Las plataformas de la Mezquita y del Patrimonio Navarro piden a Justicia que frene la «amnistía registral» de la Iglesia

Las plataformas 'Mezquita-Catedral: patrimonio de tod@s' (de Córdoba) y de la Defensa del Patrimonio Navarro han reclamado este lunes al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, "que rompa la alianza que su antecesor mantenía con la jerarquía católica, cumpla con su deber en defensa del patrimonio público y la legalidad constitucional y retire de manera inmediata la amnistía registral que se esconde tras el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria".

En un comunicado conjunto, ambas plataformas reclaman a Catalá que reconozca "de manera expresa la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y, en consecuencia, su derogación desde la entrada en vigor de la Constitución Española".

Igualmente, ambas plataformas demandan a los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y de los parlamentos autonómicos "que actúen por las vías jurídicas oportunas para impugnar este enorme expolio cultural sin precedentes en un país democrático, cuya inconstitucionalidad han reconocido el Pleno del Parlamento de Andalucía y la mesa de portavoces del Parlamento de Navarra".

Con tal fin, dichas plataformas esperan que los grupos parlamentarios eleven "un recurso directo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que declare nulas de pleno derecho todas las inmatriculaciones ejecutadas por la Iglesia Católica al amparo de normas fraudulentas y franquistas, que le permiten actuar como administración pública y a sus diocesanos autocertificarse como si fueran fedatarios públicos".

También quieren que desde el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos se impugnen "cada una de las miles de apropiaciones practicadas, con la petición a los jueces ordinarios para que eleven cuestiones de inconstitucionalidad, lo que obligaría a un pronunciamiento individualizado, incierto y sumamente arduo, contrario al principio de seguridad jurídica, al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, y que para nada garantiza el futuro de nuestro patrimonio histórico".

En cuanto a la negativa de la Mesa de Portavoces del Parlamento andaluz a presentar un recurso de inconstitucionalidad en base a razones jurídicas, las plataformas han señalado que "se trata de un acuerdo político y existen argumentos jurídicos solventes que sostienen que es viable, necesario y urgente elevar el recurso directo y, en todo caso, es al Tribunal Constitucional al que correspondería considerar o no su admisión".

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