Las escuelas católicas irán a Estrasburgo en defensa de los conciertos

COMENTARIO: La actitud de las escuelas confesionales para mantener su privilegio de poder adoctrinar con dinero público (que a eso ellos tienen la desfachatez de llamarle libertad de enseñanza, igualdad ???). Pero es problema que viene de lejos, cuando el PSOE estableció el sistema de conciertos y que el mismo partido afianzó con la LOE incluyendo este tipo de centros dentro del «servicio público educativo», dos errores de los que no se sabe cuando nuestros legisladores nos sacarán para establecer y fortalecer una escuela pública, laica, gratuita sin adoctrinamiento, privilegios o discriminaciones. Y que las órdenes religiosas o cualquier otra opción particular dejen el sistema educativo y a los escolares en paz.


Escuelas Católicas (EC), que agrupa a los centros educativos católicos de toda España, no sale de su asombro por la sentencia del Tribunal Supremo, adelantada ayer por LA RAZÓN, que avala que se quite a los centros concertados las ayudas por aula si no llegan al mínimo de alumnos que se exige tener y hay plazas libres en colegios públicos de la zona. Un criterio que coincide precisamente con los planteamientos de Podemos, Compromís y el PSOE en lo relativo a conciertos y que nunca antes había aplicado en los términos que ahora ha hecho.

Tal es la indignación de Escuelas Católicas (representa a 2.048 centros educativos, a los que pertenecen 1.207.527 alumnos y 100.400 trabajadores) que están dispuestos a acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, si es necesario, para que se garantice el derecho a los conciertos y el de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

«Estamos estudiando las implicaciones jurídicas, pero no compartimos la interpretación que se hace en la sentencia de la libertad de enseñanza ni de la programación de puestos escolares, sobre todo porque el artículo 109 de la ley de Educación vigente alude expresamente a la demanda social como criterio para acreditar que se atienden necesidades de escolarización», explicó Luis Centeno, portavoz jurídico de Escuelas Católicas. «Los padres han elegido una enseñanza con un ideario concreto y no se trata de que la Administración les dé un puesto escolar gratuito, sino que también tiene que hacer posible su derecho a elegir creemos que se están vulnerando derechos fundamentales», añade.

La sentencia del Supremo se refiere al colegio Nuestra Señora del Carmen, de la Palma del Condado (Huelva). En el curso 13/14 tuvo 36 solicitudes para primer curso de Infantil para dos aulas con capacidad para 25 alumnos cada una. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía decidió que, en lugar de dar la ayuda correspondiente a dos aulas (unos 40.000 euros por clase), daría ese curso la ayuda para una, en la que caben 25 niños y, los 11 restantes, los recolocaría en colegios públicos de la zona, donde había vacantes, a pesar de que no era la elección de los padres. La decisión fue recurrida por el colegio y por los padres afectados. A día de hoy el colegio tiene dos sentencias contradictorias encima de la mesa: el Supremo ha respondido al colegio dando la razón a la Junta de Andalucía, pero casualmente hace menos de un mes que recibió otra sentencia del TSJ de Andalucía respondiendo al recurso de los padres en la que el tribunal andaluz da la razón al colegio. Ayer la Hermana Pura, la directora del centro gestionado en Palma del Condado por las Carmelitas de la Caridad, estaba «tranquila», según dijo a este periódico, porque a efectos prácticos el colegio, casi con toda probabilidad, no tendrá que devolver el dinero del concierto. «Ya se prestó en su día el servicio educativo en virtud de una medida cautelar que dictó el TSJA, así que no habrá que devolver el dinero», detalló el abogado del colegio, José María Fernández. Actualmente, este centro es uno de los más demandados de la zona, además de un referente educativo después de haber realizado un enorme esfuerzo en innovación pedagógica y educativa. Si se hubiera retirada el concierto de un aula, como se pretendía, el colegio habría recibido unos 40.000 euros menos y habría supuesto el despido de un profesor y la reducción de una cuarta parte de la jornada de otro.

Si el criterio del Tribunal Supremo se aplicase a rajatabla en toda España, se crearía una situación muy grave para la escuela concertada, ya que pondría en peligro muchos conciertos. Más, si cabe, por la situación demográfica que vive España (en los próximos diez años nacerá un 24,8% menos de niños, según la previsión del INE), alerta Escuelas Católicas.

Sus centros suponen el 14,9% del total del sistema educativo y el 59% de la privada concertada, por eso ayer lamentaban que la situación que se ha creado sea una vuelta a la época de José María Maravall, el que fuera ministro de Educación con Felipe González. «Para él lo importante era la educación pública y la concertada era subsidiaria, sólo para aquellos lugares a lo que no llegaba la pública», lamenta Luis Centeno.

Igualdad de oportunidades

El mayor peligro para la escuela concertada se localiza ahora en tres comunidades autónomas, según Escuelas Católicas: Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana.

En Andalucía, a la misma vez que la Junta de Andalucía recurría el concierto de las Carmelitas de Palma del Condado, lo hacía con otros seis colegios religiosos de la comunidad autónoma sobre los que ahora se están emitiendo sentencias. En la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición Compromís y PSOE, el gobierno autonómico ya ha anunciado que va a acabar con la «barra libre de los conciertos». Pretende eliminar 18 unidades (aulas) concertadas y crear 435 nuevas en colegios públicos. En Asturias, donde gobierna el PSOE con el apoyo de IU, no hay cifras concretas aún, pero la Administración educativa ya ha anunciado que la prioridad es la escuela pública y allí donde haya plazas libres en la pública dejará de haber conciertos.

Para el portavoz jurídico de Escuelas Católicas, «lo que está haciendo la Administración en estas comunidades es obstaculizar un derecho fundamental de tal manera que, con este criterio, aquellos que tienen dinero son los que podrían elegir realmente el centro que quieren para sus hijos y los pobres irán al que quiere la Administración. Esto va en contra de la igualdad de oportunidades».

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