Los corren de sus tierras en Chiapas por su religión

La violencia y las expulsiones por motivos religiosos, en las zonas indígenas de Chiapas, tienen una historia de casi cincuenta años de altibajos. Así, después de dos décadas de relativa calma, este tipo de conflictos se agudizó nuevamente durante el gobierno de Juan Sabines, entre los años 2006 y 2012, lo que derivó en desplazamientos forzados de familias evangélicas en diez comunidades.

El más reciente caso, sucedió el 17 de agosto de 2017, en el actual gobierno, cuando seis familias evangélicas fueron expulsadas del ejido Ya’ altzi Tres Lagunas, municipio de Comitán, por lo que se mantiene una mesa de negociación, promovida por la subsecretaría de Asuntos Religiosos, sin que a la fecha se hayan logrado acuerdos que permitan el retorno de estas familias.

Desde las primeras expulsiones masivas de evangélicos registradas entre 1974 y 1976 en San Juan Chamula, los conflictos por motivos religiosos han registrado oleadas, es decir, alzas y bajas intempestivas.

Muchos enfrentamientos intercomunitarios se presentan, en un primer momento, como producto “de diferencias religiosas”, aunque su verdadero origen son conflictos políticos o económicos. “En épocas electorales, resurgen los conflictos religiosos”, afirma el pastor Jorge Alberto Gutiérrez, presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Chiapas.

Desplazados de los ejidos Puebla Chenalhó, Shulvó Zinacantán, Tenango y Cintalapa esperan llegar a la explanada central de Tuxtla Gutiérrez

El municipio de Las Margaritas fue escenario de conflictos religiosos durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.

El 8 de octubre de 2000 fueron expulsadas 25 familias evangélicas en el ejido Justo Sierra y el 6 de octubre de 2004 se registró otro desplazamiento forzado en la comunidad “20 de Noviembre”.

El Consejo Interreligioso de Chiapas (CICH) nació en 1992, por iniciativa de un pastor adventista, cuando el gobierno federal convocó a los directivos de las diferentes religiones, en el contexto de la reforma constitucional y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y en esos años, entre 1991 y 2001 el número de conflictos religiosos representaron 69.32% del total registrado en cuatro décadas.

Ante este panorama, en donde está latente la violencia por presuntas diferencias religiosas, cada cuatro meses se reúnen los representantes legales de congregaciones bautistas, presbiterianos, adventistas, mormones, nazarenos, además de los católicos de las diócesis de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula, que conforman el CICH, y analizan los casos de intolerancia religiosa que se hubieran presentado en algunas comunidades, para tratar de ver de qué forma ayudan a solucionarlos.

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