Las Juntas piden un estudio sobre el impacto de las exenciones fiscales de la Iglesia

PSE, Aralar y Bildu denuncian los privilegios tributarios de la institución, PNV y PP se muestran en contra de la medida porque es «una falta de respeto»

Las Juntas Generales de Gipuzkoa ayer aprobaron una propuesta de resolución, transaccionada por PSE, Aralar y Bildu a partir de una iniciativa del grupo socialista, a través de la cual instan a la Diputación guipuzcoana a elaborar un estudio detallado que informe del impacto económico en el territorio histórico de los beneficios y exenciones fiscales de las distintas confesiones religiosas, en particular de la Iglesia católica.

La iniciativa, debatida en la comisión de Hacienda y Finanzas del Parlamento guipuzcoano celebrada ayer, y que contó con el voto en contra del PP y PNV, propone que el citado estudio tenga en cuenta todas las normas aplicables, incluidas la legislación presupuestaria y fiscal, e incluya, además, un análisis específico de los beneficios y exenciones correspondientes a la Iglesia católica habida cuenta de la aplicación del Concordato con la Santa Sede de 1979.

La juntera de Bildu Judit García recordó que uno de los objetivos del Gobierno foral de Bildu en esta legislatura es "ir reformando el actual modelo fiscal, cuya mayor presión ha recaído en la clase trabajadora". "Desde un punto de vista de izquierdas hay que hacer el sistema más justo para que recaiga encima de los que más tienen", indicó.

Además, recordó que la Iglesia católica "ha obtenido patrimonio de una forma reprobable y además no paga por él", a lo que añadió que los partidos que han dirigido el Gobierno central en los últimos 30 años no han cambiado esta situación "de privilegio".

"falta de respeto" El juntero jeltzale Iñaki Egibar criticó que se "olvida muy fácilmente que la Iglesia no especula, que no tiene ánimo de lucro", así como lo que "cuesta el mantenimiento del patrimonio". En este contexto, censuró que se hable de la Iglesia católica "como una entidad privada" sin tener en cuenta "el servicio" que realiza. Asimismo, consideró una "falta de respeto absoluto" que se hable de la "posición privilegiada" de la Iglesia católica.

La portavoz del PSE en el Parlamento guipuzcoano, Rafaela Romero, destacó que en el Estado la media anual de contribución al mantenimiento de la Iglesia católica, se sea o no creyente, "asciende a 200 euros por habitante". Además, opinó que la Iglesia católica vive "en un paraíso fiscal" y es "incalculable" el número de pisos alquilados a terceros y el "ingente" patrimonio por el cual no tributa.

En este sentido, reclamó la elaboración de un censo de inmuebles de la Iglesia, así como de otras confesiones religiosas, de manera que se pueda conocer si pagan impuestos por ellos y se tengan en cuenta "la multitud de acuerdos que permiten las exenciones y beneficios fiscales".

"Una vez conocido ese informe del impacto económico" de las mismas en Gipuzkoa, a juicio de Romero, habrá que analizar "si deben seguir los privilegios fiscales de la Iglesia o que pague como todo hijo de vecino". Además, reivindicó que los "nuevos tiempos para la política" también deben ir acompañados de "nuevas posiciones ante políticas de privilegios y exenciones que jamás van a poder volver a estar justificadas".

La portavoz de Aralar en las Juntas, Rebeka Ubera, criticó la "situación anormal" que se da por el "trato" que recibe la Iglesia católica de la Administración. "La Iglesia tiene un estatus privilegiado que sería inadmisible en un Estado laico", añadió.

Es por ello que reconoció que, "aunque andamos tarde se deben adoptar medidas", de manera que la ciudadanía de Gipuzkoa pueda "conocer con exactitud las consecuencias de ese trato privilegiado de la Iglesia católica con exenciones y beneficios fiscales que paga de sus bolsillos".

Juan Carlos Cano, portavoz juntero del PP, opinó que "el PSE cada vez que se va a la oposición en el Gobierno de España se acuerda de que hay que meterse con la Iglesia" y se preguntó qué han hecho los socialistas en los últimos ocho años al respecto.

Finalmente, recordó que no solo la Iglesia tiene exenciones y beneficios fiscales de los que también disponen las ONG, Cruz Roja, edificios institucionales, monumentos, universidad pública o líneas de ferrocarril, "una realidad que a lo mejor hay que estudiar integralmente".

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