LOE: El peor de los pactos posibles

En septiembre, cuando presiones de muy diversa índole llevaron a Zapatero y Rajoy a anunciar que, al menos en lo referente a la educación, estaban dispuestos a intentar un acuerdo duradero, los medios se hicieron eco de una no disimulada satisfacción entre el coro de voces que venían suplicando por el tan deseado “pacto educativo”.

Por nuestra parte, al margen de las razonables sospechas sobre el trasfondo táctico y efímero de esa “buena disposición”, en un marco de permanente confrontación política, no veíamos motivo alguno para alimentar falsas ilusiones; más bien, constituía una señal de alarma, tal como apuntábamos en el artículo de primera página en nuestra web, “¿Pacto educativo a la vista?”.

En él advertíamos que, sobre el supuesto de que PSOE y PP tuvieran proyectos educativos diferentes (cosa harto discutible a día de hoy), cualquier transacción entre ellos llevaría consigo un mayor acercamiento de las ya paniaguadas propuestas de la LOE a las posiciones aún más regresivas de la anterior LOCE, que los populares continúan blandiendo como alternativa. Concluíamos nuestro comentario apostando por el único pacto de progreso posible en las actuales circunstancias: un decidido compromiso por parte del gobierno para vincular su acción en éste y otros terrenos a las aspiraciones democráticas de esa mayoría ciudadana que había desalojado del poder la política ultrarreaccionaria de Aznar y compañía. Si con su fuerza, pese a la escandalosa polvareda levantada en contra, se había logrado materializar avances democráticos de menor entidad (retirada parcial de tropas, regularización de inmigrantes, derechos de minorías marginadas, …), ¿por qué no buscar su movilización y respaldo para abordar una reforma educativa más democrática, superando insuficiencias, errores y lastres del pasado?

Por lo que hemos podido constatar, no ha sido ésta la vía seguida por el MEC y el actual equipo de gobierno en un tema de superior dimensión y trascendencia. La sombra de oscuras negociaciones e hipotecas ha sembrado el desconcierto y la paralización entre amplios sectores de la población, ofreciendo en bandeja las condiciones que la derecha y la reacción precisan para pasar al ataque. Con la LOE enmendada y aprobada en el Congreso, podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que los peores augurios se están cumpliendo.

Puede que muchos, dejándose impresionar por la algarabía desatada en torno a la LOE, y por las sucesivas puestas en escena de las distintas partes que decían querer el pacto educativo, hayan concluido que éste, finalmente, no ha sido posible. Para los más optimistas, el gobierno socialista podrá, en todo caso, llevar adelante su proyecto con el apoyo formal de las fuerzas “progresistas”, contando, además, con el acercamiento o neutralidad de sectores de la patronal privada y confesional, que habría logrado desgajar a última hora del intransigente bloque alineado tras el PP. El peligro de una nueva involución, si el partido conservador logra recuperar el poder, pendería como una amenaza cierta, pero confían en que resulte tanto más improbable cuanto más se haya avanzado en la puesta en práctica de las medidas favorables para todos, incluidas, según dicen, dentro de la nueva ley, en particular, un más generoso reparto de dineros públicos.

Lo cierto y verdad es que, tras los desaires finales de rigor y alguna que otra advertencia apocalíptica para el futuro, la oposición empieza a desviar su atención hacia nuevas trifulcas y el griterío estridente que hemos conocido en los meses pasados entra en mayor sosiego. Aunque con cierto sabor agridulce en la boca, la mayoría de las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda oficial aceptan la precaria oferta de la LOE, como mal menor, dicen, ante la fuerza desplegada por la derecha y la Igle sia, que no dejan de magnificar. Aquí paz, y después gloria. ¿Tan insignificante ha resultado ser, al cabo, la que se presentaba como madre de todas las guerras educativas? ¿No hay vencedores ni vencidos? ¿Qué tipo de acuerdos y componendas han determinado su precipitado final? ¿Están realmente todas las cartas sobre la mesa?

Como tantas otras veces, el escenario real tiene poco que ver con las declaraciones públicas y la versión de los hechos que los medios, con las diferencias de sesgo presumibles, propagan.

No es nueva, en la historia reciente de este país, la justificación de actitudes timoratas y claudicantes en nombre del consenso, del “no se puede ir más allá”, por la supuesta fortaleza de los sectores más reacios al cambio democrático y los peligros involucionistas. Por eso, no nos extraña oír a todo un Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO ensalzando, en su particular balance, la postura de los sindicatos que, “en un acto de responsabilidad, han optado por la negociación y no por la confrontación”, porque “no queremos ‘nuestra ley’ sino la de todos” (T.E., diciembre 2005). Como si no existieran clases, objetivos e intereses contrapuestos en una idílica sociedad inexistente. Al menos, la derecha es más clara y no hace ostentación de tamaña ingenuidad y bobaliconería.

Sin embargo, la opinión de CCOO deja traslucir, en buena parte, lo que realmente ha sucedido: la ley sobre la mesa ya no es la del gobierno socialista, que pudo levantar ciertas expectativas en su momento; es, si se quiere, ”la de todos” o, según se mire, la de nadie. De ahí que algunos podamos concluir que la política de pacto, empeñada en una ley “que no moleste” -según decían los más altos responsables de Educación-, al menos por el carácter de las concesiones hechas, ha terminado por dar sus frutos más amargos.

Los pactos, además de buenos o malos, pueden ser tácitos o explícitos, pero no dejan por ello de obrar en el resultado final. Bien es cierto que no todos son iguales, y no hay peor pacto que aquél en que una de las partes cede previamente en toda la línea, para ni tan siquiera recibir como consuelo, por el lado de la desagradecida parte contraria, el reconocimiento del sacrificio realizado. El refranero popular es pródigo en alusiones sarcásticas a este tipo de fiascos, tan frecuentes en la vida diaria. En el caso que nos ocupa, y de forma similar a lo acontecido con el intento de pacto sanitario, desde la oposición conservadora se han repartido los papeles: unos hacen suyas las concesiones que, además, vienen a refrendar las propias “razones”; otros cogen el dinero… y corren, sin atarse a ningún compromiso ni renunciar a nuevas exigencias; unos y otros dicen que, de todas formas, esa no es su ley, la aplicarán a su modo y manera allí donde tengan poder de decisión, y prometen reformar la reforma tan pronto como vuelvan al gobierno.

Una pregunta ingenua se nos ocurre a muchos: ¿tan hábil y fuerte se ha mostrado la oposición como para invertir el normal peso de mayorías y minorías en el juego democrático? Evidentemente, la fortaleza y la habilidad son términos siempre relativos a la debilidad y torpeza mostradas por el otro.

DEMAGOGIA SIN RESPUESTA

Desde que apareció el primer borrador de la LOE, que se postulaba como continuadora de las anteriores reformas y respetuosa con las instituciones e intereses que las habían condicionado, sabíamos que su vuelo iba a ser corto y autolimitado. Pocas ilusiones cabían para quienes, en consecuencia con el impulso democrático expresado en las elecciones del 14 de marzo, aspirábamos a ser testigos y partícipes de un verdadero cambio de rumbo en la educación. Al punto en que hemos llegado, y con la triste experiencia acumulada, la única reforma creíble no podría ser otra que aquélla capaz de dar un audaz golpe de timón para invertir el proceso destructivo de la enseñanza pública, propiciado en buena parte por el conjunto de leyes y desarrollos de la anterior etapa socialista, y acelerado con las iniciativas, “de acción y omisión”, llevadas a cabo por los gobiernos de Aznar.

Aparte de la habitual literatura sobre los grandilocuentes principios y objetivos, en los que todas las reformas dicen inspirarse, el mensaje era claro en lo sustancial. De un lado, el gobierno daba garantías a la Iglesia de mantener y respetar los antidemocráticos Acuerdos suscritos en 1979 con el Vaticano sobre la presencia de la Religión en la escuela y su financiación. De otro, la ampliación de los conciertos a la Educación Infantil quería ser, igualmente, una señal inequívoca para el sector privado de que no sólo no se cuestionaba el sistema dual vigente, sino que se le abrían nuevas posibilidades de avance y desarrollo. No eran nimias tales concesiones de partida. Se trata justamente de los pilares (por demás, de clara herencia franquista) en los que se han sustentado la división, segregación y profunda desigualdad que definen a nuestro sistema educativo, haciéndolas prevalecer por encima de cualquier invento “pedagógico” o circunstancial revoque de fachada.

De cara a la base social que había echado al PP del poder para abrir paso a sus propias aspiraciones democráticas, sólo se apreciaban ambiguos guiños referentes a un mayor control de los conciertos y de los procesos de escolarización, a cierta flexibilidad en las estructuras del sistema (diagnósticos, refuerzos, promoción,…) para paliar los preocupantes índices de fracaso escolar, a propuestas de carácter híbrido que pretendían atemperar los excesos más llamativos de la LOCE (alternativa “religiosa” a la Religión, designación administrativa de los directores, itinerarios segregadores,…).

Esa autolimitación y falta de audacia democrática, si, por una parte, provocaba la confusión y desmovilización de la mayoría social defensora de lo público, por otra, era percibida por la derecha como claro indicio de debilidad, que la animaba a pasar de nuevo a la ofensiva. Se trata de una experiencia muy vieja, como para que alguien se haga el sorprendido. Cuando la reacción conservadora, incluso en una correlación de fuerzas desfavorable, ve que, después de temerse lo peor, sus privilegios son mantenidos, y son respetadas como justas y democráticas sus razones sectarias, no tarda en crecerse y, en nombre de esos “derechos” reconocidos, en empeñarse en llevar su propia y perversa lógica hasta el final.

Sólo la desvergüenza y la osadía, alentadas por la fragilidad mostrada por el gobierno, pueden explicar el bochornoso espectáculo de agresividad y demagogia escenificado por la derecha y la reacción clerical en los últimos meses. Hemos asistido atónitos a un montaje, como en los mejores tiempos del fascismo y del nacionalcatolicismo, en el que las palabras perdían su propio significado, los hechos aparecían en su realidad opuesta, y la mentira, repetida al unísono por enfervorizadas gargantas y medios sin escrúpulos, se trasmutaba en sacrosanta e inapelable verdad. Es obligado hacer un breve repaso a las “razones” esgrimidas.

“Por la libertad de enseñanza” decían manifestarse los obispos, cuando esa fue divisa liberal contra el monopolio, primero, y la constante intromisión, después, de la Iglesia en la educación, al pasar ésta a ser considerada como bien público, derecho universal y, en consecuencia, independiente de las creencias personales, para así respetar la libre conciencia de todos los ciudadanos. Ahora, esa misma consigna se ha visto enarbolada justamente para lo contrario: para defender de nuevo el acotamiento de parcelas educativas confesionales, justificar la discriminación ideológica, desarrollar los mecanismos privatizadores de la enseñanza y provocar mayores cotas de desigualdad, reclamando, con toda desfachatez, que todo ello sea sufragado con fondos públicos.

“Libre elección de centro” era, a fin de cuentas, su reivindicación más concreta, por entender que podía verse amenazada con la nueva ley. Una vez legitimadas por la LODE las subvenciones estatales a los centros “libremente” creados por la iniciativa privada (“social”, dicen ellos), se trata ahora de elevar su correlato natural, “la libre elección de centro” (para aquellos que realmente pueda elegir), a principio democrático por encima de cualquier otro. Invocándolo, quieren estos nuevos “liberales” eliminar la enseñanza como “servicio público”, limitar la escuela estatal a funciones de beneficencia y marginalidad, convertir la educación en un terreno más regido por las leyes del mercado, en función de lo cual exigen que no haya más condición para los conciertos y su ampliación que la simple demanda.

En el colmo del sectarismo, la Conferencia Episcopal y sus fieles seguidores no se conforman con la aberrante presencia del adoctrinamiento confesional en los centros, tanto públicos como privados, sino que pretenden alzarse con la exclusiva de la educación en “valores morales”, negando incluso al Estado democrático y laico (debería ser en plenitud las dos cosas) la competencia para formar al conjunto de los futuros ciudadanos, de todas las creencias y culturas, en el respeto a los mismos derechos humanos, en los valores democráticos que permitan una mayor cohesión social y el esfuerzo compartido por un proyecto común de ciudadanía.

El resto de banderas levantadas para acompañar los auténticos intereses en juego (calidad de la enseñanza y filosofía del esfuerzo contra el fracaso escolar, respeto y reconocimiento al profesorado, etc), no tienen, a la hora de la verdad, más valor que el de la gratuidad de las palabras y la demagogia fácil y sin consecuencias. Quienes tan obsesionados están en preservar y ampliar su coto privilegiado, poco interés deben tener en la calidad del sector público, de cuya degradación se alimentan. Menos creíble resulta su hipócrita preocupación por el fracaso escolar de aquellos alumnos que ellos mismos no quieren en sus centros. La insistente reivindicación de mayor “autonomía” económica, organizativa e ideológica, para desarrollar el “carácter propio” y diferenciado de su oferta educativa, nada tiene que ver con la lucha por unas condiciones iguales y una enseñanza común a la que todos los ciudadanos tienen derecho. A pura banalidad queda reducida la manoseada referencia a la “calidad” y al “esfuerzo” personal, si toda la discusión estriba en si son dos o tres las asignaturas suspensas con las que el alumno pueda pasar de curso. En cuanto al profesorado, únicamente los muy despistados y desmemoriados (y los hubo en la famosa manifestación del 12 de noviembre) pueden dar credibilidad a los oportunistas halagos del momento, cuando todas las administraciones han coincidido hasta ahora en el acoso y desprestigio continuado de la función docente, de la pública en particular, con sus secuelas de menosprecio profesional, económico y social.

DEBILIDADES Y RETROCESOS INACEPTABLES

Al contrario de lo que se nos ha querido transmitir, no había “razones de peso” que atender. Tampoco es verdad que la derecha y los obispos se hayan adueñado de la calle. Se les ha dejado, y no han encontrado la respuesta que cabía esperar. Ellos han jugado su baza. Habiéndoles asegurado el gobierno socialista su buena parte del pastel y mostrado comprensión a sus torticeros argumentos, es normal que, envalentonados, quieran aumentarla e imponer a todos su propia e interesada visión de lo que ha de ser la educación. El problema es que el gobierno, que se muestra tan débil y sensible con las demandas reaccionarias, no puede darles satisfacción sino a costa de relegar los intereses democráticos de la mayoría. Tampoco han tomado la iniciativa de defenderlos las fuerzas políticas y sindicales que, teniendo mayor audiencia y responsabilidad, han terminado por otorgar un resignado beneplácito a cambio de muy poca cosa. Pensando mal, tal vez era éste el proyecto en mente y, entretenidos con los avatares de una sinuosa negociación “con todos” para lograr el “pacto educativo”, nos hemos visto reducidos al papel de meros espectadores de un drama cuyo guión y desenlace estaban previamente trazados.

Nos cabe decir que, como en otros asuntos, aparte del trámite parlamentario que está por finalizar, nada hay definitivamente atado y solucionado con la LOE. Nadie puede predecir los ritmos y formas de resistencia, pero es poco probable que la gente (profesionales de la educación, padres, alumnos, …) vaya a soportar sin rechistar que, una vez más, le quieran dar gato por liebre. Y en eso ha concluido, de momento, la negociación y el pacto de marras. Los retoques al anteproyecto a su paso por el Congreso, por leves que parezcan, vienen a empeorar el punto de partida y a ratificar, de manera explícita, las bases sobre las que se sustentan las pretensiones más reaccionarias y atentatorias contra la escuela pública. Despejando cualquier ambigüedad del texto anterior, los que se sentaron a negociar con el gobierno y los que le dieron portazo han conseguido que se vean reconocidos y legitimados los principios, contrarios a toda idea democrática, que rigen al sector privado y confesional. Podrá, sin trabas y con más dinero público, seguir seleccionando al alumnado, recoger financiación extra de las familias, blandir el “ideario” como instrumento de discriminación y configurar a voluntad su propia oferta educativa; determinando, en definitiva, el curso general de la enseñanza. Porque son, sobre todo, su filosofía y su proyecto los que se abren paso en el texto de esta ley; por encima de las vacuas apelaciones a derechos, igualdad de condiciones o ideales y valores de la escuela pública, a cuya defensa y fortalecimiento decían acudir los promotores de la nueva reforma.

Difícilmente pueden verse reflejados en esta LOE los millones de ciudadanos que utilizaron su voto para provocar un cambio real de política. El impulso democrático que produjo el cambio de gobierno exigía, y exige, oídos menos proclives a dejarse llevar por la reacción vociferante y más abiertos a las reivindicaciones de la mayoría ciudadana. Ya es hora de establecer una separación neta entre la Iglesia (cualquiera que sea la confesión religiosa de las muchas posibles) y el Estado, entre los intereses privados y los públicos. Es ésta una demanda basada en los principios más elementales de la democracia, y no en extemporáneos radicalismos o impaciencias inmaduras, como algunos quieren hacernos creer. En los análisis previos y justificativos de la nueva reforma, nadie ponía en duda que desde hace tiempo el papel de cenicienta viene siendo soportado por la enseñanza pública, en cuyo deterioro y acumulación de problemas encuentra la privada el vivero de su crecimiento. Pese a los diversos teatrales desplantes de cara a la galería, el pacto “de hecho”, el ofrecido por el gobierno socialista y al que voluntariamente se ha atado, supone un retroceso en la necesaria y urgente reconstrucción de la escuela pública. Democratizar y fortalecer el sistema público de educación no puede traducirse en dar alas a la privatización, en desviar hacia los centros concertados más fondos públicos, en consagrar los mecanismos de fragmentación y segregación, sino, por el contrario, en tomar las medidas precisas para garantizar, de forma efectiva y universal, iguales derechos e iguales condiciones, a fin de que toda la población, independientemente de su posición social y de su nivel enconómico, pueda ejercerlos los unos y utilizar las otras para el logro del máximo conocimiento.

En ello vamos a seguir empeñados, y a esta urgente empresa llamamos a cuantos profesionales de la enseñanza y simples ciudadanos quieren defender la escuela pública.

Quienes dicen tener los mismos objetivos y, sin embargo, están dando, con más o menos “peros”, su apoyo al todavía proyecto de ley, aún están a tiempo de rectificar y contribuir a organizar la movilización necesaria para lograr un marco legal que haga posible satisfacer los derechos generales. Invitamos a nuestros lectores a que, a su modo y manera, así se lo hagan llegar a los responsables parlamentarios, políticos y sindicales, que, en lo inmediato, tienen en sus manos el que salga una ley a favor de los menos o a favor de los más. Este te xto y su difusión pueden ser un instrumento útil para tal fin.

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