Los colegios religiosos rehúsan acudir a la marcha contra la LOE

La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (Fere), la gran patronal católica de la enseñanza concertada, que cuenta con más de 2.000 centros y 1,5 millones de alumnos, se desmarcó ayer de manera significativa, aunque no definitiva, de la marcha contra la ley orgánica de Educación (LOE), convocada para el 12 de noviembre. La protesta ha sido respaldada por siete organizaciones católicas y la Conferencia Episcopal.

    El presidente de la FERE, Manuel de Castro, argumentó su decisión durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados en que todavía existen cauces de diálogo con el Gobierno. "Apostamos por un pacto escolar que deje la educación al margen de las disputas políticas. El pacto sólo será posible con un acuerdo de las grandes fuerzas políticas", defendió De Castro.

SENTIDO COMÚN

   El máximo representante de los colegios religiosos, con gran implantación en el País Vasco, Catalunya, Navarra y La Rioja, reclamó "sentido común" para abordar las necesidades y los problemas de la escuela.

Sin embargo, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), convocante de la protesta, y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), a la que pertenecen numerosos colegios del Opus Dei, tacharon de "inaceptable" el anteproyecto y pidieron su paralización "inmediata", puesto que "todos están en contra". Sus presidentes, Luis Carbonel e Isabel Bazo, centraron las críticas en que la futura ley no combate el fracaso escolar y atenta contra derechos fundamentales como la enseñanza de la Religión y la libre elección de centro.

Lola Abelló, presidenta de la confederación mayoritaria de padres de alumnos, CEAPA, de carácter laico y defensora de la escuela pública, pidió a los diputados que la clase de Religión salga del horario lectivo, un esfuerzo económico "mucho mayor", la conciliación de la vida laboral y familiar, la participación de los padres en las actividades de la escuela y el refuerzo de la lectura.

   Abelló reclamó que la ley incluya la no discriminación por razón de sexo y, por tanto, los diputados corrijan la contradicción de luchar contra la discriminación de género pero permita la existencia de centros concertados que no son mixtos.

TRASFONDO ECONÓMICO

   La presidenta de CEAPA denunció que tras la protesta anunciada hay un interés económico, ya que la libre elección de centros ya existe. "Pero no puede ser que la red concertada reciba fondos públicos y seleccione a su alumnado, porque, en la práctica, los que eligen centro son los que pueden pagar. La concertada no es gratis, hay cuotas, horas extraescolares y uniformes que se pagan", explicó Abelló. Según Ceapa, la LOE recoge medidas de control para que los centros que reciben dinero público participen en igualdad de condiciones en el servicio de la educación.

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