Inmatricular es inscribir por vez primera un bien inmueble en el Registro de la Propiedad. Pero, sobre todo, ha sido el procedimiento a través del cual la Iglesia católica se ha apropiado de decenas de miles de bienes de valor incalculable.
La reforma de la Ley Hipotecaria (Decreto de 8/2/1946) equipara la Iglesia católica al propio Estado (art. 206) y el artículo 304 del Reglamento de 1947 establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos. Esta normativa franquista convierte a la Iglesia católica en administración pública y a los obispos en notarios. “Inmatriculo este bien porque yo mismo digo que es mío, porque me pertenece desde tiempo inmemorial”. Con eso bastaba; no era necesario acreditar de manera alguna la propiedad de lo inmatriculado.
En coherencia con el artículo 16.3 de la Constitución (ninguna confesión tendrá carácter estatal) y de su disposición derogatoria tercera (Así mismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución) esos privilegios de la Iglesia Católica debieran haberse considerado inconstitucionales, pero ningún Gobierno promovió la inconstitucionalidad del art. 206 de la Ley Hipotecaria.
El Real Decreto 1867/1998 del Gobierno de Aznar suprime el artículo 5.4 del citado Reglamento que prohibía expresamente inmatricular lugares de culto, algo que, pese a ello, la Iglesia católica venía haciendo. Esta norma regulariza las ilegalidades cometidas por la Iglesia y amplia de manera espectacular el ámbito del expolio: catedrales, parroquias, ermitas se privatizarán al amparo de ese Decreto.
La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria excluye a la Iglesia Católica del procedimiento de inmatriculación instaurado en 1946. Esa derogación del art. 206 de la Ley Hipotecaria ha impedido que pudiera ser declarado inconstitucional y, en consecuencia, ha generado una “amnistía registral” de todo lo inmatriculado. Se necesitaban 50 firmas de miembros del Congreso y del Senado para presentar el recurso de inconstitucionalidad que lo pudiese impedir; pero, esas 50 firmas no se encontraron. La presión social, mediática y, sobre todo, una primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obligó al Gobierno de Rajoy a acabar con esta normativa franquista. Esa sentencia califica las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia católica como una “violación continuada y masiva” de los derechos garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos y condena al estado español a pagar una indemnización de 615.000 €.
Este es el marco normativo que ha propiciado la mayor apropiación privada de patrimonio público y todo ello en la más absoluta opacidad. Ese es el motivo por el que durante décadas esta problemática fue desconocida.
La respuesta.
Conocer lo inmatriculado.
Ante la opacidad absoluta que ha rodeado las inmatriculaciones, es tarea fundamental conocer el volumen y el detalle de lo inmatriculado. Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, reconoció la existencia de entre 30.000 y 40.000 inmatriculaciones. Sospechamos, además, que se refería a las realizadas después de 1998. Si entre esas decenas de miles de bienes encontramos la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Seo de Zaragoza,… podremos comprender que se trata ciertamente de un expolio monumental.
A principios de 2007 José Mari Esparza descubre por casualidad la inmatriculación de la parroquia de Santa María en la localidad navarra de Tafalla. Pronto se constata que no se trata de un caso aislado. El 4 de mayo de ese mismo año se constituye la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro (https://www.plataforma-ekimena.org) y se inicia una fuerte campaña de movilización en la que juegan un papel protagonista las administraciones locales. A finales de ese año se celebra la primera asamblea municipalista por la recuperación del patrimonio inmatriculado. En 2008 se consigue la información de los 1.087 bienes inmatriculados en Navarra entre 1998 y 2007. Con esos datos, en 2009 se publica “Escándalo monumental” obra referencial en materia de inmatriculaciones.
Por esas fechas salta a la palestra la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba, que, por la importancia emblemática del monumento, consigue un eco mediático a nivel mundial.
Ya están documentadas más de 2.500 en Navarra (antes de 2008), 2023 en Aragón (1998 a 2015) más de 500 en la Comunidad Autónoma Vasca, más de 600 en Cataluña, 489 en Canarias entre 1998 y 2015,… Numerosos Ayuntamientos han conseguido acceso a las inmatriculaciones realizadas en su ámbito. Pero queda mucho trabajo por hacer, tanto requiriendo a las instituciones las notas simples de todos los bienes inmatriculados, como analizando los datos disponibles. Estos análisis permiten conocer, como decíamos, el volumen y el detalle de lo inmatriculado, pero también difundir en cada pueblo, en cada barrio lo que la Iglesia católica les ha arrebatado, algo que en la mayoría de los casos se desconoce.
Organizarse y coordinarse.
A la “Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro”, la asociación “Mezquita-Catedral Patrimonio de tod@s”, y la “Plataforma en defensa del patrimonio andaluz”, vienen a sumarse “Europa Laica”, “Redes cristianas” y “Comunidades cristianas populares”, lo que, de paso, demuestra que se trata de un tema jurídico y patrimonial, que no atiende a motivaciones religiosas.
La coordinación y colaboración de estas organizaciones y otras que han venido sumándose, da un salto cualitativo a finales de 2016 en Pamplona con la constitución de la “Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la iglesia católica” –RECUPERANDO–, que en noviembre de 2018 celebra en Zaragoza su tercera asamblea en la que participan más de veinte organizaciones. Se siguen constituyendo plataformas abiertas e inclusivas por los distintos territorios, lo que define una de las principales tareas: organización, coordinación y colaboración.
¿Qué hacer?
Hemos venido defendiendo que la recuperación de los bienes inmatriculados es una cuestión de Estado. Ni PP ni PSOE han afrontado este problema en los sucesivos gobiernos. RECUPERANDO sigue insistiendo en que es el Gobierno quien tiene que proteger el patrimonio público. Las organizaciones ciudadanas tenemos nuestro papel, pero es el gobierno quien tiene la responsabilidad.
Recién constituida, la Coordinadora RECUPERANDO presentó en el Congreso de los Diputados dos iniciativas solicitando que
1) Inicie un procedimiento de estudio de la situación generada tras las sentencias del TEDH y lleve a cabo la iniciativa legislativa correspondiente para poner remedio a esta situación.
2) Recabe el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica al amparo del derogado art. 206 de la Ley Hipotecaria.
La primera iniciativa apunta al meollo de la cuestión: ¿Cómo revertir los bienes inmatriculados? Antonio Manuel Rodríguez afirmaba en la II asamblea de RECUPERANDO que este complejo entramado de cuestiones jurídicas jamás podría resolverse de manera individualizada en instancias judiciales. En definitiva, es una cuestión de Estado que precisa una solución global. No se trata, por tanto, de acudir a los tribunales para resolver uno a uno estas docenas de miles de conflictos (aunque, en algunos casos, pueda ser un camino fructífero), sino de promover iniciativas legislativas que definan un nuevo escenario en el que las inmatriculaciones ilegítimas e ilegales pasen a serlo de derecho. Así pues, no hay más solución que deshacer lo malhecho –cancelar de oficio todos los asientos practicados con certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho, retrotraer la titularidad de todos los bienes inmatriculados por Iglesia católica a su anterior situación registral como medida que permita sustanciar la recuperación para el dominio público de aquellos que procedan, o a quienes otros correspondan con título fehaciente– y hacer bien lo que no se hizo: determinar por ley cuáles son los criterios para calificar nuestro patrimonio de dominio público y proceder a su catalogación y registro.
La segunda iniciativa (que el PSOE tramitó como una Proposición no de Ley –PNL–) forma parte de una tarea que reviste una importancia decisiva: conocer el volumen y el detalle de los bienes inmatriculados.
La respuesta del Gobierno de Rajoy fue contradictoria: el 19 de mayo de 2017: afirmaba: “el Ministerio de Justicia no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica”, afirmación que se contradice con el hecho de que en 2008 ese Ministerio había entregado al Parlamento de Navarra las notas simples de 1.087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007. El 19 de octubre del 2017 respondía: “se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria”. El 2 de agosto de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez informaba de que “el Ministerio de Justicia se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que una vez finalizado se proceda a su publicación”. Hay que remarcar la importancia del cambio de postura del Gobierno, más allá del cambio de sus titulares. Pero ya han pasado meses y de ese listado no se sabe nada.
El anuncio de la publicación, que se prometía inmediata, del listado de las inmatriculaciones alcanzó un eco mediático importante. La visita de la Vicepresidenta del Gobierno al Vaticano para tratar, entre otras cosas, la problemática de las inmatriculaciones vino a reforzar ese eco. La Coordinadora RECUPERANDO ha logrado hacerse oír en programas referenciales, en entrevistas, etc. Se han multiplicado las charlas en lugares de toda nuestra geografía: Gijón, Valencia, Getafe, Renteria, Santander, Murcia, Estella,… Esta es otra tarea importante: dar a conocer a la ciudadanía la magnitud de este expolio.
La visita de la Vicepresidenta del Gobierno al Vaticano y los posteriores contactos del Gobierno con la jerarquía han venido a demostrarlo. Pero esa cuestión de Estado requiere transparencia; las negociaciones con la Iglesia han de realizarse con un conocimiento completo de los bienes inmatriculados. Mucho nos tememos que se pretenda corregir los “errores”, aquellas inmatriculaciones más indefendibles, y ocultar el resto. Tanto la Constitución, como las sentencias del TEDH, nos conducen a concluir que las inmatriculaciones –todas– son nulas y la nulidad no es negociable.
Desde hace una década la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro convoca concentraciones ante el palacio episcopal cada fin de año para regalarles carbón hasta que no devuelvan lo robado. Se han realizado en Zaragoza y Pamplona actos de protesta ante los templos inmatriculados que cobran entrada para poder acceder a ellos. RECUPERANDO convocó (febrero de 2018) una movilización en Palencia con motivo del lanzamiento del Año Europeo del Patrimonio Cultural, acto al que asistían el Presidente del Gobierno, el Ministro de Educación y Cultura y el Comisario Europeo de Cultura. Hace unas semanas, la Plataforma de defensa del patrimonio de Sevilla ha organizado una ruta teatralizada para denunciar las inmatriculaciones. No son movilizaciones masivas, pero nos indican el camino a recorrer.
La problemática de las inmatriculaciones se ha abierto paso en el ámbito político, mediático y social, pero no ha conseguido penetrar en los espacios académicos. Es necesario que estos contenidos –en los más variados formatos: tesis, tesinas, trabajos diversos– formen parte de los estudios de derecho, de historia, etc.
Conocer y revertir las decenas de miles de bienes inmatriculados por la Iglesia católica es una tarea ingente que demanda un esfuerzo militante novedoso, pero imprescindible.
Andrés Valentín es miembro de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y de la Ejecutiva de RECUPERANDO.
