.
La libertad, la igualdad y la solidaridad son conceptos entrelazados e interdependientes en la medida en que no se pueden entender ni hacer realidad cualquiera de ellos aisladamente, es decir, sin tener en cuenta los otros. Pretender lo contrario, es decir, interpretar antagónicamente uno de ellos respecto de los otros (por ejemplo: la libertad contra la igualdad y la solidaridad) constituye una de las características de las doctrinas liberales y neoliberales de los derechos. Así, mientras una minoría privilegiada pregona las excelencias de la libertad individual, principalmente la de enriquecerse sin límites, otra parte de la humanidad, mucho más numerosa, carece de lo más mínimo para poder vivir dignamente. De ahí la pertinencia de postular las características de cada una de las generaciones de derechos humanos como propias de todos los derechos humanos.
La actual crisis del capitalismo
Las espasmódicas y recurrentes crisis que acompañan a los procesos de acumulación de capital desde los inicios históricos del capitalismo siempre han repercutido sus peores consecuencias en las poblaciones más desfavorecidas e indefensas: paro y precariedad laborales, aumento de las desigualdades económicas y sociales, empobrecimiento, etc. La aguda crisis actual en los países ricos no es una excepción y ha puesto en evidencia las consecuencias previsibles, pero negligentemente ignoradas, de la excesiva especulación financiera por parte de los bancos y empresas transnacionales privados, quienes en connivencia con muchos dirigentes estatales y gubernamentales, una vez más, han evitado su colapso mediante la expropiación de cuantiosos fondos del sector que consideran “obsoleto”, el sector público, sin reconocer el fracaso de las medidas pro sector privado que han impuesto y siguen imponiendo bajo la estela de uno de las nociones emblema de la globalización neoliberal: la gobernanza 1. De este modo, aseguran la continuidad de las formas de dominación neocoloniales por todo el planeta.
Dicha crisis tiene como epicentro el mundo financiero y repercute en todos los ámbitos económicos y sociales. Afecta de lleno al núcleo de las fuerzas dominantes de la metrópoli capitalista, donde se ubican los grupos hegemónicos del sistema económico mundial. En efecto, se trata de una crisis financiera cuyas causas tienen mucho que ver con la actividad predominantemente especulativa a la que se dedican los grandes bancos y empresas transnacionales de los países ricos, facilitada por uno de los emblemas de la globalización neoliberal, es decir, la libertad de circulación de capitales y la consiguiente "financiarización" de la economía. De este modo, el desmesurado incremento de capital en circulación no se corresponde en absoluto con la economía real o productiva.
En lo que se refiere a los países empobrecidos del Tercer Mundo, dicha libertad de circulación de capitales favorece todo tipo de capitales especulativos dispuestos a abandonar los países de “alto riesgo” (es decir, los más empobrecidos) con la misma rapidez que entraron, es decir, a la mínima señal de “alarma”, hundiendo aún más en la miseria a los más pobres. Esto sucedió en el decenio de los noventa en los países entonces denominados “tigres asiáticos” (Tailandia, Indonesia, Taiwán, Corea, etc.), elogiados desde la metrópoli como modelo de crecimiento económico y “prueba” del éxito de las políticas neoliberales. Dicha crisis se simultaneó con otras similares en América Latina (México, Brasil, Argentina) y en países como Rusia y Turquía, ante la pasividad y complicidad de las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial).
En cualquier caso, las crisis periódicas y repetitivas del capitalismo se suceden cíclicamente y le son consustanciales. Ahora le ha tocado el turno a la “metrópoli”. Por su propia naturaleza, el capital privado “financiarizado” se inclina por la mayor rentabilidad en el menor plazo y por la garantía de que las ganancias así obtenidas sean “repatriadas” a sus lugares de origen en vez de reinvertirse allá donde se obtuvieron dichas ganancias. Paradójicamente, quienes tanto abogan por reducir los gastos sociales y por la disminución de la intervención de los poderes públicos con fines redistributivos se encuentran ahora con los bolsillos repletos de dinero público gracias a decisiones de dirigentes políticos que, una vez más, obedecen a quienes realmente les han colocado en dicho puesto. Si se hubieran aplicado a sí mismos las normas “gobernancistas” que tanto han promovido y preconizado los bancos y las empresas transnacionales para los menos “competitivos”, pura y simplemente hubieran desaparecido por “incompetentes”.
En definitiva, la correlación de fuerzas actual permite a los más ricos y poderosos no solo pasar la factura de la crisis a los que menos culpa tienen, sino que dicha crisis sirve de pretexto para acelerar y profundizar las contrarreformas neoliberales 2. Dichas contrarreformas consisten básicamente en mermar y erosionar paulatinamente el estado de bienestar y los avances y derechos sociales logrados tras la II Guerra Mundial mediante políticas económicas redistributivas de corte keynesiano, aunque siempre sometidas a relaciones de producción, comercio y consumo capitalistas.
A ello hay que añadir el imprescindible componente militar que acompaña y hace posible la actual globalización o mundialización (imperialismo neocolonial) del capitalismo neoliberal, es decir, una potente industria militar que nutre permanentemente a unos ejércitos dispuestos a guerrear en todo momento en cualquier parte del mundo, tanto porque es uno de los negocios más lucrativos 3 como porque es la manera de imponer un régimen económico como el capitalismo, así como sus derivados imperiales y coloniales, a todos los pueblos del mundo al margen de su voluntad soberana. De hecho, el presupuesto de "defensa" de EE.UU., potencia militar dominante del mundo actual, con una enorme ventaja sobre el resto, y principal promotor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), principales "interventores" militares en el planeta, aumentó desde unos 300.000.000.000 de dólares en el año 2000 a más de 700.000.000.000 en 2009, manteniéndose en 2012 dicha cifra a pesar de la profunda crisis económica en dicho país. Paralelamente, el coste de las operaciones de la OTAN desde 2005 se han cuatriplicado.
Conclusión
En un mundo como el actual resulta pertinente reivindicar políticas económicas que permitan hacer efectivos todos los derechos humanos y para todos, en particular para los más vulnerables y desfavorecidos. Ello exige nuevas maneras de organizarse y comunicarse más democráticas, alternativas y capaces de hacer frente a las gigantescas burocracias más “verticalizadas” que centralizadas en los ámbitos empresariales, sindicales, partidistas y mediáticos, y que hegemonizan el régimen político y económico actual, subordinado en su conjunto a los intereses del capitalismo transnacional globalizado. Es decir, se trata de fomentar la movilización de la sociedad desde su base, con el fin de crear la fuerza social que permita promover políticas alternativas al capitalismo y a sus derivados imperiales, coloniales y neocoloniales (neoliberales), así como potenciar organizaciones democráticas, plurales, diversas y alternativas a las burocracias paralizantes y sumisas al capital.
Notas:
1 Véase "Gobernanza y crisis del neoliberalismo" de Nicolás ANGULO SÁNCHEZ en la revista Entelequia n° 11 (primavera de 2010), pp. 241 259. Enlace: http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2010/e11a13.pdf.
2 Véase del autor "Crisis y contrarreformas neoliberales" en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 33 (2012.1). Enlace: http://www.ucm.es/info/nomadas/33/guillermogarcia.pdf.
3 En 2009, la venta de armas en el mundo alcanzó la cifra de 401.000.000.000 de dólares EE.UU., excluyendo China y las empresas de Kazajstán y de Ucrania, que no suministran datos al respecto, según el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI). Entre las diez primeras empresas vendedoras de armas se encuentran siete estadounidenses.
Guillermo García. Doctor en Derecho, especializado en derechos humanos y desarrollo.
Puede leerse el artículo completo en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, n° 118, 2012, pp. 141 158.
