Ley de Libertad Religiosa

Ley de La Libertad Religiosa. (Ver. Legislación. Comunitarismo. Ley de la Libertad de Conciencia)

La Ley Orgánica de la Libertad Religiosa de 1980 es junto con los Acuerdos de 1979 el núcleo duro del marco de relación legal del Estado Español con la Iglesia católica y secundariamente con algunas otras religiones. Mantiene casi todos los privilegios concedidos por Régimen Franquista; y excluye de su protección a todas las demás convicciones no religiosas, generando más discriminación.

Esta ley es un artificio innecesario en la legislación española. Una correcta Ley de Libertad de Conciencia incluiría la defensa en igualdad de las convicciones de todos los ciudadanos, entre ellos los religiosos, la libertad de Pensamiento y la de Expresión, y como tal la de sus Cultos.

La Ley introduce en su articulado falacias como la de considerar la libertad religiosa como un derecho fundamental, y eliminar reducir todas las expresiones de “convicciones, creencias y conciencia” que aparecen e todas las declaraciones internacionales, sustituyéndolas exclusivamente por “las religiosas”. De esta forma consigue protección privilegiada para las religiones, principalmente para la Iglesia Católica, y discrimina cualquier otra forma de pensamiento y de convicciones.

Además introduce expresiones, “derecho a la enseñanza de la religión dentro y fuera del ámbito escolar” que no son constitucionales, tratando de asentar la materia religión dentro de la escuela.

En esta sociedad más plural y con más conocedores de los derechos, con estas leyes, cada vez hay más exigencias y demandas basadas en requisitos religiosos, culturales o tradicionales, todos ellos bajo la capa de mandatos religiosos. Y cada vez hay más "religiones", a miles, todas verdaderas que reclaman, o reclamaran sus peculiaridades religiosas como derechos, imposibles de cumplir.

Mientras, el pensamiento libre, humanistas… no tienen ninguna protección en igualdad.

El laicismo reclama la derogación de la Ley de la Libertad religiosa de 1980 y la proclamación de una auténtica Ley de Libertad de Conciencia, que proteja por igual todas las identidades personales de cada ciudadano.

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