Informes periodísticos desvelan solo la punta del iceberg de los abusos: medio millar de víctimas en España, mientras la oficina que se encarga de estos temas se encuentra “desbordada” por la cantidad de denuncias.
Los religiosos españoles apuestan por las indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia, mientras que la Conferencia Episcopal, máximo órgano de control de los obispos de nuestro país, cierra el paso a cualquier posibilidad de ayudas económicas a los supervivientes de la pederastia, y se niega a establecer una investigación interna que desvele, a nivel diocesano o global, el número de personas abusadas por clérigos o religiosos, como sí ha hecho, por ejemplo, la Compañía de Jesús. Una decisión que contrasta con la política de transparencia de las iglesias del entorno europeo (Alemania, Irlanda, Francia, Polonia…), y que impide que la sociedad sepa el alcance real del drama de la pederastia clerical. Hasta ahora, y gracias en su mayor parte a investigaciones periodísticas, conocemos sólo la punta del iceberg: medio millar de menores abusados en la Iglesia española en los últimos 90 años, una cifra que todos los expertos coinciden calificar como irreal.
Por el momento, desmarcándose de la tesis de los obispos, la Conferencia Española de Religiosos sostiene que “si llega a ser necesario dar indemnizaciones porque así lo pide el desarrollo de la causa, que se haga. Hay que ayudar a las víctimas, no solo por el hecho de darles un dinero”. Así lo asume el secretario general de Confer, Jesús Miguel Zamora, quien confirma que las congregaciones ya están planteando dichas indemnizaciones, que se darán caso por caso y siempre siguiendo los deseos de las víctimas.
“Desde CONFER siempre hemos dicho que la verdad resplandezca y lo que tenemos que hacer es atender a las víctimas. No tiene sentido ocultar ninguna cosa, por desgracia, tenemos que hacernos conscientes de que ha habido situaciones que no han sido nada fraternas y hay que pedir un perdón grande por lo que se ha hecho mal, e ir poniendo medios para que la verdad se conozca, ir haciendo ese estudio en cada congregación”, sostiene en declaraciones a Ep Zamora, en referencia a la reciente publicación, por parte de la Compañía de Jesús, de un informe que recoge todos los casos recabados entre los jesuitas españoles desde 1927, y que constataba la existencia de 81 casos de abusos a menores por parte de 65 religiosos.
La investigación de los jesuitas es doblemente relevante, por tratarse de la mayor congregación religiosa del mundo (y de España), y por no esconderse en subterfugios a la hora de admitir la necesidad de acompañar, incluso económicamente, a los supervivientes. “Queremos aprender a pedir perdón a las víctimas y la sociedad, por los abusos, por la cultura del silencio, por no afrontar directa y limpiamente los hechos. Queremos tener presente a las personas que sufren esta herida y tratar de no redoblar su dolor”, subrayaba el provincial de los jesuitas, Antonio España.
Un “sistema de reparación”
“En ningún caso entendemos que una compensación borre el sufrimiento, pero sí queremos dar una respuesta allá donde sea posible”, sostiene el responsable de Comunicación de la Compañía, José María Rodríguez Olaizola. La Compañía de Jesús ha decidido tratar las reparaciones caso a caso y su objetivo es “la compensación moral y la ayuda a la sanación y tratamiento en los casos en que sea necesario”.
“Estamos trabajando en cómo establecer un sistema de reparación, que esperamos tener listo próximamente, para ofrecer una compensación económica. Hay personas cuyos casos han prescrito y no pueden acudir a la justicia civil, y en ese caso estudiaremos caso por caso cómo hacerlo, con un abanico de opciones que se ajuste a las indemnizaciones de la justicia civil”, añade. En siete casos, los jesuitas ya han aportado “ayudas económicas” a las víctimas, que varían entre indemnizaciones por daños y los gastos de las terapias psicológicas o clínicas derivadas del dolor causado.
El de los jesuitas es el último, pero no el único caso. Y es que, a diferencia de lo que sucede en la Conferencia Episcopal, donde sigue sin haber una comisión antiabusos específica, que funcione regularmente, y no se plantea una investigación en profundidad, ni a nivel diocesano ni en el global de las 70 diócesis españolas, muchas congregaciones han apostado por la transparencia en los datos, y la apertura a las indemnizaciones. Una vez más, la vida religiosa sigue dando ejemplo a los obispos de cómo actuar ante los escándalos.
“Estamos desbordados”
Distintas investigaciones, como la llevada a cabo por El País(y que recoge muchos de los casos recabados, a lo largo de los años, por otros medios y periodistas, los mayores ‘descubridores’ de la pederastia clerical en España), elevan a más de medio millar los casos de abusos conocidos en la Iglesia española.
Las cifras, periodísticas y no oficiales en su mayoría, son “una pequeñísima muestra de lo que realmente ha debido suceder en España en los últimos ochenta años”, desde el comienzo de la dictadura, constata, en privado, un funcionario vaticano que trabaja en la Oficina que la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene para abordar estos procesos, y que se encuentra “absolutamente desbordada” por la llegada de casos y la falta de personal dedicado a ello. Dos años después de la ‘Cumbre Antipederastia’ convocada por el Papa Francisco, los cambios, en la práctica, parecen más cosméticos que reales. Aunque sí es cierto que todas las diócesis españolas (como señala en su página web la CEE) ya cuentan con oficinas de atención y protocolos para denunciar que, en muy pocos casos, resultan útiles, constatan desde la Asociación Infancia Robada.
Junto a los jesuitas, el otro gran movimiento que hizo una profunda investigación fueron los Legionarios de Cristo, que admitieron centenares de abusos en todo el mundo –muchos de ellos a cargo de su fundador, el depredador Marcial Maciel– y han indemnizado a varios de los supervivientes. En España, los salesianos reconocen 28 casos, por 15 los escolapios, 9 los claretianos o dos los marianistas. Los maristas, que tienen en marcha una investigación, fueron los primeros en indemnizar a las víctimas de los abusos en el colegio de Sants, en Barcelona. Marianistas, salesianos, escolapios, claretianos o corazonistas han incluido en sus protocolos la indemnización a las víctimas. El Opus Dei, por su parte, continúa con su estrategia de silencio, incluso cuando se dan abusos confirmados por el Tribunal Supremo, como el caso del colegio Gaztelueta.
