León aplaude que la Religión no puntúe pero exige a Celaá diálogo e inversión

La comunidad educativa leonesa aplaude con timidez el proyecto de ley presentado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, con el que el Gobierno quiere «revertir los recortes educativos». Sin embargo, aunque ven con buenos ojos algunos avances como el planteamiento de eliminar «las cuestiones más conflictivas de la Lomce», entre ellas que la asignatura de Religión puntúe en la nota final del alumno, critican duramente que el ministerio no avance una mayor financiación para la educación y el hecho de que se haya planteado una negociación «ficticia» que ha aparcado el tan ansiado pacto de Estado.

Además de la derogación de la Lomce y que la Religión no sea una asignatura computable, la propuesta de Celaá incluye un único título al fina de la Lomce, un Bachillerato más flexible —que se pueda superar con algún suspenso—, la inclusión de la asignatura de Valores cívicos y éticos, mayor participación de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar o una reorganización de las distribución de las competencias en relación al porcentaje de desarrollo de los contenidos por las diferentes comunidades autónomas.

El presidente de la federación que aglutina a las ampas de la provincia, Arsenio Martínez, considera «positivo que se haya iniciado el proceso de cambio», pero insiste en que «es necesario retomar en serio el pacto educativo». «La ley debería incluir una memoria económica que como mínimo incorpore la recuperación de la inversión previa a los recortes, llegar al 5% del PIB. Sin financiación, ninguna ley podrá abordar los verdaderos problemas del sistema educativo español», precisa José Antonio Alegre de CC OO. Desde Aspes, Ricardo de Dios concreta que la ley debería ser «consensuada, los políticos no deberían hacer solos las leyes sin escuchar a los docentes», a lo que añade: «Es triste que una cosa tan importante como la educación no sea capaz de unificar posturas políticas».

José María Llamazares, de CGT, ve positivo el gesto del PSOE con la asignatura de Religión, pero señala que «en pleno siglo XXI seguimos contando fábulas a los niños cuando deberíamos apostar por una educación crítica». El hecho de que la Religión deje de ser computable es uno de los hechos que valora la mayoría, aunque exigen que debería estar fuera del currículo «al tratarse de una cuestión personal». Desde Csif, Javier Ampudia va más allá y valora el hecho de que este cambio vaya acompañado de que la asignatura de Valores Cívicos y Éticos haya dejado de ser una alternativa a la Religión y convertirse «en una asignatura para todo el alumnado».

«Es importante que se establezca un calendario de negociaciones y que participen los agentes sociales», indica desde UGT Miguel Ángel Sánchez, que destaca que se da «un valor social a la educación y a la participación de la comunidad educativa»

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