Los crucifijos, de las aulas al juzgado

Cuatro padres del colegio público Macías Picavea de Valladolid promueven la primera denuncia ante los tribunales en España por la presencia de símbolos religiosos en la escuela – Alegan que vulneran la Constitución

Los crucifijos y demás símbolos religiosos del colegio público Macías Picavea de Valladolid se encuentran en los tribunales, después de que cuatro padres de alumnos del centro educativo solicitaron su retirada en el curso 2005. Pero tanto el consejo escolar del colegio, primero, como la Consejería de Educación de Castilla y León, después, rechazaron la propuesta. Por ello, los padres, con el respaldo de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) decidieron acudir, ya en mayo de 2006 y por primera vez en España, a la vía de lo contencioso-administrativo, que dio lugar al juicio celebrado ayer. El fallo se emitirá «en diez o quince días», según aseguró el portavoz de ACEL, Fernando Pastor.

   «Hicimos todo lo para que nos escucharan sin tener que llegar a este extremo, pero ante los continuos rechazos decidimos llevar el caso a los tribunales con una demanda contencioso administrativa», explicó Pastor. Después de la vista del juicio celebrado ayer, en el que se escucharon las alegaciones de los abogados de cada parte, será el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Valladolid el que decida si deben retirarse o no los crucifijos.

   Vulneran derechos
   Los padres demandantes alegan que estos símbolos vulneran derechos fundamentales como la libertad de conciencia y principios constitucionales como el de separación Iglesia-Estado y obligación de neutralidad ideológica de la Administración, además de considerar que no tiene sentido «la presencia de simbología confesional en centros públicos, pues es incompatible con el estado aconfesional que establece la Constitución».

   Precisan que «el artículo 16 de la Carta Magna dice ‘‘ninguna confesión tendrá carácter estatal’’, pero añade que los poderes públicos ‘‘tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones’’».

   Al respecto, la confederación de padres católicos (Concapa) puntualizó que nuestro estado aconfesional tiene «raíces y tradiciones cristianas muy arraigadas que no se pueden eliminar de un día para otro». «Llevar un caso como éste a los tribunales me parece absurdo. Si se plantean algo así, deberían preguntarse por qué descansan los domingos, por qué no van a trabajar el día de navidad o el viernes santo. Es que si tenemos en cuenta esto tendríamos que replantearnos la Historia porque no podríamos decir, por ejemplo, sucedió en el siglo III antes de Cristo», argumentó Roberto Caramazana, secretario general de la confederación.

   «El crucifijo para unos es un elemento religioso que, incluso, puede ayudarles en un examen de matemáticas, y para los otros un elemento más del centro. No creo que perjudique a nadie», concluyó Caramazana.

   Antes de las comparecencias de los letrados en los juzgados, el consejero de Educación, Javier Álvarez Guisasola, remitió a los consejos escolares la potestad de suprimir o mantener en los centros educativos los símbolos religiosos. «Consideramos que el consejo escolar es quien debe decidir sobre este aspecto puesto que se trata del órgano de gobierno (de cada centro) en donde está representada toda la comunidad educativa», explicó el consejero. «En cualquier caso -concluyó-, seré respetuoso con lo que diga la justicia como hemos hecho siempre, pero prefiero no opinar».

   Las familias solicitantes no están de acuerdo en que sea competencia del centro decidir si se quitan los crucifijos. «La ley dice que los símbolos que pueden estar en centros públicos son los representativos del Estado. Por este motivo, no creemos que el consejo escolar pueda decidir que un símbolo confesional sea patrimonio del Estado», aseguró Fernando Pastor.

   Consideran, además, que al contradecir el principio de neutralidad ideológica, que debe mantener la Administración en centros de titularidad pública, se establece una discriminación por motivos religiosos.

   Los padres consideran que de esta manera se establecen dos categorías de ciudadanos, por un lado, los de «primera, que pueden colocar sus símbolos en lugares comunes en los que la asistencia es a la vez un derecho y un deber para todos los alumnos; y los de segunda, que no solamente no pueden colocar sus símbolos, sino que tienen que soportar los de los demás como si se tratase de una situación normal, pese a que sus opciones de conciencia sean al menos tan legítimas como la representada por los símbolos existentes», aseguró el portavoz de ACEL.

   La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) apoyan la decisión de los padres del colegio público Macías Picavea y basan su respaldo argumentando que «la religión pertenece al espacio privado de la familias». «Estamos en un estado aconfesional y en los lugares públicos no puede haber ostentación de ningún tipo de símbolos y, más aún si se trata de un colegio», añadió Lola Abelló, presidenta de Ceapa.

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