Un ataque al laicismo y a la libertad de conciencia en Colombia donde ahora se pretende dar protagonismo político a las confesiones religiosas a la hora de determinar las políticas gubernamentales.
Después de diez años de búsqueda de un mayor reconocimiento ante el Estado, diferentes organizaciones religiosas tendrán más garantías de participación en temas de incidencia social.
Este martes en el Ministerio del Interior se realizó el lanzamiento de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, que reconocerá a los líderes religiosos del país como actores sociales claves en la reconstrucción del tejido social. Esta es la primera política pública sobre libertad religiosa del Estado, en la que se adquiere un compromiso a generar un fortalecimiento de las garantías para quienes practican una religión.
“La Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos es una realidad. Esta es una respuesta del Gobierno Nacional a la necesidad que han manifestado desde hace más de diez años, líderes religiosos en el país, de ser reconocidos como actores sociales claves en el aporte al bien común y en los planes territoriales de desarrollo. Con la implementación de la política pública de libertad religiosa, el Estado continúa brindando garantías para profesar y practicar de manera libre su confesión religiosa”, dijo Lorena Ríos, coordinadora de Asuntos Religiosos de la cartera.
Este proyecto nace en 2015 luego de que se incluyera por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo de 2014-2018 la libertad religiosa y de cultos como política pública. En 2017, bajo la resolución 0889 del 9 de junio de este año en el Ministerio de Interior se estableció la creación de una política integral que garantizara el ejercicio de las prácticas religiosas y de cultos, la diversidad de creencias, la equidad de las organizaciones del sector religioso frente a la ley, y la inmunidad de coacción, que restringe al Estado de imponerle acciones a los ciudadanos contrarias a sus creencias religiosas.
“Lo que estamos haciendo es un hito que materializó este gobierno y que fue construido con todas las herramientas necesarias para una política pública” señaló el viceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa.
Actualmente en Colombia existen cerca de 6.500 entidades religiosas en registro público del Estado y más del 90 % de las personas profesan una creencia religiosa. Aunque la libertad religiosa es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, no todos los grupos se sienten reconocidos de la misma manera ante el Estado. Por eso, uno de los enfoques de la naciente política pública es el territorial, que busca la resolución de problemáticas en este sentido y reconocer los aportes que tienen las comunidades religiosas al territorio nacional.
Finalmente, en lo que respecta a la participación ciudadana, la política de libertad religiosa buscará la promoción del sector religioso “con el fin de resolver las problemáticas que limitan la participación del sector religioso”, señala el decreto mencionado. Mediante esta política pública se busca promover la participación ciudadana en la construcción social, política, económica y cultural del país.
“El segundo eje involucra la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones en la construcción de paz y reconciliación. No es solo el silencio de los fusiles, la reconciliación requiere pasos más audaces de la sociedad colombiana”, señaló el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera.
