Con el establecimiento del Estado Laico a inicios del siglo XX, se amplió el ejercicio de la libertad de expresión. Con la "libertad de conciencia", se suprimió la censura eclesiástica, los periódicos podían circular libremente y sus redactores ya no eran responsables de su contenido ante los obispos, sino ante la opinión pública. Las condiciones para publicar periódicos eran mínimas, fundamentalmente establecer una persona o empresa responsables, cuyo nombre debía ir impreso. En la práctica no había control legal para evitar o sancionar informaciones incorrectas, falsas acusaciones o injurias. A veces, el Gobierno mandaba gente a que irrumpiera en las imprentas, las empastelara y golpeara a los periodistas. Pero esto cada vez se volvió más excepcional.
A lo largo del siglo XX, una de las preocupaciones de los periódicos fue la defensa de la libertad de expresión y del laicismo. La Constitución de 1929 amplió significativamente las garantías. Estableció: "La libertad de opinión, de palabra, por escrito, por la prensa", añadiendo "por medio de dibujos o de cualquier otra manera". También mantuvo la responsabilidad legal para la injuria, la calumnia y las manifestaciones notoriamente inmorales. Luego del gobierno de Carlos Arroyo del Río, que fue abusivo y arbitrario, la Constituyente de 1945 garantizó "la libertad de opinión, cualesquiera que fueren los medios de expresarla y difundirla. La injuria, la calumnia y toda manifestación inmoral están sujetas a las responsabilidades de ley". Y añadía: "La ley regulará el ejercicio del periodismo, tomando en cuenta que este tiene por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y constituye un servicio social acreedor al respeto y apoyo al Estado. Establecerá también los medios de hacer efectivas las responsabilidades en que incurrieron los periodistas. Ninguna autoridad podrá suspender o clausurar periódicos ni, por delitos de prensa, secuestrar imprentas o incautar publicaciones. Tampoco se perseguirá o encarcelará, bajo pretexto de tales delitos, a los redactores, colaboradores, expendedores, voceadores y demás trabajadores de la prensa, a menos que se demuestre la responsabilidad de ellos en forma legal".
La Constitución de 1946, en un texto más corto, garantizó la libre expresión, limitando sus abusos y excesos. Por primera vez declaró que el periodismo tiene como objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y constituye un servicio social. Desde los años cuarenta, aunque hubo tensiones, solo muy excepcionalmente hubo ataques contra los periódicos. Los gobiernos controlaban poco o nada a la prensa. Su vocabulario se fue moderando. Hubo sonados "juicios de imprenta", pero solo fueron parte del escándalo, porque casi nunca terminaban. Sin embargo, se había avanzado en la libre expresión.
