LOE (Ley Orgánica de Educación. Análisis final

Advertencia previa: Las reflexiones que se desarrollan en este documento, son apreciaciones personales, sujetas a la mayor subjetividad, estando hechas, desde un punto de vista ideológico y no, desde los aspectos más técnicos y prácticos de la Ley. .En todo caso he tratado de ir a la raíz de la cuestión, desde mi, modesto conocimiento y experiencia.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE) ANáLISIS FINAL (ABRIL DE 2006)

Francisco Delgado Ruiz (*)

  1. INTRODUCCIÓN
  2. LA LOE NOS PLANTEA DUDAS RAZONABLES
  3. UNA MIRADA HACIA ATRÁS
  4. Y… LLEGAMOS AL DEBATE DE LA LOE
  5. A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL

1.- INTRODUCCIÓN

Una vez que el Parlamento, ha aprobado el texto definitivo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), pasamos a hacer un breve análisis definitivo del texto, antes de que llegue el trámite de los desarrollos, tanto a nivel estatal, como autonómico.

El documento que presento a continuación, fue elaborado en enero de 2006 y enviado a los miembros de la junta directiva de CEAPA, con la sugerencia de que se difundiera a las Federaciones y Confederaciones que representaban. Así mismo el documento, (sin el anexo I), fue enviado a diversas personas y entidades interesadas en analizar el texto y el proceso de debate de la LOE.

A lo largo de estos cuatro meses, se han recibido decenas de sugerencias y valoraciones del documento en sus diferentes momentos, fruto de todo ello nos permite hacer esta reflexión final, suavizando los términos al máximo, ya que estamos ante un texto definitivo. Por ello sólo nos queda trabajar para mejorar la situación en los desarrollos, en la medida de lo posible, a nivel de cada una de las CC AA que tiene la responsabilidad de ponerla en marcha.

Se ha tratado de hacer un análisis crítico, pero a la vez pragmático, en un momento en que la Educación y el Conocimiento son de vital importancia para el desarrollo económico, ético y social de la sociedad en la que vivimos y su futuro depende ello.

Me pregunto: ¿Hacia donde evoluciona el Sistema Educativo, en qué dirección&? Esto tiene que ver con una compleja red de valores, de posicionamientos políticos y económicos, de actitudes corporativas, de intereses religiosos& y de ello depende si el cambio va hacia delante, se estanca o significa, cualitativamente, un retroceso.

Unos planteamientos políticos neoliberales, que se basan en la privatización de todo, están afectando, también, a la escuela. Aquí el tema es más grave, porque, en mi opinión, se está configurando una compleja doble dualidad del Sistema, en la que una parte de escuela de titularidad pública corre el riesgo de quedar como residual y benéfica. La LOE puede rematar, desde el punto de vista legal, el proceso de privatización que se viene produciendo, desde hace una década.

La Ley viene a ser un compendio de la LOGSE y de la LOCE, con alguna incorporación novedosa, que trata de generar un cuerpo único legislativo, para dar una pretendida racionalidad y estabilidad al Sistema. Pero, en mi opinión, es un Ley en clave urbana y confesional, timorata en algunos temas importantes, que, además, no da solución concreta y eficaz a ciertos retos que tiene la sociedad del presente y del futuro.

2.- LA LOE NOS PLANTEA DUDAS RAZONABLES

Como antes hemos indicado, el pasado día 6 de abril el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Educación. Ley para este inicio del siglo XXI, que debería de cumplir los objetivos europeos del 2010 e ir mucho más allá.

Para el gobierno y los partidos que finalmente, la han apoyado (PSOE, ERC, PNV, IU-ICV y CC) la Ley ofrece un marco normativo moderno y exigente, que combate el fracaso escolar e impulsa la cohesión social, respeta las competencias de las CC AA, cuenta con el respaldo financiero adecuado, mejora la atención a la diversidad y los recursos para el alumnado con dificultades de aprendizaje y garantiza para la iniciativa privada (mayoritariamente de ideario católico) el estatus de Servicio Público y la confesionalidad de todo el Sistema, situación anhelada, desde hacía tiempo, por la derecha católica.

Me gustaría compartir con el Ministerio y con los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales y personas que la respaldan, su optimismo. Es evidente que tendrán sus razones societarias y políticas, pero a mi, personalmente, me plantea algunas dudas razonables. No obstante considero que no es correcto el doble lenguaje de algunas organizaciones, que han apoyado la Ley con pactos y votaciones y, después, en sus declaraciones públicas, en una huida hacia delante, para desagraviar a una parte de su base social, muestran su disconformidad con importantes aspectos de la misma.

Ciertamente era necesario configurar una Ley estable, que refundiera la prolija legislación, desde la LODE y aun anterior, ahora en el ámbito de unas competencias educativas descentralizadas y por lo tanto se precisaba del máximo consenso, pero, en esta ocasión, se ha hecho pagar un alto precio a la escuela pública y a la pretendida equidad educativa, quedando, además, para el desarrollo de la Ley algunos cabos sueltos, que, presumiblemente, vamos a lamentar.

También genera incertidumbre la destitución de la ministra Sansegundo al día siguiente de aprobarse la LOE. El hecho sugiere muchas interpretaciones, que se irán desvelando en los próximos meses, pero que tiene que ver con un planteamiento ambiguo de las políticas educativas, reforzando aun más la tesis de quienes pensamos que las cosas no se han hecho bien, desde el principio, además de que dan nuevos argumentos a las insaciables apetencias de los sectores católicos y más conservadores.

Sabemos que las leyes, por si mismas, no modifican el Modelo Educativo, sin embargo pueden contribuir a mejorarlo o a empeorarlo. Este se transforma, por ejemplo, a través de un suficiente y óptimo uso de los recursos; de apoyar la innovación y las buenas prácticas educativas; de la implicación, adaptación y formación del profesorado; así como de la asunción, sin prejuicios, de la democracia participativa, en igualdad.

Pero sobre todo de considerar, desde un punto de vista cultural, a la Educación como un Derecho fundamental, cuyo soporte requiere una escuela pública fuerte, de prestigio, a la que puedan acceder, en igualdad, todos los sectores sociales que la demanden: Con algunas cuestiones que introduce la Ley y la realidad actual, la escuela pública corre muchos riesgos y, más que nunca, está amenazada por la vacilación administrativa y política y por una fuerte competencia desleal.

Como consecuencia de mis diversas responsabilidades políticas y societarias, desde 1977, he tenido el privilegio de participar en la gestación y desarrollo de todas las leyes educativas de la democracia. Hoy, que duda cabe, que la educación ha evolucionado considerablemente, pero mucho más, desde el punto de vista cuantitativo, que desde los aspectos cualitativos.

El diagnóstico de la realidad actual, al inicio de la andadura de la LOE, no es muy halagüeño: Muy pocas familias se implican, realmente, ante la educación, más bien delegan y las que lo hacen, su labor es poco menos que una hazaña. Un importante porcentaje del profesorado no sólo está desmotivado, sino que consideran su tarea educadora, como un trabajo más, que podían ejercerlo, igualmente, en cualquier otro lugar, de la producción o de los servicios. Una considerable proporción del alumnado, sobre todo a partir de la educación secundaria, apenas encuentra alicientes en el centro escolar y consideran su asistencia a clase, más una obligación social, que una necesidad de desarrollo personal e intelectual; ello provoca un bajo rendimiento y un absentismo muy preocupante. Se han generado enormes diferencias entre centros y entre territorios. Asistimos a una acelerada privatización del derecho a la educación (que, ahora, la LOE legaliza y garantiza). Existe, se admita o no, una cierta segregación del alumnado por causas sociales, intelectuales, territoriales y en función de las concepciones morales o religiosas de sus familias. Hay dificultades para una buena convivencia y para ejercer la democracia participativa. Tenemos un currículo anticuado y poco flexible, cuyo apoyo, generalizado, es el ancestral libro de texto y unos tiempos escolares, escasos rígidos y poco prácticos. En la mayoría de los casos, los métodos de enseñanza aprendizaje están caducos. Los sistemas de evaluación del alumnado son poco motivadores. La integración escolar es muy débil. Se ha instalado un modelo de escuela rural en clave urbana, que ayuda muy poco a un desarrollo en equidad. Y, por último, desde el punto de vista ideológico nuestro sistema educativo reproduce la insolidaridad del sistema competitivo capitalista, en vez de compensar desigualdades intelectuales, sociales y territoriales.

Todo ello se une a que, quizá, el pensamiento y la intelectualidad están algo cansados de producir ideas y soluciones, que, sistemáticamente, se han ido esfumando por el sumidero de un pragmatismo neoliberal y durante el debate de la LOE ha permanecido, en general, sumiso y muy callado.

La LOE ¿Se convertirá en el marco político y jurídico, cuyo desarrollo ataje estas situaciones?: Parece ser que los grupos políticos y los sectores sociales que la han apoyado están convencidos de que SI, aunque algunos con muchas dudas. La derecha (aunque ha votado que NO, con la finalidad de mantener la tensión política) y el clero, en el fondo, se sienten muy cómodos con esta Ley, a pesar de que pretendían un modelo más selectivo. Y en el ámbito de los sectores más progresistas e innovadores históricamente, aquellos que más se han preocupado de hacer un diagnóstico realista y ofrecer soluciones democráticas e inclusivas, hay una fuerte preocupación.

Entonces: Cual es el CONSENSO REAL: Esta vez, quizá, aunque le hayan ascendido, "monsieur le plombie" no ha estado a la altura esperada: El futuro nos lo dirá.

El debate de la LOE se ha desarrollado en una situación política enrarecida y compleja e influida, una vez más, por el fuerte peso histórico de la doctrina católica. Desde el punto de vista mediático, se han ocultado las claves más importantes y se han resaltado aquellas cuestiones que más interesaban a ciertos grupos de poder, con la finalidad de confundir a la opinión pública y, una vez más, la Ley de Educación ha sido objeto de moneda de cambio político y eso nos pasará factura.

Si hacemos un análisis del texto de la Ley, éste apunta una serie de cuestiones que tienen que ver con el fomento de la diversidad, los apoyos a un mejor aprendizaje, la equidad, la convivencia, el compromiso de financiación (hasta el año 2012), así como otros aspectos que figuraban en la LOGSE y algunas otras novedades que corrigen leyes anteriores, fruto de un diagnóstico (quizá apresurado) de la realidad. En suma, aparecen una serie de fines y principios, con los que estamos totalmente de acuerdo, pero que estando, ya vigentes, desde la LODE y la LOGSE, en la práctica, actualmente, hay enormes dificultades para su cumplimiento: ¿Va a ser ahora diferente? Si aprobamos leyes, pero NO se actúa con rigor político y administrativo para su ejecución, seguiremos igual.

En que, estimamos, que la LOE falla: Sigue siendo una Ley en clave urbana, con difícil aplicación a la peculiaridad y diversidad rural. Al final sigue sin contemplar la compensación financiera interterritorial, como consecuencia del juego político nacionalista. Equipara el papel de la escuela de titularidad pública, con la escuela de titularidad privada concertada, cuando ésta responde (en un altísimo porcentaje) a negocios religiosos y económicos, con un intocable ideario propio, opaca, segregadora y con un funcionamiento autocrático; es decir se iguala en derechos, pero no en deberes, contraviniendo, claramente, diversos artículos de la Constitución. Apunta cuestiones para su desarrollo, pero NO entra, a fondo, a dar solución urgente a uno de los temas más importantes, como es la formación inicial y permanente del profesorado y la forma de acceso a la práctica docente. El avance hacia una real democracia participativa lo aparca y aunque otorga a los Consejos Escolares de Centro un peso mayor que en la LOCE, dejan de ser exclusivos órganos de gestión y gobierno de los centros, vulnerando el artículo 27.7 de la Constitución. Las Asociaciones de padres y madres y del alumnado no se contemplan, como entidades de derecho público, hecho que es un grave error… Además de que hay cuestiones o que no se abordan o, en su caso, se apuntan para un (posible) desarrollo posterior, cuando están significando una verdadera losa, para el desarrollo del Sistema Educativo.

La Ley insiste mucho en que la Educación es un Servicio Público, que lo es, pero no exclusivamente: Hay que recordar, que con el avance del neoliberalismo, los servicios públicos acaban, casi siempre, por ser privatizados (incluidos los trabajadores) en una parte más o menos considerable. Y pasan a ser financiados, directamente por la ciudadanía. Ahí radica una de las "trampas" y de las claves ideológicas más importantes, que nos lleva a sospechar que se está gestando una triple Red Educativa: Los sectores sociales que NO puedan, en su día, contribuir a financiarse el Servicio, se le ofrecerá, en su momento, una mínima Educación básica Benéfica. ¿Dónde quedaría la previsible cohesión social del Sistema?

Hay que hacer un primera y breve referencia sobre el perfil confesional de la Ley: No solo se financia, con carácter de exclusividad, el ideario de los centros católicos, sino que, además, se perturba, gravemente, la no confesionalidad del Estado (artículo 16 de la Constitución) y la libertad de pensamiento y de conciencia, al incluir (otra vez) la religión dentro del currículo y del horario lectivo obligatorio, aunque sea de forma voluntaria ¡faltaría más! Cuestión que va a generar innumerables problemas de organización y de vulneración de derechos fundamentales. El lastre histórico de la iglesia católica ha pesado como una losa, una vez más, reconociéndose (increíblemente) en la propia Ley orgánica, los (en origen) napoleónicos, isabelinos y franquistas Acuerdos con la Santa Sede de 1979, de flagrante inconstitucionalidad. Hecho que supone un disparate social y político y, más, en una situación de acelerada secularización social: Cuando, ya, la mitad de los jóvenes se declaran no católicos y la institución católica es la que les genera menos confianza.

Los poderes públicos deberían de conocer los problemas de la educación, pues el diagnóstico está hecho y las soluciones apuntadas. Lo que ocurre es que en España, en ocasiones, se pone al zorro a cuidar a las gallinas. Las leyes son un simple vehículo orientador de las políticas, pero mientras no rompamos y desarrollemos una verdadera cultura por una educación laica y democrática, como Derecho Universal, seguiremos en esta atonía lánguida, que puede acabar con la institución escolar en muy pocas décadas.

A pesar de todo, que no cunda ni la desesperación, ni el pesimismo. Tampoco el optimismo desmesurado: Hay que ponerse a trabajar con generosidad y sentido común en los desarrollos, pues es lo único que puede garantizar que la Ley sea duradera, al menos, en los aspectos más compensadores e inclusivos y en ello se han comprometido todos los grupos políticos en el Parlamento, aunque se han materializado cuestiones de un muy difícil retorno, al menos a medio plazo, que habrá que refutar. La nueva ministra y su equipo tendrán mucho que decir. Esto es lo que hay y que cada cual aguante su vela.

3.- UNA MIRADA HACIA ATRÁS

Desde que fue aprobada la Constitución en 1979, el sistema educativo, en España, ha evolucionado notablemente, desde el punto de vista cuantitativo, aunque, en general, no tanto, desde el punto de vista cualitativo e ideológico.

La normativa legislativa que se ha producido en estos más de 25 años, ha sido algo confusa, extraordinariamente desmesurada y, en general, bastante infructuosa, para el profundo y deseado cambio y para las esperanzas que teníamos a principios de los años ochenta. Expectativas que se han visto frustradas para muchos de los que pensábamos en un modelo educativo abierto, flexible, universal, compensador, inclusivo, laico y democrático: Es decir con una verdadera escuela pública.

Esta frustración ha ido calando, poco a poco, en amplios sectores del profesorado y de las familias y entre una parte de los intelectuales. Sin embargo ha complacido a los sectores sociales y profesionales más conservadores, que han observado como, año, tras año, un modelo segregador, confesional y privatizador de la enseñanza se iba consolidando.

En materia educativa y a lo largo de estos años los medios de comunicación (con alguna notable excepción), han analizado el tema de forma algo superficial, entrando, casi siempre, en anécdotas intrascendentes o en cuestiones sensacionalistas que ayudaban muy poco a tratar la educación con cierto rigor, cuando no han politizando las cuestiones, según de parte de qué color político se han ido inclinando, unos u otros.

Por otro lado, en estas casi tres décadas, la sociedad ha evolucionado notablemente y al mismo tiempo que se establecían las diferentes reformas legales de nuestro centralizado, inmovilista, raquítico y nacional-católico sistema educativo, heredado de la dictadura, se producía una vertiginosa revolución social, científica y tecnológica y, también, en los países más avanzados, que, incluso, ha hecho que se tambaleasen sistemas educativos muy sólidos de nuestro entorno social y cultural.

España afrontaba la transformación política y estos cambios sociales y tecnológicos, al mismo tiempo que los urgentes y necesarios cambios educativos y al tener que acompasarlo significaba un gran reto. Cuando, además, partíamos de una herencia sórdida.

Pero una vez más, como ha sucedido a lo largo de nuestra historia (*), la Educación ha estado barnizada, más, de retórica política, de intereses corporativos, religiosos y mercantiles, que de afrontar el tema con rigor, democráticamente y con la finalidad última de establecer un sistema compensador de desigualdades sociales, en donde el principal centro de atención, fuera necesariamente el educando, de forma individual y a la vez, diversa.

(*) El profesor, filósofo y pensador, Miguel de Unamuno ya predijo, hace más de un siglo, que: -en España, en materia educativa, siempre estábamos tejiendo y destejiendo.

Durante el debate constitucional, la discusión sobre el artículo 27, dedicado a la Educación, fue muy polémica, incluyendo, en ello, las fuertes presiones y amenazas que lanzaba la jerarquía católica hacia la ponencia constituyente. Sin embargo, al final, se llegó a un Acuerdo político, algo ambiguo, pero equilibrado, dentro de la línea "reformista" que, políticamente, se había instaurado (se esté o no de acuerdo en ello). Sin embargo, en el devenir de los años, se ha ido desvirtuando su filosofía inicial y el pacto al que se llegó. Para ir venciendo la balanza, con normativas y acciones políticas concretas, a favor de los sectores mercantilistas y católicos, condicionando el avance de la escuela pública y de la democracia participativa.

Incluso, una vez aprobada la Constitución, (y a escondidas) se renuevan y amplían los Acuerdos con la Santa Sede (1979), vigentes durante la dictadura y de clara inconstitucional. Acuerdos que pesan, hoy, como una losa en nuestro sistema educativo y que ningún Gobierno y Parlamento democrático ha anulado o, como mínimo, denunciado, incurriendo esta institución democrática, en mi opinión, y, paradójicamente, en una grave deslealtad con el sistema democrático, con la Constitución española y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Primero fueron los Pactos de la Moncloa, luego la LOECE; después la LODE (que pretendía democratizar el sistema y universalizar la educación); más tarde llegaron los debates sobre los libros blancos que estimulaban la participación de la sociedad, para avanzar en una profunda reforma del sistema educativo (a estas alturas, tengo mis dudas sobre si se acertó en el procedimiento), que se plasmó, posteriormente, en la LOGSE (ley vilipendiada por sectores conservadores, que estaban en contra de la comprensividad y de la universalización y, también, por ciertos sectores progresistas, que observaban como la Reforma no profundizaba en temas ideológicos y se quedaba más en lo cuantitativo, que en lo cualitativo); luego fue la LOPEG, que trataba de corregir, a la baja, los aspectos más progresistas de la LODE y de la LOGSE, en un intento político del gobierno socialista de acallar a los sectores más conservadores e inmovilistas, aunque al final no lo consiguieron.

Paralelamente a ello, asistíamos desde 1985 y a lo largo de 15 años, a una profunda descentralización de la educación a favor de las CC. AA., que se concluyó en el año 2000. También, desde mediados de los años ochenta, aparecía un escenario educativo con un fuerte componente corporativo y sindicalizado, cuyos resultados no han sido positivos para el Sistema Educativo, ya que no se ha sabido (o querido) desligar lo puramente laboral, del interés general de la Enseñanza. Más tarde aparecía el fenómeno de la inmigración, como un componente nuevo a tener muy en cuenta.

No obstante, ya desde mediados de los años ochenta, y durante el desarrollo de la LODE, la derecha conservadora y católica se movilizó, con dureza, consiguiendo atemorizar al incipiente gobierno socialista. Como consecuencia de esas fuertes presiones se generó un asentamiento e incremento progresivo de la enseñanza privada, a costa del prestigio y de los recursos de la enseñanza pública. Se establece un sistema de conciertos hacia la enseñanza privada, sin parangón en los países democráticos y desarrollados y no previstos en la Constitución (el artículo 27.9 es muy claro), que beneficia, básicamente, los intereses del clero católico. Intereses que se arrastraban de la dictadura y que, ahora, con la democracia, se les otorgaba un renovado impulso, sin cautelas, ni contrapartidas.

Como dato positivo, desde el punto de vista cuantitativo, observamos como los primeros años de la democracia y hasta los inicios de los años noventa los recursos para la educación se multiplicaban, año tras año, hasta llegar a un gasto público que llegó a rozar el 5% del PIB (años 1991 y 1992), para la enseñanza no universitaria. Hay que tener en cuenta que a finales de los años setenta se gastaba e invertía tan sólo un 2%, de un PIB, además, muy raquítico.

Luego el salto cuantitativo estaba en marcha, gracias a los gobiernos progresistas de PSOE de los primeros años, no tanto el avance cualitativo e ideológico, como consecuencia de diversas circunstancias, que tienen que ver con una cultura ancestral de un inmovilismo histórico en materias importantes, como es la Educación. Claro, si exceptuamos los años de la II República y algún otro período muy corto.

Pero a partir de 1993 (todavía con el gobierno del PSOE) los recursos para la educación se estancan, coincidiendo con la implantación de la LOGSE, lo que contribuyó y fue la excusa perfecta, para que los sectores más conservadores e inmovilistas incrementaran los ataques a la misma y el desprestigio del nuevo sistema impregnó, poco a poco, al conjunto de la sociedad, sin que se haya llegado a desarrollar en su totalidad, ni se tengan datos fiables sobre sus virtudes y defectos. Desprestigio que se fue extendiendo al conjunto de la escuela pública, como si en la privada no se impartiera la LOGSE.

Todo estuvo muy bien programado, por estos sectores: Desprestigiar al Sistema, confundiéndolo con la enseñanza pública, para así hacer crecer a la privada concertada, con ideología y opacidad propias, dando la sensación de que en la privada las cosas funcionan muy bien. Trampa en la que han caído muchas familias de clase media.

Y así preparar un casi definitivo asalto. El momento llegó, primero con la LOCE y, ahora con la LOE. Para ello, a lo largo de estos últimos años, se han desarrollado políticas educativas conservadoras y favorecedoras del sistema privado, en algunas CCAA, más que en otras, para después, en ese escenario, generar unas leyes que dieran carta de naturaleza a sus intereses mercantiles e ideológicos.

En cada vez más CC AA se derivan recursos a la iniciativa privada, en perjuicio de la enseñanza pública. Si hasta ahora era cosa de unos pocos, con la LOE se abre una posibilidad enorme, para dotar de suelo a la red privada, para financiarles toda la educación no universitaria (hasta ahora era sólo la obligatoria), para garantizar a la iniciativa privada la gratuidad de los servicios complementarios, ello en una competencia desleal con la red pública. Ya que la privada no responde a idearios que no se acuerdan en la comunidad educativa, seleccionan al alumnado (por muchas cautelas que haya), su funcionamiento es opaco y jerárquico y una mayoría aplastante responde a planteamientos confesionales: En estas circunstancias y, en mi opinión, se están vulnerando, gravemente, diversos preceptos de nuestra Constitución.

Al mismo tiempo, en las diferentes CC AA y según qué tipo de sensibilidad política y social, se fueron gestando unas fuertes diferencias en cuanto a los recursos para la educación y a la hora de aprobar ciertas normativas, de tal forma que al inicio del año 2000 (en la actualidad sucede lo mismo), había CC. AA. que invertían y gastaban el doble que otras (en términos PIB y de gasto por alumno y año), generándose unas diferencias profundas en cuanto al derecho a la educación, entre los diferentes pueblos del estado español.

Cuestión, ésta, que es muy preocupante y a la cual, la nueva Ley, increíblemente, no da soluciones, a pesar de que en el Senado se había aprobado una enmienda para una posible compensación inter-territorial, que los nacionalistas (sobre todo catalanes) no admitieron..y en ese "cambio de cromos" en que el debate de la LOE ha caído, se quedó fuera.

Hay que destacar, también, que como consecuencia de ciertas políticas muy extendidas, se ha producido una merma progresiva estatal (y de algunas autonomías) del gasto en Educación no universitaria, desde 1993. Este se ha reducido hasta el 4,4 del PIB en el año 2004. Cada vez más lejos del 6%, de la media de los países más desarrollados.

El Partido Popular en su segundo mandato, (2000-2004) y con mayoría absoluta aprueba, en solitario, una ley de Educación (LOCE), cuyo finalidad, resumidamente, era:

  1. La de normalizar y legalizar las situaciones anacrónicas, jerárquicas y selectivas que se habían impuesto en muchos centros escolares públicos, por la vía de los hechos y al margen (en muchas ocasiones) de la normativa vigente;
  2. El rebajar, profundamente, la democracia participativa en los centros públicos, así como aumentar la opacidad de los centros privados;
  3. El aumentar la privatización de la enseñanza, en todos los ámbitos y consolidar el dominio del ideario católico en toda la enseñanza.
  4. Y& LLEGAMOS AL DEBATE DE LA LOE

Llegamos al curso 2004-2005, en donde, de nuevo, un Gobierno socialista, se lanza a desarrollar una renovada reforma o adaptación de las leyes existentes. Por cierto, en general incumplidas y mal desarrolladas en un altísimo porcentaje. Deroga, de forma muy tímida, una pequeña parte de la LOCE y plantea la LOE, como nuevo eje, que vendría a derogar leyes anteriores, con la intención de hacer un cuerpo jurídico único. Se presenta un primer anteproyecto cargado de un espíritu, en apariencia, democrático, progresista y abierto (nada nuevo si lo comparamos con la LOGSE y la LODE, por ejemplo), pero en donde aparece una actualizada interpretación de un modelo de enseñanza, en donde se acentúa, más, como servicio público (desde un equilibrio del ámbito privado y estatal), que como un derecho universal, compensador de desigualdades individuales, territoriales y sociales y en donde la escuela de titularidad pública fuera el eje y motor de todo el Sistema Educativo.

En suma, el texto de la LOE pretendía ser una síntesis de todas las leyes anteriores, y, además, se presentaba como un intento de plasmar unas ideas y propuestas, que tuvieran como finalidad política la de intentar contentar a todos, con la pretensión de que fuera una Ley estable de cara al futuro y para alcanzar la convergencia europea del 2010.

El texto final mantiene esas tesis teóricas, en principio incontestable, pero, al mismo tiempo y por diversas circunstancias que se han ido dando e imponiendo durante los debates, que ahora intentaremos analizar, muy someramente, corre el riesgo de convertirse en un híbrido que la pueda condenar al fracaso, desde el principio. Que quede claro que digo que corre el riesgo. Porque la intención inicial, al final, ha quedado muy desfigurada, si nos atenemos al texto final, después de los pretendidos consensos, que no son tales si nos atenemos a las votaciones finales.

El aparente pacto político y el acercamiento que entre algunos partidos se ha producido al margen del PP, que (en el fondo) está muy satisfecho de cómo han quedado las cosas, aunque su papel es el de seguir oponiéndose, como consecuencia de una estrategia política global de acoso y derribo de la actual mayoría parlamentaria, cuestión que nada tiene que ver con la Educación, responde más a un escenario de movimiento de fichas, en donde se entremezclan otros intereses y pactos (que llaman de Estado&) en materia autonómica, económica, social, etc.

En mi opinión, creo que se ha obrado con excesiva celeridad. Sin meditarlo en exceso. Ha podido más la política grandilocuente y los grandes titulares, que el sosiego y el rigor, en un tema de tanta importancia. Porque, al final, todas las reformas educativas que hemos vivido en estos últimos años, no han respondido a las necesidades sociales, ni han contado con los medios y cambios adecuados y se han desarrollado en un contexto educativo que se resiste a alterar su vieja y caduca estructura y funcionamiento.

Quizá no se ha meditado, con el suficiente rigor, sobre lo que está pasando, realmente, en la educación en España y en las diferentes CC AA: ¿Qué está fallando? ¿Quienes fallan? ¿Por qué se falla? ¿A que concepción ideológica y modelo de sociedad responde nuestro sistema educativo? ¿Hacia donde vamos? ¿Qué educación, para qué modelo de sociedad?…por ejemplo.

En los informes que, anualmente, hace el Consejo Escolar del Estado, en los informes de los Consejos Escolares Autonómicos, en los informes periódicos de evaluación, como el PISA, de la OCDE y en otros diversos documentos y estudios, están muchas de las claves que nos sirven para saber qué está pasando.

Quizá no se ha reflexionado lo suficiente, sobre cuestiones ideológicas y de modelo de sociedad y no se han analizado ámbitos, tan importantes, como la gestión, la convivencia, democracia y organización de los centros; como la preparación y actitudes de profesorado; como las señas de identidad de la escuela pública; como el papel de la enseñanza privada y su significado, teniendo en cuenta los idearios, objetivos, etc.; haber analizado, en profundidad, el actual currículo; así como el uso del tiempo y el espacio escolar; de cómo se está evaluando el Sistema;&etc. etc.

Lo cierto es que, hoy, el grado de desmotivación profesional y del alumnado es alto y hay unas causas: Siendo necesario, antes que nada, cambiar esta tendencia si realmente pretendemos que el Sistema tenga un cierto éxito en el futuro.

Pero un éxito para el conjunto de la sociedad y no sólo un éxito para ciertos sectores y grupos privilegiados, que sólo han hablado de éxito y de pacto. De un modelo de pacto escolar que les permitiera, a unos, seguir incrementando los históricos privilegios, en perjuicio de otros, en general, los más desfavorecidos, social, intelectual y territorialmente.

Para desgracia del Sistema y de la sociedad del común, los sectores más privilegiados han conseguido en el texto final de la Ley, después de las presiones, las manifestaciones, las conversaciones, las enmiendas transaccionales, etc. etc. una parte muy importante de sus pretensiones: Aunque se seguirán quejando, porque son insaciables.

Quizá la causa de que no se aborden los temas educativos con mayor rigor, esté en las cuestiones de carácter ideológico, que pretenden perpetuar el actual sistema de desigualdades sociales y que tiene como vehículo fundamental al Sistema Educativo.

Tal vez por ello, desde el ámbito político nos han intentado "vender" un denominado pacto social y político por la Educación.

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