Los jueces advierten a la Iglesia de que está obligada a cumplir la ley del matrimonio homosexual
Las principales asociaciones de jueces se han mostrado de acuerdo en que los magistrados no podrán acogerse a la objeción de conciencia para negarse a celebrar matrimonios homosexuales, tal y como ha pedido la Iglesia católica a sus fieles. Todas ellas coinciden en que hay que aplicar la ley, le guste a uno o no. Jueces para la Democracia (JpD) cree que ningún juez dejará de celebrar matrimonios homosexuales y que con su llamamiento a objetar, la Conferencia Episcopal insta "a cometer un delito, el de discriminación por no dar una prestación por un prejuicio que en este caso tiene que ver con la orientación sexual".
Así lo manifestó el portavoz de JdP, Edmundo Rodríguez, que hizo hincapié en la su función es "tutelar los derechos de las personas". La Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado el viernes en el que volvió a expresar su rechazo a la norma aprobada por el Congreso y la calificaba de "auténtica subversión de los principios básicos del orden social".
"Estamos seguros de que los jueces no tienen derecho a objetar el cumplimiento de la ley sino que tienen la obligación constitucional de cumplirla y hacerla cumplir", añadió Rodríguez.
En la misma línea se expresó el portavoz de la Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela. Según dijo,
"no es viable alegar objeción de conciencia" porque los magistrados tienen "la obligación de aplicar las leyes que emanan del Parlamento". Según sus declaraciones, "negarse supondría incurrir en responsabilidad criminal, concretamente en un delito de prevaricación". Torres Vela considera que "no es viable para los jueces y magistrados la postura que mantiene la Conferencia Episcopal". "Exprimiendo el ordenamiento jurídico -añadió- algún juez podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero creo que no es factible".
Esta es también la opinión que mantiene la Asociación Profesional de la Magistratura. Aunque su portavoz, José Manuel Suárez Robledano, también señaló que "los jueces tienen la obligación inexcusable de aplicar las leyes" recordó que pueden plantear un recurso al Constitucional.
Según dijo, "la única posibilidad de no aplicar esta Ley" sería que un juez la considere contraria a la Carta Magna y plantee al Tribunal Constitucional la cuestión, lo que "paralizaría el expediente hasta que ese tribunal decida y lo que acuerde es lo que hay que aplicar".
En cualquier caso, añadió que los jueces tienen la obligación de cumplir la ley y que si no lo hace "habría responsabilidad disciplinaria".
