La presidenta del PP valenciano y portavoz en las Corts Valencianes nos ha informado de la voluntad de su partido de «llevar a los tribunales los vetos a que los ediles vayan a procesiones». Por lo leído, Isabel Bonig no se ha expresado con la claridad suficiente, ya que no creo que haya nadie que se atreva a prohibir que un concejal vaya a una procesión o un acto religioso cualquiera. En realidad, está reclamando que los concejales de su partido, o de cualquier otro, puedan asistir como concejales, y en la presidencia si se lo permiten, a cualquier acto religioso independientemente de la voluntad del órgano de gobierno de la entidad a que pertenezcan.
La representación del Ayuntamiento siempre la ha ostentado el alcalde o la persona en que delegara y nunca un concejal o diputado ha podido atribuirse a sí mismo esta facultad. Si se quiere ir a un acto religioso ostentando su cargo como representación, en contra de la voluntad del alcalde, debe ir a la fila como un devoto más.
En alguna ocasión, por desgracia, hemos visto que se solicitaba esta representación por personas que antes de ser elegidas nunca se las había ocurrido participar en este tipo de actos. Es lamentable que el único motivo de querer asistir ahora sea puramente electoral, ya que piensan, erróneamente, que ello les puede reportar algún voto.
Es erróneo afirmar que se desea participar en una procesión porque es un acto religioso que afecta a toda la sociedad. Va todo el pueblo, dicen algunos, y el alcalde y los concejales que les representan deben estar con el pueblo y la tradición. Este argumento se cae por su peso si reflexionamos sobre la parte de ese pueblo que va a una procesión. No hay datos que yo conozca, pero imagino que, en este acto religioso, no participará ni el 1 % de la población total.
Soy de los que creen que la política debe estar separada de la religión, pero ello no significa que critique ahora a aquellos alcaldes o concejales que, debidamente autorizados por su corporación, asistan a cualquier acto religioso. Cada uno sabe cuáles son sus circunstancias y hace lo que cree más conveniente.
Hace casi 35 años, en 1979, fui elegido presidente de la Diputación Provincial de Valencia. Era un 26 de abril. Pocos días después el arzobispo de Valencia me invitó a asistir a la procesión de la Virgen de los Desamparados patrona de la ciudad de Valencia, «como siempre había sido». Agradecí su amable invitación pero le dije que no asistiría porque creía que la política y la religión debían ir separados, aunque respetándose. Y no pasó nada. Nadie se escandalizó ni censuró la ausencia del presidente de la Diputación en la presidencia de la procesión. Tan solo el periódico Levante del 13 de mayo informaba de que no habría presencia corporativa en la procesión. Los diputados de UCD pensaban asistir «aunque, claro está, sin ningún atributo corporativo y sin la ostentación de representación alguna».
Ni en los cuatro años que estuve en la diputación, ni en los seis años que fui alcalde de Sagunt asistí a ningún acto religioso. Nadie me censuró nunca esta actitud y no será porque no se censuraban otras muchas cosas, como es natural y debe ser. Por eso lamento tanto haber leído que se quiere modificar, en los tribunales, lo que ha funcionado normalmente hasta ahora. Lamento que sea noticia diaria que en tal pueblo o ciudad la corporación ha hecho esto o aquello en las fiestas. Muchos católicos de base comparten la separación de la Iglesia y el Estado y se sienten ofendidos cuando ven en la presidencia de sus actos religiosos a autoridades que solo van a la busca de un voto más.
Insisto en mi respeto a todos los que acuden a actos religiosos y a los que no van. Pero nadie puede marcarse faroles con ambición electoral sin que se denuncie el retroceso democrático que ello supone. Podríamos llegar, si se sigue retrocediendo, a la situación anterior a la democracia y que, de facto, fuera obligatoria la asistencia. ¡Dios no lo quiera!
