A veces las víctimas rompen el silencio y salen a la luz los aberrantes abusos y violaciones de curas pedófilos.
Veintidós niños del Instituto Provolo, un internado para chicos hipoacúsicos dependiente del Arzobispado de Mendoza, denunciaron ser abusados. Se animaron a enfrentar a las jerarquías de la Iglesia Católica, al Arzobispado, la Justicia, el gobierno provincial, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Desarrollo Social, organismos del Estado provincial que estaban a cargo del Instituto. Todos ellos, de una manera u otra, responsables del encubrimiento.
Pese a las decenas de denuncias presentadas, la cúpula eclesiástica insiste en deslindarse de toda responsabilidad. Sin embargo una denuncia en 2008 por abuso en el mismo instituto y los antecedentes del cura Nicola Corradi en el Instituto Provolo de Verona, Italia, no podían ser ajenos al Arzobispo provincial. Corradi había sido acusado de abusar, entre 1955 y 1984, a niños y jóvenes sordos. Allí los curas involucrados fueron cerca de 130 y algunos de ellos fueron trasladados a La Plata y Mendoza.
Sin embargo, la insólita defensa que esgrime el Arzobispado es que “en 1996 (año en que el religioso europeo llegó a Argentina) no era tan común el acceso a internet”.
Legislatura mendocina
En la audiencia pública que realizamos desde el PTS-FIT en la legislatura, se pudo escuchar a Alejandra, de Padres Autoconvocados de niños jóvenes y adultos con discapacidad, decir: “Indignan las acciones dilatorias, pedimos que el Estado forme urgente un equipo interdisciplinario”. Al día de hoy los niños no cuentan con asistencia psicológica, ni intérpretes de señas suficientes para declarar.
Sergio Salinas integrante de la asociación Xumek, responsabilizó a la Justicia y al Estado provincial por la denuncia realizada por una madre en 2008 por abusos contra su hijo en el instituto, y donde no se investigó debidamente el hecho. Y Carlos Lombardi, abogado de la Red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico de la Argentina, dijo: “Los miembros de la curia no son embajadores, los cuáles sí tienen un trato diferenciado y directo con la Nación y la canciller. Los legisladores tendrían que haber insistido para que el arzobispo se presente y de explicaciones en la Legislatura.”
La genuflexión de los poderes públicos
El Arzobispo fue citado a la legislatura mendocina a dar explicaciones. No solo dijo que no se presentaría en el poder legislativo, sino que de forma secreta, se reunió con legisladores de la UCR y el PJ en su despacho a puertas cerradas, sin prensa ni familiares. Indignación era lo menos que podía causar, y así lo hicieron sentir los padres y madres de las víctimas de esta institución y su conspiración del silencio.
Claro que el FIT no participó y denunció junto a los padres la oscuridad de esta reunión y por esto un senador de la UCR me atacó en twitter, lo que fue replicado por los medios.
Los conspiradores del silencio
¿Es que acaso el papa Francisco no iba a tomar cartas en el asunto contra los curas pedófilos?
Difícil creerlo cuando él mismo, mientras fue Arzobispo de Buenos Aires, encubrió al cura abusador de Quilmes, Rubén Pardo. Quien solo fue amonestado por violar el sexto mandamiento de la Iglesia, es decir por violar el celibato, no por sus crímenes aberrantes. Este cura murió impune.
El cura Grassi recién 10 años después fue condenado y, al día de hoy, la Iglesia le permite oficiar misa.
El poder de la Iglesia
No solo Corradi pudo escapar de Europa para continuar abusando de niños. Raúl del Castillo, miembro de la congregación salesiana, y director del Colegio Don Bosco fue denunciado por abuso de un joven de 14 años. Luego se refugió en Paraguay, donde continúa dando misa. El Sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado en San Rafael Mendoza, fue denunciado por seminaristas y trasladado para retirarse a un monasterio en España.
Solo en Estados Unidos se estima que fueron abusados 100.000 niños y niñas, por lo que el Vaticano tuvo que indemnizar algunas de esas víctimas.
La Iglesia Católica utilizó el mismo modus operandi con los curas involucrados en la última dictadura militar argentina. La justicia italiana se niega a cumplir el pedido de extradición que recae sobre Revérberi, que vive en una Iglesia de Parma, donde continúa realizando confesiones y dando misa pese a ser acusado de participar en torturas en San Rafael durante la dictadura.
Algo que no debería asombrar si recordamos que los sumos pontífices apoyaron a Hitler y a Mussolini, incluso sirvieron a la dictadura de Franco en España.
Los privilegios, base de la impunidad para seguir abusando
Son los privilegios de la Iglesia Católica que le otorgan impunidad. Recibe subsidios millonarios por parte del Estado, con los impuestos que pagamos todos independientemente de nuestras creencias.
En nuestro país, además, cuentan con tres leyes pilares fundamentales en el que basan sus privilegios: La Ley 17.032 de la dictadura de Onganía, que le da la posibilidad de “autojuzgarse”; el inciso 6 del artículo 146 del Código Civil, que reconoce a la Iglesia Católica como una persona jurídica pública, es decir como un Estado; y las leyes 21.950, 22.552 (de la última dictadura) y 21.540 que autoriza se les abone un sueldo a la jerarquía eclesiástica, equivalentes a un porcentaje de la dieta de un juez de primera instancia.
La hipocresía que no se tolera
Indigna que encima esta institución se pretenda la garante de la moral cuando el párroco Jorge Gómez de Malargüe, en Mendoza en el año 2011 dijo: “Violar la fe es 10 mil veces más grave que violar menores o una hija”, o en General Alvear tachan los carteles de #NiUnaMenos y nos tratan de asesinas. Es la jerarquía eclesiástica la que presiona para que no se aplique la Ley de Educación Sexual en las escuelas, que prohíbe la profilaxis, que se opuso al matrimonio igualitario. Es esta institución la principal opositora a la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Prohibición que se cobra la vida de 300 mujeres al año, la mayoría de ellas pobres. Se inmiscuyen en asuntos de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de las políticas públicas pero ellos están lejos de todo control y juzgamiento social, que uno no puede más que sentir repugnancia ante tal hipocresía.
Es fundamental la separación de la Iglesia y el Estado
Los marxistas y socialistas creemos que está vigente el planteo de Lenin: “El Estado nada tiene que ver con la religión, y las sociedades religiosas no deben estar vinculadas con el poder estatal. Toda persona debe ser completamente libre de profesar la religión que le plazca o de no reconocer ninguna religión” (Lenin, Socialismo y religión).
En este sentido pusimos en legislatura de Mendoza a disposición el proyecto de ley que presentó mi compañera Myriam Bregman en el Congreso Nacional de Derogación Privilegios de la Iglesia, así como acompañamos a las víctimas y familiares en la búsqueda de verdad y justicia.
FOTO: Visita secreta de legisladores de la UCR y el PJ al Arzobispado
Los crímenes de la Iglesia y los conspiradores del silencio
Ya son veinticinco niños del Instituto Provolo de Mendoza, el internado para chicos hipoacúsicos dependiente del Arzobispado, que denunciaron ser abusados. Los últimos testimonios llegan a denunciar zoofilia. Niños y niñas que se animaron a enfrentar a las jerarquías de la Iglesia Católica, al Arzobispado, la Justicia, el gobierno provincial, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Desarrollo Social, organismos del Estado provincial que estaban a cargo del Instituto. Todos ellos, de una manera u otra, responsables del encubrimiento.
Pese a las decenas de denuncias presentadas, la cúpula eclesiástica insiste en deslindarse de toda responsabilidad. Sin embargo una denuncia en 2008 por abuso en el mismo instituto y los antecedentes del cura Nicola Corradi en el Instituto Provolo de Verona, Italia, no podían ser ajenos al Arzobispo provincial. Corradi había sido acusado de abusar, entre 1955 y 1984, a niños y jóvenes sordos. Allí los curas involucrados fueron cerca de 130 y algunos de ellos fueron trasladados a La Plata y Mendoza.
La insólita defensa que esgrime el Arzobispado es que “en 1996 no era tan común el acceso a internet”.
En estos días se conocieron denuncias contra Corradi en el Instituto de La Plata, donde habría estado entre 1984 y 1997.
En la audiencia pública que realizamos desde el PTS-FIT en la legislatura, se pudo escuchar a Alejandra, de Padres Autoconvocados de niños jóvenes y adultos con discapacidad, decir: “Indignan las acciones dilatorias, pedimos que el Estado forme urgente un equipo interdisciplinario”.
Sergio Salinas integrante de la asociación Xumek, responsabilizó a la Justicia y al Estado provincial por la denuncia realizada por una madre en 2008 por abusos contra su hijo en el instituto, y donde no se investigó debidamente el hecho. En esa ocasión la justicia había podido constatar que había otra denuncia y que se había “resuelto institucionalmente” cambiando de tareas al abusador.
La genuflexión de los poderes públicos
El Arzobispo fue citado a la legislatura mendocina a dar explicaciones. No solo dijo que no se presentaría en el poder legislativo, sino que de forma secreta, se reunió con legisladores de la UCR y el PJ en su despacho a puertas cerradas, sin prensa ni familiares. Indignación era lo menos que podía causar, y así lo hicieron sentir los padres y madres de las víctimas de esta institución y su conspiración del silencio. Prometió realizar a futuro análisis psicológico a los curas, pero lo cierto es que docentes de escuelas religiosas denuncian que sólo se los están exigiendo a los que dan materias curriculares y no los que imparten materias como “Educación cristiana”. Hasta en estos papeleos y análisis encuentran privilegios.
Claro que el FIT no participó y denunció junto a los padres la oscuridad de esta reunión y por esto un senador de la UCR me atacó en twitter, lo que fue replicado por los medios.
Como dijo Carlos Lombardi, abogado de la Red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico de la Argentina, en la audiencia pública: “Los miembros de la curia no son embajadores, los cuáles si tienen un trato diferenciado y directo con la Nación y la canciller. Los legisladores tendrían que haber insistido para que el arzobispo se presente y de explicaciones en la Legislatura.” Pero muchos de ellos prefirieron sacarse la foto.
Los conspiradores del silencio
¿Es que acaso el papa Francisco no iba a tomar cartas en el asunto contra los curas pedófilos?
Difícil creerlo cuando él mismo, mientras fue Arzobispo de Buenos Aires, encubrió al cura abusador de Quilmes, Rubén Pardo. Quien solo fue amonestado por violar el sexto mandamiento de la Iglesia, es decir por violar el celibato, no por sus crímenes aberrantes. Este cura murió impune.
El cura Grassi recién 10 años después fue condenado y, al día de hoy, la Iglesia le permite oficiar misa. Mientras Scioli fue gobernador de Bs As, Grassi también fue denunciado porque tras las rejas y con la complicidad de autoridades del penal, desviaba fondos de la Fundación Felices los niños para tener una estadía de privilegio.
Como puede leerse aquí, “una comisión investigadora creada por el Papa Ratzinger había certificado en 2009 que Corradi había abusado de niñas y niños entre 1955 y 1984 en el Instituto Provolo de Verona. (…) La filial italiana de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico produjo en mayo de 2014 un video titulado Yo acuso. Allí 17 personas de entre 18 y 64 años le piden a Bergoglio que haga algo.”
Respecto al caso de Mendoza La Nación logró entrevistar al reverendo Hans Zollenr, miembro de la comisión para la protección de menores creada por el Papa hace dos años, quien dijo sobre las denuncias que “En los últimos años, entre 400 y 500 casos fueron enviados anualmente a la Santa Sede”. Para ello cuentan con sólo diez personas y se dedican a dar charlas por el mundo para detectar los casos. Nada dice en la entrevista de cuántos han ido presos, o a cuántos se les han quitado siquiera sus privilegios de cura. Claro que excusa al sumo pontífice:”Pero, con todo respeto, el Papa no puede controlar todo.”
El modus operandi de ayer y hoy
Amparados en leyes, tienen impunidad para no someterse en ningún poder público y así los traslados a otras regiones o países completan el modus operandi de la Iglesia Católica que tiene cientos de denuncias en todo el mundo por abusos y violaciones a menores. Sólo en EE.UU se estima que fueron abusados 100.000 niños y niñas, por lo que el Vaticano tuvo que indemnizar algunas de esas víctimas.
En Mendoza no sólo Corradi pudo escapar de Europa para continuar abusando de niños. Raúl del Castillo, miembro de la congregación salesiana, y director del Colegio Don Bosco fue denunciado por abuso de un joven de 14 años. Luego se refugió en Paraguay, donde continúa dando misa. El Sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado en San Rafael Mendoza, fue denunciado por seminaristas y trasladado para retirarse a un monasterio en España. Y la lista continúa.
La Iglesia Católica utilizó el mismo modus operandi con los curas involucrados en la última dictadura militar argentina. La justicia italiana se niega a cumplir el pedido de extradición que recae sobre Revérberi, que vive en una Iglesia de Parma, donde continúa realizando confesiones y dando misa pese a ser acusado de participar en torturas en San Rafael durante la dictadura.
Algo que no debería extrañar ya que hasta Von Wernich, sigue siendo cura, pese a estar condenado por haber colaborado con el genocidio.
Pese a que las denuncias en este sentido continúan, vale resaltar dos casos donde detrás de la moral de las supuestas buenas costumbres de esta institución se nos devela su verdadera cara. Uno es el caso del Movimiento Familiar Cristiano que participó del robo de bebés a los desaparecidos, y estaba acreditada por el episcopado. Era la encargada de hacer los papeleos necesarios para la apropiación de los hijos de los desaparecidos. Otro es el del Comando Moralizador Pio XII en Mendoza que llevaba a cabo acciones que incluían, además de los atentados con bombas a clubes nocturnos y cabarets, la persecución y asesinato de mujeres en situación de prostitución.
El poder de la Iglesia al servicio del poder
La Iglesia Católica tiene muchísimo poder. El Vaticano tiene su propio banco y una enorme riqueza. En Gran Bretaña, por ejemplo, es una de las mayores terratenientes. Y en Italia y España posee cientos de propiedades.
Esta institución antigua fue la que quemó en la hoguera a 60.000 “brujas” en la Inquisición, sometió a los pueblos originarios de nuestro continente, y en este siglo estuvo del lado de la reacción. El Papa Pío XIII apoyó a Hitler y Mussolini. Cuando Hitler sufrió un atentado, en la prensa católica se hablaba de la milagrosa providencia que lo había protegido. (Ver Alan Woods, El marxismo y la religión)
Así como sirvió a la dictadura de Franco en España. Y esta vez no sólo bendecían al ejército para masacrar a trabajadores y campesinos, sino que ‘cazaron´ a sus hijos. Los niños y niñas ‘hijos del pecado’ eran internados en centros gestionados por religiosos. En una reciente investigación de Ricard Belis y Montse Armengou, que publicaron en ‘Los internados del miedo’ se pueden ver decenas de testimonios de víctimas de violaciones, abusos, torturas, operaciones experimentales, ventas e incluso trabajo esclavo del que se favorecían empresarios.
Los privilegios, base de la impunidad para seguir abusando
Son los privilegios de la Iglesia Católica que le otorgan impunidad. Recibe subsidios millonarios por parte del Estado, con los impuestos que pagamos todos independientemente de nuestras creencias. El 60% de los subsidios a la educación privada van para las escuelas católicas. Cuenta con extensiones impositivas, incluso aduaneras. Además del dinero que les destinan los gobiernos provinciales y municipales para asistencia social y caridad.
A propósito de la polémica reforma de la ley 24660, vale recordar que en su artículo 156 establece que en todo establecimiento penitenciario se celebrará el culto católico y en el 157 que los capellanes tendrán a su cargo la guía espiritual de los presos.
En cada sector de la sociedad tienen peso, incluso en las Fuerzas Armadas con el servicio religioso castrense.
Pero cuentan con tres leyes pilares fundamentales en el que basan sus privilegios: La Ley 17.032 de la dictadura de Onganía, que le da la posibilidad de “autojuzgarse”; el inciso 6 del artículo 146 del Código Civil, que reconoce a la Iglesia Católica como una persona jurídica pública, es decir como un Estado; y las leyes 21.950, 22.552 (de la última dictadura) y 21.540 que autoriza se les abone un sueldo a la jerarquía eclesiástica, equivalentes a un porcentaje de la dieta de un juez de primera instancia.
Es gracias a estas leyes que un sacerdote de Mendoza pudo decir en estos días: “El sacerdote que viola no debe ser juzgado por la ley de los hombres sino ser juzgado por la iglesia”
La hipocresía que no se tolera
Indigna que encima esta institución se pretenda la garante de la moral cuando el párroco Jorge Gómez de Malargüe, en Mendoza en el año 2011 dijo: “Violar la fe es 10 mil veces más grave que violar menores o una hija”, “La violación de la fe es peor que un delito, si una sociedad empieza a reírse de la fe, esa sociedad ya está destruida”.
En General Alvear tachan los carteles de #NiUnaMenos y nos tratan de asesinas. Es la jerarquía eclesiástica la que presiona para que no se aplique la Ley de Educación Sexual en las escuelas, que prohíbe la profilaxis, que se opuso al matrimonio igualitario. Es esta institución la principal opositora a la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Prohibición que se cobra la vida de 300 mujeres al año, la mayoría de ellas pobres. Se inmiscuyen en asuntos de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de las políticas públicas pero ellos están lejos de todo control y juzgamiento, que uno no puede más que sentir repugnancia ante tal hipocresía.
Es fundamental la separación de la Iglesia y el Estado
En la Gran Revolución Francesa, la República que luchó contra el Estado Absolutista identificó a la Iglesia como aliada de ésta, y fue contra el poder eclesiástico. Pero este enfrentamiento a medida que la clase obrera se empezó a ver como amenazante, dio paso a la alianza para perpetuar el poder burgués. Especialmente luego de la Comuna de París que proclamó abiertamente la separación de la Iglesia y el Estado.
En la actualidad, si bien en muchos países el Estado ya no financia directamente a la Iglesia Católica, tiene numerosos lazos de unión y lugares de poder e impunidad.
Los marxistas y socialistas creemos que está vigente el planteo de Lenin: “El Estado nada tiene que ver con la religión, y las sociedades religiosas no deben estar vinculadas con el poder estatal. Toda persona debe ser completamente libre de profesar la religión que le plazca o de no reconocer ninguna religión” (Lenin, Socialismo y religión).
En este sentido pusimos en legislatura de Mendoza a disposición el proyecto de ley que presentó antes de rotar mi compañera Myriam Bregman en el Congreso Nacional de Derogación Privilegios de la Iglesia, así como acompañamos a las víctimas y familiares en la búsqueda de verdad y justicia.
