Los defensores de la muerte ganan en El Salvador

Alguien tiene que parar esto. Varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos están intentando presionar. Pero no es suficiente. Mandatarios políticos de todo el mundo -especialmente los americanos y los europeos- deberían haber puesto a trabajar a sus servicios diplomáticos para interceder ante el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, para que se respete al derecho al aborto de una ciudadana de extracción humilde, Beatriz, y, de paso, se defienda su vida.

Si alguien no lo remedia, el caso de Beatriz amenaza con convertirse en otro hito de la historia de la ignominia contra las mujeres como lo fue el de Savita Halappanavar, la irlandesa de origen indio muerta en noviembre pasado tras impedirle la justicia el aborto que necesitaba. Si los médicos han aconsejado la interrupción del embarazo de Beatriz, cuyo nasciturus tiene una nula esperanza de vida fuera del útero materno, ¿cuál es la razón para que los juristas se opongan, aun sabiendo que será entonces la vida de la parturienta la que también puede perderse? Porque no se olvide que en este caso, como el de Halappanavar, la intolerancia, la ciega intransigencia de la justicia y la iglesia salvadoreña, dará como más probable resultado una doble muerte: la del feto y la de la mujer que lo alberga. ¿Es eso defender el derecho a la vida? ¿No es más bien la defensa a ultranza de la muerte cuando esta la impone la madre naturaleza?

El Salvador es uno de los cinco países de Latinoamérica que prohíbe el aborto voluntario en cualquier circunstancia, lo que es, no nos engañemos, una condena que afecta fundamentalmente y a veces exclusivamente- a las mujeres; a su libertad y a su dignidad. Los argumentos de los pro-vida son torticeros. Si el derecho del nasciturus es tan sagrado, ¿por qué estas sociedades no imponen la misma condena a los padres? Exíjase la prueba de paternidad al presunto progenitor varón, exíjasele la manutención de por vida del feto -desde el momento de la concepción, dado que juristas salvadoreños y curas le otorgan valor de persona desde ese instante-. Oblíguese al padre también a cuidar a su hijo -es muy caro si, además, viene con problemas-. Al fin y al cabo, si lo que se pretende defender es realmente la vida de alguien y no solo su derecho a ser alumbrado, a nacer, es evidente, a ojos de esos valores retrógrados, que el nasciturus tendrá una vida realmente plena bajo los cuidados de los dos progenitores. 

Exigir tal cosa a los hombres sería una completa insensatez, pero el hecho de que nadie lo pida, ni siquiera esos prelados católicos tan inflexibles y tan defensores de la familia tradicional, demuestra que este debate está contaminado por la hipocresía y una supuesta ética severamente sesgada por el género. Un dato: los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son hombres. Un pleno -lo que no ocurre en otras salas del alto tribunal-, como el eclesiástico, bien sea católico o evangélico. 

La organización Women's Link Worldwide ha puesto, además, el dedo en otra llaga importante: la pobreza. Si Beatriz fuera una mujer adinerada, dice, no estaría pasando por esto. Podría haber viajado a Cuba, por ejemplo. No está tan lejos. Muchas de sus compatriotas lo han hecho. Se han desembarazado del problema en un corto viaje de ida y vuelta. Es lo que se prevé que ocurra en España si el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón insiste en su proyecto de restringir el aborto voluntario. Las que se lo puedan permitir sortearán la ley sin problemas viajando, por ejemplo, a Londres. Las que no -pobres, desinformadas, inmigrantes- serán las que realmente tengan que cumplir con los mandamientos que se les impongan desde el BOE.

Beatriz es pobre y es mujer, circunstancias ambas que, por lo visto, no generan el derecho fundamental a su propia vida. Y su caso trasciende lo local para convertirse en universal. Porque las falacias que sustentan las voces que la condenan están demasiado extendidas y porque la comunidad internacional y muy especialmente las democracias están obligadas a clamar contra unas leyes tan injustas y tan discriminatorias.

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