Las relaciones entre la Monarquía y la Iglesia en el Antiguo Régimen en España

Durante la Edad Moderna la firma de concordatos con Roma debe entenderse desde el regalismo seguido por los Austrias pero, sobre todo, por los Borbones. El regalismo era una doctrina jurídica, surgida a fines del siglo XV, en relación con el fortalecimiento de las Monarquías, que propugnaba la superioridad de la Corona sobre la Iglesia en cualquier ámbito menos en el de la doctrina.

Uno de los objetivos de los monarcas regalistas era constituir una Iglesia nacional sometida a su autoridad, aunque sin romper en lo religioso con el Papa, como sí habían hecho los príncipes protestantes. Para ello, necesitaban el patronato regio o derecho de la Corona consistente en la potestad de poder nombrar a las dignidades eclesiásticas.

El antecedente más inmediato en relación con el patronato se dio el siglo XV cuando el papa Martín V reconoció en el Concordato de Constanza (1418) el derecho de Juan II de Castilla a supervisar las elecciones de obispos. Los Reyes Católicos consiguieron el patronato regio para el Reino de Granada y para los nuevos territorios de Ultramar. En 1640 se firmó una Concordia entre el nuncio papal y el Consejo Real, luego ratificada por Felipe IV y Urbano VII, para reformar el poder que la nunciatura tenía en España en un momento de difíciles relaciones entre Madrid y Roma.

El siglo XVIII sería, con la llegada de los Borbones, la época de los concordatos. En 1717 se firmó un acuerdo que ponía fin a las malas relaciones diplomáticas entre Felipe V y el papado a raíz de la Guerra de Sucesión. Por este acuerdo, el nuncio regresaría a la corte madrileña, ya que había sido expulsado en 1709, a cambio de una cuantiosa cantidad sobre rentas eclesiásticas durante un quinquenio. En 1737 se firmó un concordato,  el primero reconocido como tal en España, a la vez que tratado de paz, tras las campañas bélicas promovidas por Felipe V en Italia. Se restablecieron plenamente las relaciones diplomáticas, se limitó el derecho de asilo, excluyendo del mismo a los reos de delitos atroces, se intentó reducir el número de miembros del clero regular en España, además de disminuir algunos privilegios eclesiásticos, se adoptaban soluciones al fraude fiscal del clero y se otorgaba un nuevo subsidio para la hacienda real. Pero no se abordó el espinoso asunto del patronato regio universal, que quedaba aplazado, lo que provocó no poca decepción en España, ya que era asunto prioritario en la Corte.

Esta insatisfacción motivó que Fernando VI se replanteara las relaciones con la Iglesia y desde un acusado regalismo. La Corona promovió un intenso estudio en los archivos buscando referencias de los derechos reales sobre las dignidades eclesiásticas. Pero no sólo preocupaba el patronato regio, también se quería limitar el dinero que salía de España hacia Roma. Las negociaciones fueron complejas, largas y llevadas en secreto. Los dos grandes protagonistas de las negociaciones fueron el papa Benedicto XIV, docto canonista y en Madrid, Manuel Ventura Figueroa, hábil negociador y conocedor de los entresijos de la Curia. Finalmente, el Concordato se firmó en febrero de 1753, constando de 23 capítulos. En este concordato se concedía el patronato regio universal sobre toda la Iglesia española. A cambio de esta concesión, la Monarquía otorgó unos beneficios económicos a la Iglesia y al propio pontífice. La aplicación práctica fue lenta pero terminó imponiéndose. El Concordato de 1753 estuvo en vigor hasta el Concordato que se firmó en 1851, ya en la época liberal, en un contexto muy distinto.

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