Llevan ante el Defensor del Pueblo el «acoso» a Religión

COMENTARIO: Una vez más los partidarios de la religión en la escuela, no se conforman con obligar a que una institución que es de toda la ciudadanía, tenga que ofrecer adoctrinamiento de unas religiones, sino que además se enfadan si los que no la dan dejan el instituto, ya que la ley les impide dar ningunos contenidos en ese tiempo para no discriminar a los que dan religión. Así que los quieren "encerrados en el instituto, sin hacer nada, mientras ellos asisten a su catequesis.
 
La Plataforma Asturiana Religión en la Escuela acaba de presentar ante el Defensor del Pueblo una queja por considerar que las autoridades educativas y los equipos directivos están alentando la ausencia del alumnado de Bachillerato que opta por no cursar las enseñanzas de Religión.
La queja, que fue remitida el pasado 25 de junio, asegura que se está incumpliendo el decreto que regula el currículo del Bachillerato, que «recoge explícitamente que los centros establecerán las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa» como alternativa a la clase de Religión. En opinión de la Plataforma Asturiana Religión en la Escuela, las autoridades educativas «consienten y promueven esta situación» en un contexto en el que considera que se está produciendo «la discriminación y el acoso a la asignatura de Religión, a su profesorado y, lo que es más grave, al alumnado que opta por ella».
La plataforma denuncia asimismo que los alumnos que optan por esta asignatura en Bachillerato se ven penalizados con una hora lectiva más que sus compañeros y tienen que entrar una hora antes o después que el resto.
Y, según el argumentario presentado en este escrito al Defensor del Pueblo, también se atenta contra valores amparados en la Constitución, que reconoce y garantiza el pleno ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos.
Comunicaciones
El documento recuerda que el Arzobispado de Oviedo, a través de su Delegación de Enseñanza, comunicó estos hechos al Servicio de Inspección Educativa y al consejero de Educación y Ciencia del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, «en repetidas ocasiones desde octubre de 2008, requiriendo la actuación inmediata y sin respuesta alguna de las autoridades educativas».
Los solicitantes de la actuación del Defensor del Pueblo quieren que esa institución preserve sus derechos fundamentales, ya que la consejería aseguró desconocer el asunto una vez que se hizo público en los medios de comunicación.
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