La magistrada se declara competente pero solo actuará si se produce algún incidente el Jueves Santo.- Los denunciantes ratifican su acusación por “escarnio religioso”
Las tres asociaciones convocantes de la procesión atea que prohibió el pasado jueves la Delegación de Gobierno no tendrán que declarar ante la juez. La magistrada Coro Cillán, que se ha declarado competente en el asunto, solo actuará en caso de que este Jueves Santo se produzca algún incidente relacionado con la convocatoria.
La decisión se ha tomado después de que los 10 denunciantes, siete de ellos abogados, ratificaran su denuncia contra la Asamblea vecinal La Playa de Lavapiés, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y el colectivo Ateos en Lucha por un delito de "escarnio religioso".
"Si esta procesión atea incluyera imágenes gráficas de Jesús y la Virgen María de inequívoco contenido sexual, irreverente, de cualquier gesto soez, no cabe duda de que constituiría una voluntaria afrenta a las ideas de quienes profesamos, legítimamente, una religión, la religión católica", expone la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La polémica creada a raíz de la convocatoria de la primera "manifestación para promover el ideario ateo" parecía llegar a su fin con la prohibición de la Delegación de Gobierno, que el pasado jueves alegó hasta 11 razones para impedir su celebración. Pero ese mismo día, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid abrió diligencias por la denuncia interpuesta por 10 ciudadanos, a título individual. Cillán es la misma magistrada que envió al Ministerio del Interior un requerimiento en el que solicitaba la relación de miembros de los Tédax que participaron en la recogida de muestras de los atentados del 11-M y la que el mes pasado imputó a la presentadora Ana Rosa Quintana por la entrevista a la esposa del asesino de Mari Luz Cortés.
Sobre los convocantes pesan otras dos denuncias, pero los jueces aún no se han pronunciado sobre ellas. Se trata de la querella presentada por la Asociación Estatal de Abogados Cristianos, que acusa a los organizadores de "enaltecimiento del terrorismo", y la del colectivo HazteOir.org, que los denuncia por un delito de "genocidio".
