Desde la LODE (1985) hasta, incluso, la LOCE (2002), los centros docentes se vienen clasificando en públicos y privados, una parte muy importante de los privados conciertan con el Estado las enseñanzas básicas y obligatorias
Pero con la LOE entramos en una nueva modalidad: Se propone una clasificación diferente: Centros públicos, centros concertados y centros privados. Como si los concertados no tuvieran titularidad y gestión privada e ideario propio. Por fin, la iniciativa privada católica, ha conseguido, a base de presiones y amenazas, el objetivo por el que venía luchando, desde hace muchos años: Que sean considerados al mismo nivel que la escuela de titularidad pública, con todos los medios a su alcance, dando más “servicios” y “seguridad” a las familias que los públicos y situados en las zonas de las clases medias, para así tratar de arrinconar a la escuela pública al ámbito rural y a las zonas más desfavorecidas, con el fin de situarlos en la tercera Red y que cumplan una función marginal y benéfica en un futuro no muy lejano, de no remediarse antes.
Desde la época de la dictadura, los centros de iniciativa privada, en especial la de ideario y titularidad católica (hoy representa al 80% del conjunto), vienen presionando para que sean consideradas como de iniciativa social, con la única finalidad de crecer, frente a la de titularidad pública y a costa de ésta (como viene ocurriendo, en la última década, en algunas CC. AA.). Esa finalidad tiene como único objetivo el proselitismo religioso católico y el negocio. Paralelamente a ello, algunos de sus centros (un puñado, que les sirven como coartada) se sitúan en barrios y zonas desfavorecidas, con la finalidad de expandir la tan manida “caridad cristiana”.
Y es que los poderes públicos españoles, en el ámbito de los derechos fundamentales, no andan “muy finos”: Tienden a privatizar servicios de derecho universal, como la sanidad y las pensiones… y, en el ámbito educativo, además, lo van “cediendo” a una concreta confesión religiosa: Rompiendo principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional, como son los principios de igualdad, democracia y laicidad.
Para conseguir estos objetivos necesitan, tanto el Gobierno, como la Conferencia Episcopal, de un denominado Pacto Social a “su medida”. Y no un Pacto de Estado, en el que se considere, como fundamental y prioritaria, a la Red Pública, en el que se de estabilidad y financiación al Sistema, en el que se remuevan todos los obstáculos que, hoy por hoy, imposibilitan renovar y flexibilizar el Sistema Educativo a todos los niveles… Necesitan de un Pacto a la “medida de la iniciativa privada” y “al interés de ciertos sectores políticos”, y que tenga como finalidad el ir arrinconando a la escuela pública.
Como estrategia (publicitaria y maniquea) se promueve que los centros privados concertados acepten a inmigrantes, discapacitados y sectores marginales (..?) (como si eso no fuera, hoy, una obligación). A cambio se les dotan de todos los medios públicos, se les aumentan las ayudas y apoyos, se les financia las enseñanzas no obligatorias… (infantil y bachilleratos) ahora, eso si, conservan la titularidad, el ideario (católico) y una gestión jerarquizada de funcionamiento. Todo ello a costa de los medios y crecimiento de la Red Pública.
Bajo los equívocos preceptos de “libertad de elección de centro” y de “iniciativa social”, las distintas órdenes religiosas católicas siguen creciendo en el ámbito de la enseñanza, amparándose en una dejación, por parte de los poderes públicos, de sus obligaciones constitucionales en este campo, para ello ofrecen servicios “completos” a las familias de clase media, desde la educación infantil hasta la Universidad, en, general, en un mismo centro. Mientras, la enseñanza pública, aunque es de más calidad, transparente y democrática, ofrece menos servicios, da una imagen de dudosa atención al alumnado y una excesiva movilidad del alumnado a diferentes centros. Lo que hace que una parte importante de las clases medias “prefieran” la enseñanza de titularidad privada, aunque sea confesional y menos democrática y transparente. Esto lo “cambian” por lo que se denomina “seguridad” y “éxito” en el concepto neoliberal e hiper-competitivo de la sociedad que, desgraciadamente, estamos construyendo.
Con esta filosofía los poderes públicos, tienen todas las “bendiciones” para frenar el crecimiento y mejora de la escuela pública. Filosofía que pretende implantar la LOE y que puede acabar, en un futuro no muy lejano, con una Red pública fuerte, cuyo funcionamiento y señas de identidad, garanticen y sean el eje básico de la compensación de las desigualdades individuales y colectivas, en una sociedad democrática.
Para mayor apoyo al clero católico, la LOE pretende dejar los temas de la enseñanza de la Religión en todas los centros de enseñanza tal y como están ahora. Es decir segregando al alumnado en función de las creencias o convicciones personales de sus familias, para cumplir unos Acuerdos con el Vaticano que, a todas luces, van en contra de todo nuestro ordenamiento constitucional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para ello, desde algunos sectores políticos y sociales, están impulsando un sesgado y maniqueo Pacto Social, en mi opinión inadecuado y alejado de lo que debería de ser un verdadero Pacto de Estado de estabilidad y democrático, como hemos venido reclamando, reiteradamente.
Necesitamos una Ley que garantice un Sistema Educativo estable y flexible, adaptada a los nuevos tiempos del conocimiento y la información; que impulse fuertemente a la escuela pública y la democratice; con un profesorado preparado, ilusionado y comprometido; que se adapte al medio rural y al urbano; compensador e integrado, inclusivo y, realmente, laico; financiado, como mínimo, en los niveles de la media de la UE y de la OCDE; y que los centros de titularidad privada, que se acojan a los conciertos, tengan todas las garantías de control público y social.
Una chapuza más nos retrasaría, otra década., con Europa.
__
(*) Diputado Constituyente, fue presidente de CEAPA y en la actualidad es miembro de Consejo Escolar del Estado. Es autor del libro “La escuela pública amenazada” Ed. Popular 1997
