Mientras las congregaciones religiosas se unen para investigar todas las denuncias, la Conferencia Episcopal solo lo hará si se lo ordena el Papa
Los obispos no tienen memoria. O, al menos, no quieren tenerla respecto al drama de la pederastia clerical. Un grave delito, pero también un pecado, sancionado con la excomunión en el plano del derecho canónico. La Iglesia española asiste, timorata y silente, a un escándalo que durante décadas la institución se ha empeñado en silenciar.
¿Cuál es la radiografía de la pederastia clerical en España? El mapa es difícil de realizar, en buena medida porque ninguna de las 70 diócesis de nuestro país ha querido informar de los casos de abusos que se han producido en sus territorios en las últimas décadas.
De hecho, apenas se conocen -y a través de los medios de comunicación- medio centenar de casos juzgados en España relacionados con abusos sexuales en el interior de la Iglesia, cometidos por sacerdotes, religiosos o laicos con responsabilidades pastorales o educativas en centros católicos.
En las diócesis, nadie sabe nada, nadie dice nada. ¿Desconocimiento o encubrimiento? Es lo que se preguntan las víctimas. En los últimos meses, y a raíz del ‘caso Romanones’ -que culminó con la absolución, por falta de pruebas, el principal encausado-, varias víctimas decidieron romper su silencio.
En Salamanca, Astorga, Bilbao, Gaztelueta… cada vez son más las personas que, movidas por la ‘tolerancia cero’ auspiciada por el papa Francisco desde Roma, se animan a sacar a la luz sus experiencias de abusos a manos de responsables eclesiásticos.
“Los casos no han sido muchos”, decía en una reciente entrevista con Europa Press el nuevo portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. ¿Por qué en España no se conocen tantos casos como en otros países, como Irlanda, Estados Unidos, Australia o Alemania? “Nuestra hipótesis es que ha habido casos, aunque permanecen ocultos en su gran mayoría. No hay razones convincentes para suponer que en España ha habido en realidad menos casos, cuando los factores de riesgo han sido prácticamente los mismos, debiendo destacarse además el poder social que ha tenido la Iglesia durante mucho tiempo, lo cual más bien indicaría que ha contribuido a mantener la invisibilidad del fenómeno”, destaca Josep María Tamarit, investigador de la UOC, y coordinador de la primera investigación independiente que tratará de calcular el volumen de la lacra de los abusos en la Iglesia española desde 1965 a la actualidad.
“Una nueva oportunidad perdida”
El informe está siendo elaborado por expertos de la UOC, la Universidad del País Vasco y la de Barcelona, entre otras cuestiones porque la Conferencia Episcopal se niega, sistemáticamente, a hacer su propio ejercicio de memoria histórica con las víctimas. Así, el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE) apenas se compromete a hacerlo “si así lo decide el Papa”, pero no por voluntad propia.
Los obispos fían todo a las instrucciones que Francisco dé a los presidentes de los episcopados de todo el mundo en la reunión que mantendrán en febrero. “Es una nueva oportunidad perdida”, se lamenta un obispo español, que ve cómo, mientras la vida religiosa ya se ha organizado para atajar los casos de abusos sexuales, la Conferencia Episcopal limita su actuación a la creación de una Comisión Antipederastia presidida por el obispo de Astorga (acusado de encubrimiento por las víctimas), y cuyo único cometido es el de la prevención y la elaboración de nuevos protocolos de actuación, pero no una revisión de lo que se hizo mal, ni un ejercicio de toma de responsabilidades.
Tampoco se ha tenido en cuenta a las víctimas, lo que la Santa Sede ya se ha encargado de censurar. Este mismo martes, los responsables de la cumbre de febrero han urgido a los obispos de todo el mundo “a acercarse y visitar a víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países antes de la reunión de Roma, y aprender así de primera mano el sufrimiento que han soportado”. Algo que, en nuestro país, aún no ha sucedido.
Los religiosos han adelantado a la jerarquía por la izquierda. Así, la semana pasada, la Conferencia de Religiosos (Confer) reunió a todos los superiores de congregaciones religiosas españolas para unirse contra los abusos, y pedir perdón. En un un comunicado, la vida religiosa calificaba los abusos como “hechos doblemente graves: ante las leyes civiles y la sociedad, pero más aún ante la Iglesia, en cuanto han sido cometidos por personas que gozaban de la confianza de los padres, los mismos niños y jóvenes y de la comunidad eclesial”.
El comunicado se une a decisiones como la tomada por la Compañía de Jesús en España, que elaborará un informe sobre los casos de abusos cometidos en su seno desde los años 60, o de los claretianos, que acaban de lanzar el primer curso integral de protección de menores de la Iglesia española, con una especial participación de las víctimas.
Archivos cerrados
Mientras la Iglesia no abra sus archivos, la búsqueda de la verdad sobre la pederastia en España quedará coja. “El único estudio que ha hecho una aportación a la cuantificación del fenómeno fue una encuesta dirigida por Felix López en 1995, según el cual un 1% de la población española habría sido víctima de abusos sexuales en la infancia por parte de un religioso”, relata Tamarit.
Una cifra que, de ser cierta, podría haber alcanzado el medio millón de víctimas potenciales. “Es una exageración”, recalca un prelado, que prefiere no ser citado, y que habla de una suerte de ‘campaña mediática’ de ataques a la Iglesia.
Hablan las víctimas
Seguramente, el número sea infinitamente menor, pero lo cierto es que la opacidad de las instituciones eclesiásticas impide un verdadero ejercicio de transparencia y petición de perdón a las víctimas. “Piden credibilidad, pero no la tienen”, asegura Javier, víctima de abusos en La Bañeza, y que tuvo que escuchar cómo el obispo de Astorga le acusaba de poco menos que vender su dolor a cambio de dinero. Su insistencia obligó al Vaticano a reabrir su caso, y acabó con una condena a su abusador, Ramos Gordon, de apenas un año, que no llegó a cumplir.
Javier montó en cólera y denunció el caso ante los medios de comunicación.Finalmente, y tras la presentación de nuevas denuncias, Ramos Gordon fue “desterrado” de la diócesis durante diez años. Pero el Obispado no quiso hacerse cargo de indemnización alguna, ni reabrir la causa, pese a que más víctimas han denunciado abusos. “No puedo hacerlo, sería prevaricar”, argumentaba monseñor Menéndez. “Una muestra más de que no quieren mirar debajo de la alfombra”, lamenta Javier.
“Dicen que quieren cambiar las cosas, pero nosotros ya no les creemos”, asegura Juan Cuatrecasas, padre de ‘Asier’, menor abusado por un profesor, supernumerario del Opus Dei, en el colegio Gaztelueta, y condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 11 años de cárcel. Cuatrecasas critica duramente la actuación del obispo de Bilbao, Mario Iceta, “que no nos ha querido recibir y nos ha acusado de mentir”.
Hace unas semanas, Iceta afrontó con decisión un escándalo de abusos en los scouts de Bizkaia, apartando al religioso y entregando toda la documentación a la fiscalía. “Una buena noticia. Pero ¿qué pasa con los otros casos, los del pasado, en los que no quieren entrar?”, se pregunta Cuatrecasas. “Están intentando salvar la cara”, argumenta.
“El obispo de Salamanca me ofreció dinero a cambio de mi silencio”, denuncia Javier Paz, quien sufrió abusos en la capital del Tormes y que, tras varios años de denuncias, logró que su abusador fuera condenado. Esta semana ha solicitado a la diócesis una copia del expediente canónico de su caso, pues “no he recibido ninguna documentación que acredite que el juicio se produjo”.
Javier cuenta cómo él y el obispo, Carlos López, “mantuvimos algunas conversaciones durante varios años, entre 2011, 2012 y 2013, y él en un momento dado me dijo que las víctimas por el dolor y el sufrimiento que hemos pasado, y lo gravísimo de nuestra situación, tenemos derecho a una reparación de daños, pero cuando firmé el documento se me exigía que guardase silencio”. Algo a lo que ya no está dispuesto. De hecho, Javier, junto con otras víctimas, se ha encontrado en los últimos meses con miembros del Gobierno y de distintos partidos políticos para participar en la elaboración de la Ley de Violencia contra el Menor, y de la que la Iglesia, al menos oficialmente, dice no saber nada.
