Zapatero mete en la nevera el debate de la ley de Libertad Religiosa para no generar más tensión social en plena crisis económica
El Gobierno se siente incapaz de salir de ese círculo vicioso de 'amagar y no dar' en que han caído sus relaciones con la Iglesia católica. En el ecuador de la legislatura, el 'laicista' José Luis Rodríguez Zapatero mantiene en el congelador la reforma de la ley de Libertad Religiosa que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, presentó en su primera comparecencia ante el Congreso como una de las iniciativas más trascendentales de este segundo mandato.
El texto está, según fuentes gubernamentales, muy avanzado, pero al mismo tiempo sigue siendo difuso. Es víctima de la indecisión política. Lo único que parece tener claro el Ejecutivo es que ha llegado la hora de que la legislación establezca nuevos criterios de colaboración entre la Administración y las distintas confesiones religiosas que se han ido abriendo paso en España en los últimos 30 años, las sitúe en pie de igualdad con el catolicismo, erradique privilegios y permita avanzar hacia la desaparición de símbolos y liturgias religiosas en los edificios públicos y en los actos oficiales.
La duda está en hasta dónde se llega con este propósito. ¿Debe obligar la ley a eliminar crucifijos de los colegios? ¿Dejarán los curas y obispos de oficiar funerales de Estado? «Eso es lo que está por decidir», insisten las citadas fuentes. El último compromiso del Gobierno fue llevar la reforma al Parlamento en este período de sesiones, pero en la dirección del PSOE ya anticipan que, de nuevo, se dejará pasar el tiempo. «Ahora este tipo de propuestas no son una prioridad; tenemos que centrarnos en lo que le preocupa a la gente», alegan.
Por qué los socialistas mostraron menos remilgos a la hora de cambiar la ley del aborto tiene su argumento oficial. «Ésa era una reforma urgente porque había que acabar con una situación de indefensión e inseguridad jurídica de las mujeres que optan por interrumpir su embarazo», remarca la secretaria de Organización, Leire Pajín. Lo cierto es que en el PSOE no tienen claro que las polémicas con la Iglesia católica sean bien entendidas por la sociedad, ni siquiera por su electorado, en el que el porcentaje de cristianos declarados no es ni mucho menos dispar al del resto de la sociedad. Sin que haya siquiera un borrador, la futura ley ya ha hecho correr ríos de tinta. Los católicos recelan de ella. La norma que está llamada a velar por el pluralismo religioso es vista por expertos en Derecho Canónico como un ariete para desterrar el crucifijo de las instituciones públicas. Pese a las reticencias, la Administración subraya que no es intención del Gobierno cambiar los acuerdos entre España y la Santa Sede ni los firmados con los musulmanes, evangélicos y judíos. Los responsables gubernamentales se mueven con ambigüedad y cautela en el terreno de la ley de libertad religiosa. «Si los poderes públicos tienen que ser neutrales y estar separados de las confesiones, es claro que ningún símbolo religioso tiene que estar en las instituciones públicas, que no en los lugares públicos», dice el director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras.
Zapatero, esquivo
Quizá por ser una cuestión vidriosa, hasta el mismo presidente Rodríguez Zapatero se ha mostrado esquivo a la hora de pronosticar si se permitirán o no los crucifijos en la escuela pública. Con un «no adelantemos acontecimientos» Zapatero ha despachado el asunto.
Más explícito que Zapatero, aunque igual de prudente, es el responsable de Relaciones con las Confesiones, organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Para José María Contreras, los 30 años que han pasado desde la primera ley de Libertad Religiosa exigen una revisión. En 1980 «España era un país homogéneo» en términos espirituales, con una Iglesia católica copando el escenario de la transmisión de la fe. En 1992 entraron en escena los islámicos, protestantes y judíos, con los que el Estado mantiene convenios. Por añadidura, mormones, testigos de Jehová y budistas esgrimen ahora también sus reivindicaciones por ser religiones a las que el Ministerio de Justicia ha reconocido la condición de «notorio arraigo». No en vano, estas tres últimas confesiones reclaman desgravaciones fiscales a los donativos que reciben.
Dos cuestiones básicas que regulará la ley son el régimen jurídico de los lugares de culto y de sus ministros. «Ahora mismo no sabemos cómo se puede abrir un lugar de culto, qué requisitos hacen falta para su establecimiento, si es inviolable o no es inviolable», arguye Contreras, quien destaca que tampoco están definidos los derechos y obligaciones de los ministros de culto, si deben estar inscritos por ejemplo en la Seguridad Social.
La ley aún pendiente regulará asuntos como el notorio arraigo, la asistencia religiosa (en el sentido de que los representantes de los credos puedan acceder con libertad a prisiones, hospitales y cuarteles), la enseñanza religiosa y la libertad de conciencia, pues se parte de la premisa de que no puede haber discriminación entre los que creen y lo que no.
La primera discrepancia que invocan los católicos atañe a la oportunidad y necesidad de la ley. Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, subraya que «en materia de derechos fundamentales, la reforma de las leyes que los tutelan solamente tienen sentido si es para potenciarlos». «Ahora bien, cuando una reforma lo que pretende -directa o indirectamente- es restringir la primera de las libertades, esto es, la libertad religiosa, me parece contraproducente», arguye el experto. El Gobierno parte del principio constitucional de que ninguna confesión tendrá carácter estatal (artículo 16.3 de la Constitución), del que emana el postulado a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado. De la exposición de Contreras se sigue que el poder público no puede tener símbolos religiosos. «Los poderes públicos son neutrales, las creencias las tienen las personas, nunca las instituciones», remacha el director general de Relaciones con la Confesiones. En consecuencia, en las tomas de posesión oficiales de altos cargos públicos se podrá prescindir del crucifijo y la Biblia. «El que esté un crucifijo en estos actos forma parte de la tradición. Se presupone que el que jura o promete es católico. Pero ¿y si mañana el que jura o promete es musulmán?, ¿va a jurar o prometer delante de la Biblia?», se pregunta Contreras. A su juicio, quien toma posesión de un cargo se compromete a cumplir fielmente las obligaciones inherentes a él. «Para eso no hay ninguna necesidad [de crucifijo]. Eso irá dentro de su propia conciencia»
Constitución, bandera y Rey
A decir de Óscar Celador, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Carlos III de Madrid, si se respeta el espíritu de la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, que aboga por la supresión del crucifijo en la escuela pública, «los únicos símbolos que puede haber son los compartidos por todos, como la Constitución, la bandera y el Rey, no los símbolos mayoritarios». En cuanto a las tomas de posesión, el servidor público «se compromete con el pacto constitucional, no con una Iglesia». Tanta normativa asusta a Jorge Otaduy, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Ya por principio Otaduy opina que el laicismo es connatural a la ideología socialista, «tanto por su pensamiento estatista como por su pretensión de expropiación del espacio público». El experto destaca un problema que ha de afrontar el legislador. «Tan espacio público es un centro escolar como una iglesia. ¿Qué se pretende entonces, ocultar las iglesias o eliminar los campanarios?», sostiene.
La Conferencia Episcopal guarda silencio hasta que haya al menos un anteproyecto legislativo sobre la mesa. Mientras tanto, se abstiene de emitir un juicio. Con todo, se presupone que su dictamen será negativo si se atiende a los escasos obispos que a título particular han opinado sobre la cuestión. Es el caso del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien teme que el Ejecutivo aproveche la iniciativa para «eliminar del ámbito público cualquier manifestación religiosa». Fernández advierte de que si la reforma apuesta por el «laicismo radical, «el que mira el hecho religioso como algo sospechosos y nocivo para la sociedad, tememos que la mayoría parlamentaria sirva para atropellar derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce, y se produzca una regresión en el campo de la libertades».
