Lleida multará hasta con 600 euros a las mujeres que lleven «burka»

El ayuntamiento afirma que la regulación tiene un objetivo pedagógico

El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC con mayoría, ha aprobado esta mañana la propuesta de modificación de tres artículos de la ordenanza municipal de Civismo y Convivencia para prohibir el uso en los edificios municipales del velo integral islámico u otras prendas que impidan la identificación y la comunicación visual. Las multas para los infractores oscilarán entre 30 y 600 euros.

Lleida se convirtió a finales del pasado mes de mayo en la primera ciudad española en aprobar una moción para vetar el burka y el niqab en edificios y equipamientos públicos (cívicos, educativos, culturales y deportivos) dependientes del consistorio. La medida se aprobó con los votos a favor del PSC, CiU, PP y un concejal no adscrito, un voto en contra de ICV-EU-EPM y dos abstenciones de ERC.

Las ordenanzas municipales modificadas hoy permitirán imponer sanciones que oscilan entre 30 y 600 euros a las personas que incumplan la normativa de acceso a las dependencias municipales. Estas multas son las correspondientes a infracciones leves. Además del velo integral islámico, también estará prohibido entrar con pasamontañas o cascos.

La normativa especifica que estas limitaciones o prohibiciones, que pueden afectar tanto a los prestadores de los servicios como a los usuarios, deberán ser motivadas y podrán prever excepciones en razón del ejercicio de determinadas profesiones, por seguridad e higiene en el trabajo, en determinadas festividades o por otros motivos justificados.

El equipo de gobierno afirma que el espíritu de la regulación no es sancionador sino pedagógico y que antes de multar a una persona se le informará sobre la prohibición de acceder y permanecer en los espacios o locales municipales empleando vestimentas u otros accesorios que impiden o dificultan la identificación y la comunicación visual. Sólo si la persona advertida persiste en su actitud se procederá a requerir la actuación de los agentes de la autoridad, quienes podrán impedir que permanezcan en los mencionados espacios y multarles. La nueva normativa entrará en vigor una vez trascurridos los 30 días de información pública.

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