La manifestación del pasado sábado y la Plataforma 27.1 utilizan como bandera la libertad de enseñanza. Pero, ¿qué piden realmente los empresarios católicos de la enseñanza? Lisa y llanamente que todos sus centros, desde los 2 a los 18 años sean sufragados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y lo que sobre, para el mantenimiento de la red pública, y si es insuficiente para evitar su deterioro, pues mejor, así se fomenta la sana competencia y crece la demanda social de sus centros. ¿ Y el resto de los padres que eligen otro ideario que no sea el católico? Que lo sigan pagando de su bolsillo como hasta ahora.
La renovación de los conciertos es un episodio de esa reivindicación global que carece de apoyo legal, no es viable económicamente y pedagógica y socialmente es retrógrada.
El reconocimiento de la libertad de enseñanza como el de otros derechos y libertades no supone que su ejercicio se costee con dinero público. En ninguno de los diez epígrafes del artículo 27 de la Constitución se reconoce la obligación de las administraciones públicas de pagar las variadas elecciones de los padres en el ejercicio de su libertad de enseñanza. Tampoco la normativa vigente –la Lode, de 1985– que excluía al Bachillerato de los conciertos, ni la Lomce de 2016, que la ha sustituido y que exige necesidades de escolarización y cobertura presupuestaria para concertar los bachilleratos, sirven de fundamento legal a esta reivindicación.
No es viable económicamente que un país pueda mantener una potente red pública de calidad para alumnado de todas las condiciones sociales y todas las ideologías y financiar al mismo tiempo centros de ideario para las clases sociales más acomodadas, y menos si ese país tiene una presión fiscal seis puntos por debajo de la media europea, y un impuesto de sociedades que apenas recauda el 10 % de los beneficios empresariales. Por último, clasificar y educar a los alumnos por su ideario y su condición social no parece que los prepare para adaptarse al trabajo y a la vida, que es el objetivo de la educación en una sociedad organizada mayoritariamente sobre otros pilares que el ideario y la clase social.
Y si no hay ni base legal, ni viabilidad económica, ni soporte sociopedagógico, ¿por qué se sigue manteniendo esa reivindicación de conciertos católicos en Bachillerato para todos los que lo pidan? En los últimos años de la anterior administración del Partido Popular se arrinconaron, para extender los conciertos de ideario católico, la Constitución, la normativa legal, la dotación económica para la enseñanza pública y se generalizaron los conciertos en bachillerato, además de trasferencias irregulares a los empresarios católicos en dinero y en especies, que están siendo objeto de investigación penal. Los malos hábitos son difíciles de extirpar.
De aquellos polvos vienen estos lodos.
