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Las víctimas de abusos apoyan la propuesta del PSOE para que el Defensor del Pueblo investigue la pederastia en la Iglesia

“La figura del Defensor da neutralidad y prestigio a una investigación que no debe mancharse con broncas entre partidos”, señala el escritor Ernesto Pérez Zúñiga, víctima de los maristas de Granada en los años ochenta.

Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia tienen una nueva fuente de esperanza: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impulsará una investigación de la pederastia en el clero español encabezada por el Defensor del Pueblo. La iniciativa plantea que el Defensor tenga el respaldo de una “comisión independiente de asesoramiento”, que estará integrada por expertos, representantes de administraciones públicas, de asociaciones de víctimas y de la propia Iglesia. Las víctimas y las asociaciones de apoyo han acogido con esperanza la propuesta del PSOE, pero advierten contra la politización del proceso y algunas recelan de la participación de la Iglesia en la comisión. “Una figura como la del Defensor da neutralidad y prestigio a una investigación que no debe mancharse con broncas entre partidos,” señala el escritor Ernesto Pérez Zúñiga, víctima de los maristas de Granada en los años ochenta.

Para muchas de las víctimas, la figura del Defensor del Pueblo es la opción idónea para dirigir la investigación. Leonor García, que sufrió abusos sexuales con ocho años en un sanatorio de tuberculosis en Bilbao, apunta: “El talante dialogante y la capacidad de escucha del Defensor puede convertirle en la figura necesaria para enlazar puentes de diálogo y comunicación entre las víctimas, la Iglesia y la sociedad cívica”. A Javier Álvarez-Blázquez, víctima de abusos a manos de los maristas de Vigo, le parece “muy acertada” la propuesta de Sánchez. “Esta medida garantiza un trabajo imparcial sobre la cuestión”, señala.

Ana Cristina Cuevas, de la Asociación Infancia Robada, asegura que la organización “confía mucho” en la propuesta del PSOE, la cual se presentará en el Congreso esta semana. “Creemos que es un modelo muy conveniente, que además a nuestro juicio reúne los condicionantes de eficacia y eficiencia. Esperamos que a partir de ahora el Defensor del Pueblo haga un excelente trabajo reuniendo a víctimas, poniendo especial hincapié en sus voces”, señala Cuevas. La portavoz de la organización añade que Infancia Robada “se pone a la entera disposición del Gobierno de España y la Defensoría del Pueblo para poder aportar todo lo que haga falta para que esto ruede”.

El PSOE apostará por sacar adelante su propuesta y no se sumará a la iniciativa de la comisión de investigación en el Congreso, presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu y admitida a trámite el pasado martes. Sin el apoyo del PSOE, esta segunda opción no tendrá ninguna posibilidad de salir adelante. Preguntada por EL PAÍS, una portavoz de Unidas Podemos no ha querido valorar todavía la iniciativa del PSOE. “Vamos a esperar a estudiar la propuesta”, ha dicho. Mertxe Aizpurua, portavoz en el Congreso de EH Bildu, otro de los grupos promotores de la comisión de investigación parlamentaria, se ha mostrado abierta a apoyar la propuesta de Sánchez: “Nos alegra que nuestra iniciativa para investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia haya logrado mover a instituciones que hasta ahora se habían mostrado inmóviles ante este escándalo”, ha escrito en un tuit. “Creemos que todas las iniciativas anunciadas al respecto son bienvenidas y perfectamente compatibles”.

La posición del PP consiste en reclamar que los abusos sexuales en la Iglesia no sean tratados específicamente, sino englobados con el resto de abusos a menores que se producen en España. El presidente del partido, Pablo Casado, se ha referido a ello este domingo en un mitin en Palencia. Casado ha pedido que se investiguen “por igual” los abusos en la Iglesia y los que afectaron a menores tuteladas de la Comunidad Valenciana y Baleares, autonomías ambas gobernadas por la izquierda. No ha mencionado a Madrid, donde gobierna el PP y donde también han aflorado casos similares. “Por degenerar, hasta contamina [Pedro Sánchez] a la Iglesia cuando se reúne con ella. Les echa a la cara lo de las inmatriculaciones y ahora se niega a que se investigue por igual cualquier hecho escandaloso, terrible, se cometa en la Iglesia, en la Generalitat valenciana o en la comunidad autónoma de Baleares”, ha criticado Casado en Palencia.

La proposición de Sánchez llega en medio de un gran escándalo al que se enfrenta la Iglesia española, después de que EL PAÍS entregase el pasado diciembre al papa Francisco y a la Conferencia Episcopal Española (CEE) un informe con 251 casos inéditos de abusos sexuales, cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares, desde los años cuarenta hasta la actualidad. La investigación periodística se inició en octubre de 2018, y la contabilidad de EL PAÍS es la única existente en España, ante la ausencia de datos oficiales o de las instituciones eclesiásticas. Suma ya más de 1.240 víctimas en más de 600 casos.

La Iglesia española, por su parte, se ha desentendido del proceso de investigación. De hecho, el portavoz y secretario general de la CEE, Luis Argüello, subrayó en una entrevista la semana pasada que la Iglesia española no pondrá en marcha una comisión independiente de expertos como sí han hecho los obispos franceses, aunque ha reconocido que, de crearse en España, arrojaría resultados similares. Ante esta inacción por parte de los obispos españoles, el hecho de que se quiera incluir en la comisión a representantes de la Iglesia ha generado debate entre los afectados.

La Oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Ángel Gabilondo, ha asegurado que “actuará, en su momento, en consecuencia” si se aprueba la iniciativa registrada por el PSOE. “Corresponde al Congreso de los Diputados resolver sobre la proposición no de ley que se ha conocido hoy. Es el momento del debate parlamentario. La institución del Defensor del Pueblo analizará la resolución que se adopte al respecto y como Alto Comisionado de las Cortes Generales actuará, en su momento, en consecuencia”, han señalado a Europa Press fuentes de la institución.

“Ahora toca sanar”

Alejandro Palomas, el escritor que denunció los abusos sufridos por parte de un hermano de La Salle en 1975 y a quien Sánchez recibió en La Moncloa el pasado jueves, opina: “Es perfecto que se invite a la Iglesia a unirse a la comisión. La Iglesia debería estar y reconocer con su presencia que es la culpable primera de la realidad que ahora toca sanar”. Este mismo domingo, en Twitter, el presidente Sánchez se refería a Palomas para agradecer que, como tantos otros, decidiera alzar la voz. “Las víctimas no pueden seguir silenciadas. Es hora de reparar vuestro dolor y evitar que vuelva a suceder. Con el compromiso de que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia no queden impunes. Gracias, Alejandro Palomas, por tu voz, una de las muchas que han abierto camino”, ha escrito el presidente.

Jesús Zudaire, de la Asociación de Víctimas de Abusos, asegura que valoran la propuesta del Gobierno, pero no oculta cierta cautela. “Después de haberse reunido el presidente Sánchez con la CEE, para ‘reforzar lazos con la Iglesia’, y pedir ahora que entre un miembro de la propia Iglesia, somos un poco escépticos con la independencia de la comisión”, explica.

Por su parte, Miguel Ángel Hurtado, la víctima que destapó los abusos en el monasterio de Montserrat (Barcelona) y portavoz en España de la organización internacional End Clergy Abuse, señala que “los obispos españoles han encubierto de forma generalizada y sistemática los casos de pederastia durante décadas”. Y cuestiona que el Gobierno quiera “darles poder de veto en las conclusiones y recomendaciones”. Hurtado opina que debe ser una Comisión de la Verdad la que investigue este asunto, siguiendo el modelo desarrollado en Australia, y lanzó la semana pasada una petición para ello en Change.org, donde ha reunido más de 66.000 firmas.

Con información de Julio Núñez y Elsa García de Blas.

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