Los derechos de tod@s están en peligro

Manifiesto contra la anunciada reforma de la ley del aborto

La reforma de la ley que plantea el ministro Gallardón quiere acabar con derechos de ciudadanía atacando en especial a las mujeres. Un país sin derechos de salud sexual y reproductiva, recogidos en la actual ley, es una sociedad donde mujeres y hombres han perdido el derecho de escoger cuál es el momento más óptimo para ser madres y padres; donde los niños han perdido el derecho a nacer deseados y a crecer en el mejor entorno posible. La reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo golpea el modelo de sociedad que los años de democracia han forjado. Los cambios en los derechos deben consolidar todo lo que contribuye al bienestar y felicidad de las personas, permitiendo decidir lo que es mejor para construir su futuro, ese que el Gobierno del PP nos quiere negar.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es una de las conquistas más importantes en relación a los derechos de las mujeres. Los estudios de la OMS demuestran que los países con leyes más restrictivas no reducen los abortos, e incrementan las prácticas peligrosas principalmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

En España, con la ley orgánica 9/1985, se despenalizó el aborto en tres supuestos: grave riesgo para la salud física y psíquica de la mujer embarazada, violación y malformaciones del feto. Las mujeres podían interrumpir el embarazo en centros públicos o privados, en las 12 primeras semanas, o en las 22 primeras semanas en el supuesto de malformaciones. Se requería denuncia policial en caso de violación o un informe médico que certificara el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley, en el resto de supuestos.

En el 2010 se reforma la ley y las mujeres pueden decidir de forma libre durante las 14 primeras semanas de gestación. El plazo aumenta hasta la semana 22 en casos graves para la vida o la salud de la madre o del feto. A partir de este momento, sólo se puede interrumpir si se detectan anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave en el feto que sea incurable en el momento del diagnóstico y confirmada por un comité clínico. Por fin teníamos una ley de salud sexual y reproductiva, con el objetivo de prevenir los embarazos no deseados y disminuir el número de abortos equiparando nuestro país a la legislación europea más avanzada. Alemania, Grecia, Holanda y Austria disponen, desde hace décadas, de leyes de plazos.

Las intenciones del Gobierno del PP transformarían la legislación de nuestro país en una de las más restrictivas de Europa, asimilándonos a Irlanda y Malta. Volveríamos a 1985, cuando la interrupción voluntaria del embarazo no se consideraba un derecho y las decisiones de las mujeres estaban supeditadas a la tutela médica.

Retorno al pasado, 3.000 mujeres muertas. Eran los datos del Tribunal Supremo de 1976, cuando se practicaron 300.000 abortos clandestinos en todo el Estado. Hace 40 años, las mujeres sólo podían interrumpir un embarazo no deseado gracias a la información que conseguían a través de las redes personales. Si disponían de recursos económicos viajaban a Londres o Amsterdam y llevaban a cabo una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones sanitarias dignas. Si no disponían de recursos, accedían a abortos clandestinos en España en clínicas de IVE no legalizadas o abortaban utilizando métodos caseros y peligrosos con consecuencias nefastas para su salud física y psíquica. La propuesta del ministro Gallardón de penalizar el aborto por malformación del feto es retrógrada. ¿Quizás el PP quiere condenar a la clandestinidad esta prestación sanitaria y poner en riesgo la salud de las mujeres del país?

Defendemos la maternidad libremente decidida, derivada del derecho al propio cuerpo y al futuro. No queremos que sea una situación sobrevenida ni obligada por leyes restrictivas. Queremos que las mujeres puedan tomar la decisión sobre su embarazo y que ésta, consciente y responsable, sea respetada. La decisión de tener hijos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que mujeres y hombres afrontan durante sus trayectorias vitales. Los poderes públicos deben establecer los mecanismos para que se haga de manera libre y responsable, poniendo al alcance de todos información, asesoramiento y servicios de atención sanitaria.

Una ley de aborto no obliga a abortar, pero una ley que limita el derecho a hacerlo condena a mujeres, parejas, familias y a la sociedad en general a llevar adelante vidas llenas de dolor y dificultades, con gran coste emocional y económico. La libertad de escoger es la única garantía de defender los derechos de la ciudadanía. No se puede confundir legislar con imponer una doctrina religiosa en un país que ha decidido ser aconfesional.

No estamos dispuestas a retroceder 30 años en los derechos de las mujeres. No podemos dejar dilapidar tantos esfuerzos y desde tantos espacios como se han hecho por la defensa de los derechos de las mujeres. Y ahora hemos constituido la Plataforma Nosotros Decidimos para hacer un llamamiento a todas las personas que creen en la libertad y en la igualdad de las mujeres para decidir sobre sus vidas. Somos libres para decidir y queremos que la actual ley de salud sexual y reproductiva no retroceda y que el aborto se garantice como una prestación sanitaria más.

Firman este manifiesto:

M.Comas d'Argemir, magistrada

Carme Freixa, periodista

Gemma Lienas, escritora

y en un sólo día ha recibido la adhesión de más de 1.200 personas, puede hacerlo entrando en:

Los derechos de tod@s están en peligro

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...