Libertades civiles y Estado laico

¿Se quiere fomentar la fe? ¿Se busca sensibilizar para engrosar las filas de los creyentes católicos? Pues están en su derecho, solamente que sería mejor argumentar y convencer antes que imponer

Con las reformas de la nueva Constitución, se oficializa al Estado boliviano como laico, lo que no es un avance novedoso al ser una de las premisas de las ideologías demo-liberales que se han estado discutiendo en América Latina desde la independencia de nuestros países.

A pesar de que históricamente el Estado boliviano se definió como defensor de los derechos civiles y políticos, es paradójico que desde hace pocos años figure un planteamiento tan básico como la separación de Estado y religión, profundizando las libertades civiles, eje del sistema democrático que tanto vanagloriamos y aseguramos sustentar.

Empero, por lo verificado en los festejos de Semana Santa, parece que todavía no se logra comprender a cabalidad lo que significa un Estado laico. Representa la no imposición de culto religioso alguno y menos desde los aparatos y esferas coercitivas del Estado. Se refiere a la libertad de cada ciudadano para elegir en qué creer y qué ceremonias practicar, sin que se le presione o se le obligue y donde, al contrario, prime la tolerancia frente a la diversidad.

Siendo así, la pregunta es: ¿Por qué desde algunos ámbitos estatales se imponen ritos católicos como los de Semana Santa con prohibiciones hipócritas como la ley seca y autos de buen gobierno?

En este sentido, la actuación de los distintos niveles de decisión estatal fue contradictoria. En el caso de Cochabamba, representantes de la Gobernación acertaron al declarar que no había “auto de buen gobierno”, al ser laico el Estado boliviano. No obstante, luego viene la clausura de locales de expendio de bebidas alcohólicas debido a una Ordenanza Municipal. Eso, señores, es forzar a seguir un determinado culto religioso y nada menos que desde instancias de un Estado que según indica la Constitución es independiente de la religión.

Por supuesto que las autoridades tienen el derecho de ejercer la convicción religiosa que les plazca. Lo mismo, los ciudadanos.

En las fiestas de Semana Santa, el que quiera y crea que no coma carne, que no beba alcohol; el que lo desee, puede meditar, rezar o flagelarse. Es su derecho. Pero también es derecho de otros no profesar tales credos y por lo tanto no realizar estas prácticas. ¿O será que cuando la autoridad de turno sea evangélica, judía o musulmana, por ejemplo, se nos obligará en fechas específicas a efectuar ritos de acuerdo a sus creencias mediante “estados de excepción”?

Entiendo el argumento de que una mayoría de los bolivianos son católicos o cristianos. Habrá que corroborarlo en el próximo censo. Sin embargo, una de las particularidades más importantes de la democracia es respetar las diferencias de las minorías, incluyendo las religiosas.

De ello estamos muy lejos porque aparentemente prima cierto fundamentalismo religioso expresado, incluso, en los medios de comunicación ¿Qué fue lo que se comentó en las primeras planas de los diarios y en los titulares de los noticieros los días de Semana Santa? La “ausencia” de autoridades estatales en las misas, como si aquello fuera una falta muy grave. Los canales televisivos inundaron con reflexiones pechoñas y redundante cobertura a los ritos de esta festividad, mientras nos enterábamos del intrincado y atroz asesinato de un periodista.

¿Se quiere fomentar la fe? ¿Se busca sensibilizar para engrosar las filas de los creyentes católicos? Pues están en su derecho, solamente que sería mejor argumentar y convencer antes que imponer.
 
La autora es librepensadora

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